3 de abril de 2013
A la opinión pública mundial, a
las autoridades colombianas, en especial a los Magistrados de la Corte
Constitucional.
Quienes firmamos esta carta, la
dirigimos con profundo respeto y al tiempo con la convicción moral y el derecho
que nos asiste para expresar nuestra solidaridad y señalar la gravedad de una
decisión equivocada en contra de los derechos no sólo de la dirigente política
Piedad Córdoba Ruíz sino de los derechos colectivos del pueblo colombiano a
construir la paz.
Lo hacemos con la alarma causada
por la información de prensa que da cuenta de la posibilidad de que el alto
Tribunal constitucional pueda decidir negativamente la acción de tutela
interpuesta por la ex Senadora Piedad Córdoba contra la decisión injusta e
ilegítima dictada en 2010, hace dos años y medio, por el Procurador General de
Colombia, en la que, desbordando su competencia, determinó sancionarla por 18
años, decretando una muerte política, a quien había sido legítimamente elegida
por una parte importante de mujeres y hombres de Colombia.
La destitución e inhabilitación que le impusieron nos pareció y nos parece un
exabrupto jurídico, ético y político, basado en pruebas manipuladas, como
judicialmente está confirmado, con elementos obtenidos ilegalmente en una
operación militar violatoria de los más elementales principios del derecho
internacional y de los derechos humanos, al vejar la soberanía de un país
vecino y amigo como es Ecuador, en la que con poderosos bombardeos se consumó
una matanza tras la cual fueron recogidos unos ordenadores en los que
supuestamente unos correos indicarían una indebida relación de Piedad Córdoba
con la guerrilla de las FARC.
La Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Colombia (18 de Mayo de 2011), determinó que el contenido
demostrativo de esos elementos en archivos estáticos que no ligan un origen con
un destino es ilegal: “Los documentos electrónicos hallados en los ordenadores
de “Raúl Reyes” fueron recogidos por miembros de las Fuerzas Armadas
colombianas, durante una inspección que hicieron en territorio ecuatoriano sin
consultar con las autoridades de ese país, desatendiendo frontalmente el
“debido proceso” que gobierna la producción de pruebas en el exterior, además
de que quienes así procedieron ni siquiera tenían facultades de policía
judicial”.
La presunción de inocencia, el
derecho a la defensa, el conjunto de las garantías y del debido proceso no sólo
se estarían violando de manera radical con una decisión que la hallara
culpable, sino que se estaría violando su derecho y con ella el de una amplia
parte de la población colombiana, a construir y participar activamente de la
paz, tal y como lo reconocen instrumentos jurídicos suscritos por el Estado
colombiano.
La decisión del Procurador,
insistimos, no sólo viola los derechos políticos de Piedad Córdoba sino de los
colombianos y las colombianas que votaron por ella como representante política.
El derecho a ser elegido y a elegir, protegido irrestrictamente, como lo
establece el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre
otros tratados, señala la posibilidad de limitarlo por condena emitida por juez
competente en un proceso penal, lo cual en absoluto no ha ocurrido, ni siquiera
siendo llamada a un evento o instancia de tal naturaleza, lo cual prueba la
arbitrariedad del acto del Procurador. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha señalado que si la sanción es aplicada por un órgano distinto a un
juez penal competente o no se aplicó como consecuencia de un proceso penal en
el que se hubieran cumplido las garantías previstas para la protección del
debido proceso, se estaría incurriendo en una clara violación de los derechos a
elegir del pueblo colombiano y a ser elegida de Piedad Córdoba, generando o
pudiendo demandarse la responsabilidad del Estado colombiano.
Se estaría enviando un claro
mensaje de obstrucción política y persecución, no sólo de la persona que puso
en riesgo su vida para mediar y obtener la liberación de decenas de civiles y
militares en manos de la guerrilla, como lo hizo exitosamente en una delicada
tarea de años, reconocida mundialmente, sino de todos los que tienen como
objetivo el cese de la violencia. En ello consistieron sus contactos y oficios,
dentro de un trato político que contribuyó al indiscutible escenario que hoy día
tenemos, el de un vivo y esperanzador proceso de paz entre el gobierno
colombiano y las FARC.
Un tal mensaje de castigo es un
mensaje de condena de ese proceso, pues si hoy se ahoga la participación de una
destacada personalidad como Piedad Córdoba, en la vida política de su país en
igualdad de condiciones ¿con qué garantías podrá contar esa gran parte del
pueblo colombiano tradicionalmente excluida del poder político? Esa muerte
política que equivale a una pena extrema que rompe con el avance del Estado de
Derecho en Colombia, esa criminalización resultante, reforzaría lo que
judicialmente ya ha sido comprobado en expedientes que obran contra redes y
estructuras comprometidas en crímenes de lesa humanidad. Que por todos los
medios, incluyendo atentados contra su vida y de sus asesores, interceptaciones
de sus comunicaciones, hostigamiento y amenazas, ha existido un propósito
espurio contra Piedad Córdoba.
Confiamos que una justa decisión de la Corte Constitucional no les dé la razón
a quienes acudiendo a diversidad de métodos oprobiosos han buscado apartarla de
las opciones y alternativas políticas a las que el pueblo colombiano tiene
derecho para el logro de la paz.
Expectantes en que sabrán acoger dicha acción de tutela, y que conforme al
ordenamiento legal colombiano se tendrán esas pruebas como violatorias del
debido proceso, por lo tanto plenamente nulas, confiamos y demandamos con
respeto que se le restituya a Piedad Córdoba Ruiz todos sus derechos políticos,
su condición de Senadora de la República, cesando así este capítulo deshonroso
de persecución política y de intolerancia inadmisible.
Por tanto, quienes suscribimos
esta misiva pública desde la comunidad internacional, hacemos un llamado a la
Corte Constitucional de Colombia, para que reestablezca la justicia,
conscientes de los efectos no sólo hacia su persona y electores, sino de lo que
significa política e históricamente para enaltecer así el servicio de la
juridicidad a la vocación de paz y reconciliación, incompatibles con el
quebrantamiento de los derechos fundamentales y de costosos principios de
civilización como son la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso
y el ejercicio pleno de los derechos políticos.
ATENTAMENTE,
Adolfo Pérez
Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Presidente SERPAJ-Argentina, miembro de la
Comisión Ética para Colombia. Federico
Mayor Zaragoza, Ex Director General de la UNESCO, ex Ministro, Presidente
Fundación Cultura de Paz, España. Heike Hänsel,
Parlamentaria de Die Linke, presidenta de la Subcomisión de Naciones Unidas del
Bundestag, Alemania. Mirta Acuña de Baravalle, Madre de Plaza de Mayo –
Línea Fundadora, Abuela de Plaza de Mayo, Miembro de la Comisión Ética para
Colombia. Cayo Lara Moya, Coordinador Federal de
Izquierda Unida, Diputado, Presidente del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA,
Congreso de los Diputados, España. José Luis Centella Gómez, Secretario
General del Partido Comunista de España, CE, Diputado, Portavoz del Grupo
Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados,
España. François Houtart, sacerdote, sociólogo,
profesor emérito Universidad de Lovaina, Bélgica. Carlos Fernández
Liria, filósofo, profesor Universidad Complutense de Madrid – España. Joan Josep Nuet i Pujals, Coordinador General de Esquerra
Unida i Alternativa, Diputado IU Barcelona, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA,
congreso de los Diputados, España. Ricardo Sixto Iglesias, Diputado IU
Valencia, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los
Diputados, España. Belén Gopegui, escritora, España. Santiago
Alba Rico, escritor, filósofo, Túnez, España. Agustín Velloso
Santisteban, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor
universitario y escritor, España. Isaac Rosa, escritor,
España. Constantino Bértolo, escritor, editor, España. Ángel Guerra
Cabrera, Cuba/México, periodista y catedrático. Stephen
Haymes, Universidad de Paul, Chicago, Estados Unidos. Gaspar Llamazares
Trigo, Diputado IU Asturias, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda
Plural, Congreso de los Diputados, España. Ascensión de
las Heras Ladera, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La
Izquierda Plural, congreso de los Diputados, España. Caridad García
Álvarez, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda
Plural, Congreso de los Diputados, España. Alberto
Garzón Espinosa, Diputado IU Málaga, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La
Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España. Chesus Yuste
Cabello, Diputado CHA Zaragoza, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda
Plural. Congreso de los Diputados, España. Laia Ortiz
Castellví, Diputada ICV Barcelona, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda
Plural. Congreso de los Diputados, España. Enrique Santiago Romero,
abogado, jurista experto en derechos humanos y derecho internacional. Gilberto López y Rivas, Profesor-Investigador, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, México. Paul Ríos, Coordinador de
Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco. Aitziber
Blanco, Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco. Juan Domingo
Sánchez Estop, escritor, Bruselas, Bélgica. René
Vázquez Díaz, escritor, Suecia. Igor Urrutikoetxea, Secretario de Relaciones
Internacionales de la Central sindical vasca LAB y miembro del Consejo
Presidencial de la Federación Sindical Mundial. Fabio Marcelli,
investigador Instituto de Estudios Jurídico Internacionales del Consejo
Nacional de Investigación, Director de la Asociación de Abogados Demócratas y
miembro del Bureau de la Asociación Internacional. Julie
Cánovas, Doctora, jurista experta en derecho internacional, Universidad de
Borgoña, Francia. Salvador López Arnal, profesor, escritor, Catalunya,
España. Gabriela Morales Gracia, jurista mexicana,
experta en derechos humanos. Antonio Salamanca Serrano, escritor, doctor
en filosofía y derecho, experto en derechos humanos, España / Ecuador. Mario Amorós, periodista, historiador, escritor, España.
Steven Forti, periodista e investigador en Historia Contemporánea, Universitat
Autònoma de Barcelona, España. Unai Aranzadi, Director
de la agencia informativa Independent Docs, Suecia. Xabi Puerta,
escritor y productor, Presidente de la Asociación Cultural Alfonso Sastre. Joaquim Arrufat Ibáñez, diputado de la Candidatura d’Unitat
Popular-Alternativa d’Esquerres al Parlament de Catalunya. Carolina del
Olmo, Directora de Cultura del Círculo de Bellas Artes, Madrid. Iñaki Markiegi Candina, Presidente Fundación Mundubat. Patricia
Rivas Bufala, Periodista, España. Fausto Gianelli, abogado, experto en
derecho internacional, Módena, Italia. Amaia Izko,
abogada, portavoz de Sortu, País Vasco. José Antonio Gutiérrez D.,
Analista Político, Latin American Solidarity Centre, Dublín, Irlanda. Adolfo Araiz Flamarique, Abogado, Tafalla, País Vasco, España.
Lux Barinagarrementeria Abogado, Donosita, País Vasco. José
Mari Esparza, Editorial Txalaparta, Tafalla, País Vasco, España. Iñaki
Soto, Director diario Gara, País Vasco. Joseba Álvarez,
dirigente político, Portu, País Vasco. Iratxe Urízar, Behatokia,
Observatorio Vasco de Derechos Humanos. Jon Iñarritu, Diputado Amaiur, Congreso
de los Diputados, España. Iker Urbina, Diputado Amaiur,
Congreso de los Diputados, España. Amalur Mendizábal, Senadora Amaiur,
Senado de España. José Manuel Mariscal Cifuentes,
Senador Izquierda Unida, Senado de España. Urko Aiartza, Senador Amaiur,
Senado de España. Francisco Bello, Informativo digital
Iniciativa Debate, España. Carlos Alberto Ruiz, jurista, experto en
derechos humanos, España. Marina Albiol Guzmán,
Diputada de Esquerra Unida en Les Corts Valencianes. Javier Moya,
CEDSALA, Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia. Bernardino Camilo da Silva - Abogado del Movimiento Sin
Tierra – MST, Brasil. Carlos Fazio, catedrático Universidad Autónoma de
Méjico - UNAM, Méjico, Grupo Paz con Democracia, México y Red en
Defensa de la Humanidad. Lorenzo Loncon, dirigente
pueblo Mapuche, Argentina. Elizabeth Deligio, Charity Ryerson, Escuela
de las Americas Watch, SOA Watch. Tica Font, Comisión
Ética de la Verdad. Valerie Techer, France Amerique Latine. Carlos
Arturo Gamboa, escritor y docente Universidad del Tolima, Colombia.
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