Docente Universidad del Tolima
Las Universidades deben ser los lugares primigenios en donde los derechos sean el portento de las decisiones. Le compete a las Instituciones del saber dar la pauta social de comportamientos éticos y ser ejemplo del respeto de las normas superiores, sobre todo de aquellas que han trazado una línea constitucional.
No obstante, son múltiples los casos en los cuales las Universidades se tornan en territorios propicios para la vulneración de los derechos, lo cual conlleva al recrudecimiento de conflictos que pudieron solucionarse usando el sentido común y las normas superiores estatuidas.
Este parece ser el ámbito del caso de Brenda Yurani, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la CORHUILA. A simple vista se nota que la ausencia de mediación institucional ha convertido una justa protesta en un hecho de posible persecución y violación de varios derechos a la estudiante, entre ellos el derecho a la justa y pacífica protesta, como lo reza el Artículo 37 de nuestra Constitución Política:
Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y
pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los
cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.
Ante este caso, del cual se tuvo noticias hace más de seis (6) meses y
sobre el cual recientemente ha circulado un video de Tik-Tok en el cual la
estudiante anuncia que CORHUILA se niega a reconocer sus derechos y sigue
insistiendo en una sanción de dos semestres (imagínense la dimensión de tal
injusticia, dos semestres por protestar de manera pacífica como lo ampara la
Ley), hemos decidido contactar a la estudiante desde Vórtice Virtual, con el ánimo de conocer más de cerca su drama y convocar a la
solidaridad nacional y la intervención de los entes reguladores del Estado. Acá
les dejamos la entrevista:
¿Quién es Brenda Yurani Calderón?
Soy hija de una
familia campesina. Nací en la vereda La Cañada, perteneciente al municipio de
Garzón (Huila). Graduada de una escuela rural. Vine a Neiva para estudiar Medicina Veterinaria y Zootecnia en la CORHUILA. Para
mantenerme estudiando, adquirí un crédito con el ICETEX, además de que he
trabajado como empleada de servicio doméstico, de niñera y también en mi finca
en La Cañada.
He liderado un Semillero de Investigación en Fauna Silvestre que se llama “KINKAJOU”; mi proyecto de investigación fue elegido como uno de los mejores del departamento del Huila y gracias a eso me seleccionaron para asistir al Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación que se va a realizar en Cartagena.
Hace meses sabemos de su protesta ¿a qué se debe?
El 17 de marzo del 2023 hubo una protesta pacífica en las instalaciones de la CORHUILA. Yo participé en ella cuando había un plantón en las dependencias administrativas; allí, expresé mis inconformidades a través del micrófono y posteriormente en una reunión que se tuvo con el Rector Óscar Chávarro.
Mi principal inconformidad siempre ha sido por una serie de vacíos académicos que a mi consideración existe en mi carrera: por ejemplo, muchos tenemos vacíos en materias tan importantes como morfofisiología, fisiología o farmacología; siempre he pedido que tengamos más tiempo para ver esas materias, ya que solamente las vemos un semestre, lo cual no alcanza para aprehender todos los conocimientos necesarios para hacer un ejercicio óptimo de la profesión de médico veterinario y zootecnista.
A raíz de esos hechos, la CORHUILA me abrió, a mí y a otros siete compañeros, un proceso disciplinario, donde nos acusaban de faltas gravísimas contra el Reglamento Estudiantil. Presentaron como pruebas los videos de las cámaras de seguridad; y, sin embargo, lo que se ve allí es que la protesta fue pacífica y que la acusación que me hacen de que yo obstruí las entradas de la universidad es falsa.
Aun así, tanto el Consejo de Facultad como el Consejo Académico decidieron expulsarme, lo cual es una decisión injusta y arbitraria, y que muestra que el objetivo de las Directivas de CORHUILA es acallar a las voces críticas que existen en la comunidad universitaria.
¿Qué derechos se te están vulnerando?
El derecho a la igualdad, porque a pesar de que hubo alrededor de 50 participantes en la protesta, solamente procesaron y sancionaron a 8. Es decir: por unos mismos hechos, se aplicó sanciones diferentes.
El derecho a la
protesta pacífica, porque la protesta en ningún momento vulneró ninguna ley.
El derecho a la libertad de expresión, porque lo único que hice fue expresar públicamente mis inconformidades.
El derecho al debido proceso, porque en el proceso se utilizaron pruebas amañadas, porque jamás hubo presunción de inocencia, porque se desconoció el principio de in dubio pro reo, porque la sanción carecía de fundamentación fáctica y jurídica y porque, además, es una sanción absolutamente desproporcionada e inconstitucional.
Y, por último, me están vulnerando el derecho a la educación, pues me están sancionando injustamente, al no haber habido garantías procesales en esa actuación administrativa.
¿A qué instancias has acudido y cuál ha sido la respuesta?
El 27 de julio de este año recibí la notificación de la sanción. Ese mismo día, radiqué ante la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional una queja donde ponía en conocimiento este caso.
Asimismo, el 1 de agosto radiqué una tutela contra al CORHUILA donde, además, vinculé al Ministerio de Educación. El resultado de la tutela fue agridulce: declararon la nulidad de los fallos sancionatorios en mi contra en primera y segunda instancia por parte de la CORHUILA; por lo tanto, ordenaron que la universidad volviera a emitir un fallo en primera instancia donde se acogieran a criterios de motivación, fundamentación, razonabilidad y proporcionalidad.
Es decir, sólo
tutelaron mis derechos a la educación y al debido proceso; pero el Juzgado negó
el derecho a la igualdad y, además, no se pronunció en la resolución del Fallo
acerca del derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión, a pesar
de que en las consideraciones expresó argumentos tendientes a ampararlos.
Ante esto, la CORHUILA volvió a emitir un fallo en primera instancia, donde me sancionaban con una suspensión por dos semestres. Yo respondí con el recurso de reposición y en subsidio apelación, donde respondí con lujo de detalles las inconsistencias probatorias de la universidad y los vacíos argumentativos a nivel fáctico y jurídico que habían usado para sancionarme.
Sin embargo, la respuesta del Consejo de Facultad no pudo ser más lamentable: rechazaron mis argumentos supuestamente porque la etapa procesal para presentarlos ya había pasado; sin embargo, la reposición y apelación es esa etapa procesal, si no, ¿entonces para qué existe?
Actualmente, estoy a la espera del fallo en segunda instancia que, con toda seguridad, va a mantener la misma suspensión por dos semestres, a pesar de que no tengan argumentos para hacerlo.
¿El Ministerio de Educación tiene conocimiento de este caso? ¿Qué ha actuado?
Como dije anteriormente, yo radiqué una queja ante el Ministerio el mismo día que me sancionaron. No recibí ninguna respuesta. Pero mi mayor decepción fue la respuesta de la Oficina Jurídica del Ministerio ante la tutela: le mintieron al Juzgado para que los desvincularan del proceso, pues afirmaron que yo no presenté queja alguna y que ellos no tenían conocimiento de ese caso.
Esta es la hora, y ellos no han hecho absolutamente nada; hablé con un funcionario, y me dijo que iban a emitir un pronunciamiento el vienes 15 de septiembre, pero lamentablemente tal pronunciamiento nunca llegó. Fíjese que no le estoy pidiendo al Ministerio algo imposible: le pido que sean guardianes de los derechos constitucionales que me asisten; y más en este gobierno, que se hizo elegir con votos de la juventud y especialmente de los estudiantes, con una promesa de cambio.
Si esto hubiera pasado en el gobierno anterior, no me habría sorprendido; pero que pase en éste, ha sido toda una decepción.
