Docente Universidad del Tolima
Durante la última semana el
movimiento nacional, que pugna por alcanzar mejores niveles de financiación estatal
para las universidades públicas, ha entrado en un momento crucial para sus
definiciones. Ante el acuerdo entre el gobierno y los rectores, el cual fue un
golpe para la estrategia de negociación, el movimiento se reorganizó y logró
sentar a la otra parte en la mesa.
Sin embargo, los resultados no fueron
los esperados, el gobierno ni siquiera reconoció las cifras de desafinación que
presentan los estudiantes y docentes. Se suspendieron los diálogos y ahora esperan
que el presidente ponga en la mesa una propuesta decente que permita avanzar en
la superación de la crisis, sobre todo para el cierre del año 2018, ya que las
universidades presentan delicados estados financieros para finalizar este
periodo.
Al mismo tiempo, se convocó a una marcha
el día 8 de noviembre, para continuar presionado la negociación. La última
movilización, realizada el 31 de octubre, tuvo una gran contundencia, se espera
el mismo respaldo en las calles.
El gobierno sabe de las presiones que el
movimiento empieza a sentir. Por una parte el calendario académico de las
universidades se estrecha y la culminación adecuada del semestre empieza a ser
una variable importante en el diseño. Algunas universidades ya han suspendido semestre,
entre ellas Atlántico, Distrital, UPTC y Popular del César. Muchas otras se
encuentran en alarma naranja, ya que el tiempo de finalización es motivo de sobresalto
para las ya lesionadas finanzas.
Nadie que haya estado al lado de la movilización
considera que no sea justa, que estamos atravesando una enorme coyuntura de la
cual depende el futuro de la formación superior pública en Colombia. No obstante, muchos entienden que la pelea no
se librará solamente este semestre, se trata casi de la agenda de lucha para un
cuatrienio. Por lo tanto, perder un semestre, correr un calendario académico o
radicalizar el paro, son decisiones que deben valorarse a la luz de este
factor. El gobierno lo sabe, por eso dilata.
El caso de la Universidad del Tolima
Para la más importante universidad pública
de la región, el movimiento por la consecución de recursos frescos está más que
justificado. Más cuando, desde el 2015, viene atravesando afujías financieras,
las cuales fueron causadas por el problema estructural de todo el sistema
estatal, pero agravado por la mala administración del anterior rector, José
Herman Muñoz, quien dejó la UT con déficit cercano a los 30 mil millones y cuyo
grupo político hoy se empeña en retornar al poder, sin que le importe con ello
volver a sumir la UT en una larga noche oscura.
Desde entonces, y acorralada por un
karma de austeridad, la Universidad del Tolima ha venido mostrando síntomas de
mejoría, llegando a reducir el déficit a unos 10 mil millones de pesos aproximadamente.
Su crecimiento en la oferta, su recuperación en la imagen y un proceso de reorganización
administrativa en camino, les han devuelto parte de tranquilidad a los cerca de
20 mil estudiantes que se forman en sus aulas.
Sin embargo, con el periodo de cese
de actividades académicas, ya cercano al mes, y con el riesgo latente de una
suspensión del semestre, las finanzas resentidas entran en cuidados intensivos.
Según informaciones del Consejo Académico, de continuar en esa línea
progresiva, a la segunda semana del mes de noviembre entraríamos en un
escenario de no retorno; es decir, habría que aplazar el calendario académico para
que culminara en el año 2019.
Este aspecto complica los estados
financieros propios debido a que la única estrategia de sobrevivencia que ha
tenido la UT, durante los dos últimos años, para ponerse al día en pagos de
nómina, es mediante un crédito puente, el cual se paga en un plazo no superior
a tres meses. Sin culminar el semestre, difícilmente se haría el empréstito porque
no se tendrían los recaudos de matrícula y se quedarían debiendo dineros a los docentes
y funcionarios en este cierre de año. Provocando, por supuesto, una regresión
en el plan de saneamiento que se venía desarrollando.
Este es un alto costo, dicen las
mayorías: “Deberíamos volver a clases y participar en las movilizaciones y actividades
del orden nacional que se convoquen para hacerle presión al gobierno”. Con la iniciativa
de la comunidad el semestre se “podría salvaguardar y así no afectar los
estudiantes, quienes son el alma del movimiento”, dicen un alto porcentaje de
los docentes. Algunos llaman a la radicalización del paro, asumiendo que es la única
vía para que el gobierno responda al pliego del movimiento. Lo cierto es que el
campus cada vez está más vacío y un movimiento sin sujetos no tiene sentido.
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De ahí que la encrucijada del
movimiento está atravesada por variables nacionales y locales. No es fácil la
decisión, porque en cada una de ellas algo se pierde y algo se gana. Lo único
cierto es que ya se logró inquietar el gobierno, la respuesta en ciertos
momentos ha sido masiva y la agenda de luchas crece cada vez más, lo que
algunos usan para profetizar un gran paro nacional arrancando el año 2019.
Pero de las decisiones de hoy depende
que el movimiento crezca en el tiempo y en sus logros, o se diluya y todo
vuelva a la normalidad que tanto le gusta al gobierno. El desgaste político,
los tiempos, la cohesión con otras luchas y las necesidades reales de cada
universidad, son factores esenciales para que la defensa de la universidad pública
sea una constante hasta que el Estado entienda el valor de la educación pública
como patrimonio nacional.
