febrero 07, 2013

TRANSCURRIR UT (FEBRERO 7)



Por: Carlos Arturo Gamboa B.

1.

Ante la toma de decisiones inconsultas por parte de algunos decanos, en especial en estos días se comentan las supuestas arbitrariedades del decano de la Facultad de Educación quien desconoce la voluntad y sentir de la colectividad de docentes y asume posiciones antidemocráticas propias del régimen politiquero que agobia la región, cabe volver a formular la pregunta: ¿quién regula las actuaciones de los decanos? No puede ser el Consejo Académico, que está compuesto en gran parte por ellos mismos; debería ser la Comunidad Académica en su conjunto, pero la mayoría se encuentra sumida en las cotidianidades a-críticas, otros dependen de la buena voluntad o amaño de los decanos y una minoría lucha contra las lógicas institucionales que, con su silencio, «parecen» favorecer las actuaciones anti-éticas, desconociendo el “ser universitario” como una categoría que debe guiar al sujeto que vive y actúa en la Universidad del Tolima. Ojalá los decanos no olviden que fueron elegidos por una comunidad, (bajo un sistema poco participativo, con los vicios de nuestra seudo-democracia), pero que al fin y al cabo, se deben a la Academia, no a sus votantes, voluntades o caprichos; y quizás la comunidad, cuando se hastié de sus actuaciones, pueda echar mano de los mecanismos de revocatoria. Sería bueno sentar precedentes para recordarles la axiología que debe guiar lo público.

2.

La democracia sigue en estado de coma. Los discursos enarbolan la palabra, pero hacen omisión en la práctica. La verdadera democracia no es un concepto abstracto, debe ser el sentir cotidiano de los sujetos, por eso no se puede creer que la democracia se construye invitando a participar, pero no invitando a tomar decisiones en conjunto. Cuando los sujetos que encarnan el poder olvidan su razón de ser, empiezan a crear escenarios totalizantes y no sólo los dictadores son anti-democráticos. Por eso en la Universidad del Tolima no avanzan los procesos participativos, porque existe una desconfianza histórica en los actores que siempre elaboran discursos pero no incorporan transformaciones. Se habla de democracia y se ejerce el poder sin reparos. Esperamos que las construcciones del Plan de Desarrollo, los lineamientos curriculares, el PEI y demás bitácoras institucionales, no re-caigan en esa lógica de: “tú participas, él participa, nosotros participamos, yo decido”, aunque por lo observado hasta ahora, ese será el camino. Por el bien de un proyecto sólido que saque a flote el Alma Mater, espero equivocarme.

3.

“Los Provisionales II” parece ser la serie de moda del 2013 en la Universidad del Tolima. La reforma laboral del año 2012, que más que reforma fue, como se denunció por parte de ASPU en su momento, una reacomodación de las estructuras burocráticas y un crecimiento desaforado de “puestos politiqueros”, sigue el rumbo que se le trazó desde sus inicios: la ambigüedad laboral. En aras de ser ecuánimes, la reforma hizo justicia con muchos que llevaban años trabajando en silencio por la Universidad, pero les abrió las puertas a otros que como caídos en paracaídas se entronizaron en la nómina, la verdad sea dicha, sin merecimiento. Ahora puede crearse un panorama de “ilegalidad” que terminará por afectar a los más vulnerables, porque la burocracia saber aferrarse como rémoras al poder de turno, o a la politiquería regional, para garantizar sus plazas. ¿Qué pasará cuando se realicen las convocatorias nacionales abiertas para todos estos cargos? ¿Habrá garantías y transparencia? Me temo que estamos poniendo en riesgo la estabilidad de los más débiles, todo por los caprichos de una reforma que no fue concertada, ni evaluada en sus impactos, y cuyos responsables deben dar la cara. Más aún cabe preguntar: ¿Cuántos de los “beneficiados” por dicha reforma ya fueron despedidos? ¿Cuántos nuevos funcionarios han sido nombrados sin que medie ninguna norma de meritocracia? Esto demuestra que no sé realizó una reforma adecuada a un proyecto de universidad, porque ni están todos los que son, ni son todos los que están.

4.

Contraloría y Autonomía son palabras que riman, pero que se diferencian. Se supone que los entes externos de control de lo público se deben asumir como apoyo institucional para blindar lo público y lo común. Ustedes juzgarán si lo hacen, pero el concepto de Autonomía Universitaria no puede ser soslayado, porque el concepto es sí mismo contiene las posibilidades de autogobernarse y autorregularse. Que hagan un mapa de riesgos tomando como insumos los “hallazgos” es muy válido y sirve como referente para que la comunidad active los mecanismos de veedurías frente a los mismos. Hasta ahí su función. Lo que no se puede permitir es que legislen sobre aspectos netamente académicos como la libertad de cátedra y la producción académica, aspectos fundantes de la Autonomía Universitaria; o que trasladen jurisprudencias a “rajatabla” sin una interpretación del contexto real universitario agobiado por las políticas nacionales, en donde muchas disposiciones del orden nacional generan o profundizan la crisis universitaria. Si se trata de regulación tenemos a disposición los mecanismos, otra cosa es que no los cumplamos, en ese caso ni Contraloría ni Autonomía podrán dotar a la comunidad de la ética que le debe ser inherente.

febrero 04, 2013

EL PLAN "B" DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS



Por: Carlos Arturo Gamboa B.
Catedrático Universidad del Tolima
Secretario ASPU-Tolima

En 1988, antes de la muy famosa y muy lesiva Ley 30 de 1992, se publicó el texto titulado La universidad a la deriva[1], el cual planteaba una serie de interrogantes sobre el futuro de la universidad pública, los cuales hoy, 25 años después, siguen latentes y sin respuesta. Desde entonces la universidad ha seguido, ya no tanto a la deriva, sino más bien timoneada por los intereses del macro-mercado internacional, cada vez más lejos del puerto en dónde su «razón de ser» espera, como Penélope, la llegada de un Odiseo que se perdió en las aguas turbulentas del capitalismo de los servicios.

La situación de la educación pública en general es compleja, pero casi siempre lo complejo es de una sencillez desconcertante¸ y en ese marco de reflexión el futuro que le espera a la Universidad Pública está condicionada a los avatares de un Estado cada vez menos autónomo y por lo tanto, heterónomo a las disposiciones del mercado. La cuestión no es de diagnósticos, consiste en «desobedecer para existir» o de subordinarse para desaparecer. Al contrario de lo que creen muchos tecnócratas de turno, quienes mediante argucias discursivas elaboran leyes, decretos y resoluciones para dar cumplimiento a los mandatos del Banco Mundial y demás estamentos del orbe-poder, la cuestión de la existencia de la Universidad Pública radica en abandonar el cauce de los ríos predeterminados y proponerle nuevas rutas. Obedecer las disposiciones es convertir la Universidad en un centro de reclutamiento en donde sólo se aprende lo que será usado en la guerra del conocimiento, por eso se invoca la eficiencia como principio regulador del aprendizaje. Desobedecer es reinventarse. El problema es que nadie quiere hacerlo, al menos los que regulan la educación a nivel nacional, incluyendo el MEN, Colciencias, el ICETEX, el ICFES, y por supuesto los rectores. Todos estos entramados de los eslabones del poder sólo obedecen y garantizan la desaparición de la Universidad Pública, así la sigan llamando igual.

«Desobedecer para existir» es la gran lección al margen de la historia del capitalismo; sólo pervive aquello que responde a la necesidad de construir una mejor sociedad, lo demás es tragado por la máquina tragamonedas que todo lo transforma en capital constante y sonante. Pero lo que no entra en la lógica del capital es tildado de subversivo, anacrónico, terrorista; por eso hoy estos calificativos acompañan a quienes claman por educación gratuita, currículos descolonizadores y transformación social. Al contrario, los grandes adalides de la educación son quienes siguen el plan “B”: acreditaciones a los estándares del mercado, diseño de currículos por competencias, incremento de posgrados amparados en la flexibilidad, venta de servicios (diplomados, cursos, créditos), internacionalización de la academia a costa de la construcción de saberes para la solución de los problemas del contexto y demás conceptos que no son más que la traslación sin argumentación del lenguaje empresarial al mundo académico. El plan “B” de las Universidad Públicas no es más que cumplir con el mandato del Plan Bolonia; y el plan Bolonia responde a la lógica del mercado, razón de la cual se infiere…

No existe un proyecto de nación sin su soporte vital en un plan educativo, pero como el propósito consiste en seguir sumidos en una eterna heteronomía, seguiremos conduciendo nuestro barco a las costas de la mediocridad; esto no parece importarle a muchos, mientras nuestra embarcación tenga el permiso “acreditado” de los capitanes del capital.

 En 1994 Colombia tuvo la selección de fútbol “mejor acreditada” de la historia y en el mundial de fútbol en EE.UUU ejecutó uno de los más grandes fiascos futboleros. Quizás no se haya estudiado mucho el principio fundante de su técnico Francisco Maturana: “perder es ganar un poco”, pero si pensamos en ello y en el porvenir de la Universidad Pública, es mejor no imitarlo, porque en este caso «perder es perderlo todo», y es preferible desobedecer la lógica del mercado que subsumirse a ella, a no ser que la bitácora que guie nuestra embarcación sea la de entregarle al mercado uno de los bastiones de la libertad del pensamiento (hoy casi totalmente enajenado); entonces el plan “B” sería el mejor, no para nosotros, sino para ellos, los amos del mercado.






[1] Escrito por: Luis Enrique Orozco Silva, Rodrigo Parra Sandoval, Humberto Serna Gómez. Tercer Mudo Editores.