Por: Carlos
Arturo Gamboa B.
Docente
Universidad del Tolima
La educación pública debe ser gratuita. Nadie, quien
entienda que un país se construye a la par del conocimiento, duda en defender
este derecho. Pero en Colombia hemos carecido de un gobierno que asuma la
educación como eje central para la construcción de futuro. Por el contrario, el
desfinanciamiento de la educación pública ha sido la política constante.
Desde la promulgación de la Ley 30, las finanzas del
Sistema Universitario Estatal han venido en constante deterioro. Hoy tenemos
que, en la mayoría de las Universidades, los ingresos por consecución de
recursos propios son superiores al 50 %. Las transferencias del orden nacional
y departamental, como es el caso de las universidades regionales, apenas
alcanzan para soportar las nóminas de funcionarios, docentes y directivos.
La desfinanciación estatal constante, ha llevado a que
las universidades, con el fin de cumplir sus rutas misionales, aumenten el
número de docentes por hora cátedra, llegando a un escandaloso porcentaje
promedio del 80 % de pago de labor docente por este tipo de contratación. Es
decir, una figura que era excepcional para la universidad, terminó siendo la
norma.
Los recursos que obtienen las universidades para poder
solventar su funcionamiento se limitan, en esencia, al recaudo por matrícula de
pregrado y posgrado, manteniendo un bajo costo en la primera y un alto costo en
posgrado. Por eso la educación posgradual en Colombia es tan costosa. Otros
recursos que obtienen las universidades se dan por la venta de servicios, pero
es poco significativo, quizás las grandes universidades, del orden nacional,
puedan conseguir recursos relevantes mediante este mecanismo.
Así mismo, existe una marcada desigualdad en las
transferencias para las universidades denominadas “grandes”, en comparación con
las regionales, inequidad que no se justifica, ya que se sigue posicionando un
modelo de desarrollo para un país centralizado, que no les ofrece a los bordes
mantener los mismos niveles de investigación, proyección y docencia que las grandes
capitales. Seguimos asistiendo, en pleno siglo XXI, al fenómeno de la ciudad
letrada.
En ese contexto, la matrícula cero o gratuidad,
siempre ha sido una bandera de los movimientos universitarios, pero por mucho
empuje que se haya tenido en las movilizaciones, aún no se ha logrado. Un país
que privilegia la inversión en armas, tanquetas y aumento de pie de fuerza
militar y policial por encima de la educación, es un país que de frente le saca
el cuerpo a la paz, para seguir en una ruta de barbarie. Educar a la población
es construir paz, la guerra germina más fácilmente en las huertas de la
ignorancia.
El desangre de la corrupción, agujero por donde se van
millones y millones de pesos de los recursos públicos, es otro ejemplo del
diseño de un proyecto de nación inviable. Con el dinero de la guerra y el
rescate de los recursos de las manos de los corruptos, Colombia podría
fácilmente solventar un Sistema Educativo gratuito en todos sus niveles.
La pandemia puso en evidencia, una vez más, la
inequidad tan grande de un país en el cual la mayoría de los jóvenes no puede
acceder a la formación universitaria. Pero también puso en la palestra el gran
esfuerzo que hacen las universidades por mantenerse a flote, con unas finanzas
golpeadas y conscientes de que atienden una población que en su mayoría
corresponden a los estratos 1-2, los más afectados por la cuarentena, ya que dependen
de un salario mínimo o del empleo informal.
Llegar a la matrícula cero debe ser la gran meta, no
sólo en el marco de esta pandemia, si no bajo la perspectiva de diseñar un país
para el siglo XXI, con equidad, que le apueste a la educación como baluarte de
su construcción cultural y científica. Un
país que deje atrás su historia guerrerista y abra las puertas de la inclusión
social para todos y cada uno de sus ciudadanos.
En el caso de la Universidad del Tolima, el gran
esfuerzo financiero que ha realizado el semestre A y las apuestas que ha
diseñado para el semestre B, hacen parte de una política de cuidado fiscal que
se implementó después de la desastrosa experiencia de los años 2014-2016.
Asumir la matrícula de un semestre académico está por el orden de los 14.500
mil millones de pesos, sólo en pregrado.
En ese escenario, podemos hacer cuentas simples y
entender que, sin la cooperación del gobierno central y el gobierno
departamental, esta tarea resulta imposible. Si tenemos en cuenta que ya se
están apalancando inscripciones gratuitas de pregrado y posgrado, así como
descuentos en matrícula para los cerca de 21.000 estudiantes, se puede decir
que el aporte de la UT está a la altura del compromiso social ante esta
pandemia y sus efectos.
Ahora bien, de los 97 mil millones que se dispusieron
desde el gobierno central, para apoyar el sistema en esta coyuntura, a la UT le
transferirán 3.300 millones, por lo cual estamos hablando que aún faltarían
alrededor de 6.500 millones para poder asumir la matrícula cero para la
totalidad de los estudiantes de pregrado. Es decir, tenemos un faltante de un 45
%.
El Consejo Académico, de la Universidad del Tolima, le
ha enviado una carta al Gobierno Departamental solicitando este apoyo, como un
esfuerzo adicional a las transferencias de ley. Esperamos contar con que se
pueda llevar a cabo dicho aporte, lo cual garantizaría matrícula cero en
pregrado y descuentos de hasta el 40 % para posgrados para el semestre
entrante.
Aún así, el sueño de la educación gratuita debe seguir
siendo parte de nuestras luchas universitarias y de todo el sistema público
educativo. No sólo el efecto Covid-19 es culpable de la enorme desigualdad y
del incumplimiento del derecho a la educación. Cuando el virus llegó a Colombia
este país ya estaba amenazado de muerte por la pandemia guerrerista y corrupta,
sólo cambiando esa lógica podremos construir esa nación que millones hemos
soñado, y la educación pública gratuita para todos es uno de los caminos. La matrícula
cero debe ser una política de Estado.
