Por: Carlos Arturo Gamboa B.
Docente Universidad del Tolima
Como docente de la Universidad del
Tolima he debatido durante mucho tiempo sobre el gobierno universitario, ahora
que soy profesor de planta lo hago, pero siendo catedrático (durante cerca de
12 años) lo hice también. Dentro de las variadas formas de gobierno
universitario siempre he apostado por la ampliación de la participación de los
actores que intervienen en el devenir diario de la Universidad Pública. Considero
que es debatiendo, dialogando, contraponiendo argumentos y sustentando que se
construye el conocimiento; por lo tanto, una institución que se dedica a la
producción del saber, la cultura y la ciencia, no puede ser ajena a este
mecanismo.
En ese sentido, pienso que la
Asamblea de Profesores de la Universidad del Tolima, la cual constituye un escenario
legítimo de discusión para la vida universitaria, se equivoca cuando, a través
del comunicado fechado del 11 de abril de 2019, plantea, -bajo mis
consideraciones-, un escenario antidemocrático frente a sus iguales, los
profesores catedráticos. Veamos casos puntuales:
Afirma el comunicado que: “Consideramos
totalmente inoportuno y contrario a la doctrina constitucional que los
catedráticos y ocasionales puedan ser representantes profesorales a Consejos de
Facultad, Consejo Académico y Consejo Superior…”, lo cual más bien desconoce la
doctrina que la misma Constitución
Política de Colombia plantea, cuando en su Artículo 103, afirma que:
El Estado contribuirá a
la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales,
cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no
gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión
pública que se establezcan.
Siendo la Universidad del Tolima de
carácter público y los catedráticos constituyéndose como mayoría en una de sus
labores misionales de dicha organización (cerca del 80 % de las labores
docentes está a cargo de los catedráticos), no se entiende cómo la Asamblea
afirma tal imprecisión. Cabe preguntar entonces: ¿Los catedráticos y tutores de
la Universidad del Tolima tienen nuestra total confianza para que orienten los
procesos de formación superior de los estudiantes, pero están incapacitados
para ser elegidos en los escenarios de gobierno universitario? ¿Es más
importante representar un gremio que ejercer la labor misional de formar en los
diferentes niveles académicos en la universidad?
La misma Asamblea, más adelante, en
el ítem No 7 del citado comunicado, afirma que:
Consideramos conveniente
que, en las elecciones de Rector y de representaciones profesorales, los
catedráticos y ocasionales participen con un 20% del peso ponderado de los
votos, y que los profesores de planta cuenten con el 80% del peso restante. Lo
anterior busca proteger a los profesores con este tipo de vinculación de la
fragilidad que tienen sus vinculaciones ante las potenciales presiones
clientelistas que puedan recibir.
Según la lógica democrática (¿?) de
la Asamblea, un docente de cátedra está capacitado para votar por un docente de
planta, pero no para ser elegido como su representante; y además, su voto vale
la cuarta parte de un voto de un profesor de planta. No deja de ser curiosa
esta comparación que habla de un velado desprecio por el profesor catedrático y
su papel en el mundo universitario.
Más aún, la precisión que sigue en el
comunicado es más reprochable aún al afirmar que por este tipo de vinculación
los catedráticos son más vulnerables a “presiones clientelistas”, quedamos ante
una paradoja del tamaño de un camello que entra por el ojo de una aguja: se
pretende proteger a los catedráticos quitándoles sus derechos. Qué generosos
resultan acá los profesores de planta. ¡Pamplinas!, ese desconocimiento del
otro hace evidente, así se intente ocultar, una prepotencia elitista y no se
corresponde a la realidad que viven las universidades públicas y privadas de
Colombia en donde la precarización laboral de este amplio sector se profundiza
ante la ausencia de una voz que los defienda en todos los escenarios de
decisión.
No es negando derechos que se
construye democracia, la democracia es un juego de apertura a los distintos, a
los excluidos. Así la Universidad Pública sea un centro de poder académico,
debe ser también un laboratorio de apuestas que le permitan a la sociedad
aprehender nuevas formas de interactuar. La realidad de la labor docente en
Colombia está mediada por un desprecio a la condición de profesor y mal hace un
profesor de planta que lucha por sus derechos, desconocer los de sus semejantes.
De seguro que el debate nos llevará a
buscar fórmulas equilibradas que le permitan a los docentes de planta y
catedráticos a debatir y coadyuvar a construir la universidad pública, y en
ello la Universidad del Tolima puede ser ejemplo nacional. Ahora que estamos
reformulando nuestros Estatutos tenemos una gran oportunidad para avanzar.
En ese sentido, propongo una ruta
para ello: planteemos representaciones profesorales mixtas, de esa manera en
cada escenario de participación (superior, académico, facultades y demás) se podrían presentar duplas de un profesor de
cátedra y uno de planta. Esta opción suena mucho más convincente que tratarlos
de menores de edad política. Vale también recordar que en la historia reciente de la Universidad
del Tolima, muchas de las acciones que llevaron a la UT a una crisis aguda,
fueron pensadas y ejecutadas en su mayoría por profesores de planta.
