Por: Carlos Arturo Gamboa
B.
Docente Universidad del
Tolima
La gratuidad educativa está
hace décadas en la agenda pendiente del país, a pesar de los grandes movimientos
universitarios ha sido imposible concretar la misma debido a la falta de voluntad
política de la clase gobernante. Sólo cuando se entienda la potencia que la educación
tiene en el desarrollo social, económico, cultural y científico de una nación,
se podrá entender la gratuidad como la mejor inversión en su futuro.
El año 2021 inicia con un coletazo profundo en la vida económica y social de Colombia, los cerca de 2.5 millones de estudiantes de Educación Superior están pendientes de los planes de bienestar y permanencia estudiantil que las Universidades le puedan brindar, no sólo las públicas, también las privadas, las cuales albergan más del 50 % de la población.
El Ministerio de Educación Nacional anuncia ayudas para la IES en “un total de $98.800 millones para subsidiar el pago de la matrícula del primer semestre académico de los estudiantes con mayores condiciones de vulnerabilidad de las 63 instituciones públicas del país”[1]. Esto, a simple vista, resulta insuficiente si los gobiernos municipales y departamentales no concurren en una bolsa común que garantice la permanencia estudiantil y el ingreso de nuevos prospectos.
Frente a ese panorama se teje una realidad que sólo puede ser intervenida mediante la transformación del sistema educativo y la forma de financiación del mismo, de lo contrario estaremos asistiendo a una de las mayores pérdidas de cobertura de la historia reciente, ya que las IES no podrían sobrevivir al panorama. Para ello debemos trabajar sobre las siguientes ideas fuerza:
· Las universidades públicas no pueden cumplir por sí solas el derecho constitucional de la educación, es el Estado el responsable de garantizarlo, las Universidades son el medio.
· La pandemia desnuda, una vez más, un sistema educativo inequitativo y le plantea al país el reto de construir una verdadera política educativa para el siglo XXI.
· La gratuidad en los pregrados universitarios debe ir acompañada de una estrategia de exigencia educativa que asuma el reto del aprendizaje como una constante superlativa, o surtirá el efecto contrario, es decir, hará decaer el compromiso con el saber.
· No se puede continuar construyendo un sistema federal para la educación y su financiamiento, estaríamos generando la imposibilidad de la construcción de una visión de nación. La responsabilidad de los departamentos y municipios debe continuar, pero es el Gobierno Central el encargado de generar las políticas y su financiamiento.
· Hoy nos enfrentamos a un Frankenstein compuesto por Generación E, jóvenes en acción, becas estatales, ICETEX, aportes especiales procoyuntura y demás fondos, lo que genera una engorrosa tramitomanía de recursos y una lenta respuesta burocrática. Por lo tanto, se debe unificar una política educativa y su financiamiento.
· Algunas universidades de corte regional tienen un alto impacto nacional, aportan significativamente en la consolidación del derecho a la educación, pero no se refleja dicho impacto en las transferencias de corte nacional que reciben.
· El sistema es inequitativo al privilegiar mayores montos para las universidades de las grandes capitales en comparación con otras denominadas «menores». Este actuar amplía la brecha y no genera igualdad de oportunidades para la formación de los menos favorecidos.
· Se debe hacer una fuerte inversión tecnológica en el campo de la enseñanza y garantizar la gratuidad de conectividad para fines educativos. En ese mismo sentido, la brecha tecnológica hace que tengamos poblaciones en el siglo XXI y otras en el XIX.
· Las modalidades a distancia y virtuales se erigen como alternativas reales para avanzar en cobertura y garantizar el acceso a educación superior, pero el sistema debe adaptarse, reinventarse y revisar una serie de las normas que están más enfocadas en la presencialidad tradicional.
· Se deben establecer políticas de bienestar para el profesorado, el sistema actual salarial, los mecanismos de evaluación y promoción y los escenarios de capacitación/ formación no han dado los frutos que se requieren para soportar un sistema educativo en el siglo XXI.
