Por: Carlos Arturo Gamboa B.
Provocación
Las
universidades deben ser instituciones que no solo enseñen, sino que además
aprendan. En el primer campo debemos preguntarnos ¿qué y para qué enseñamos?,y
en el segundo debemos iniciar por aceptar lo mucho que ignoramos. Gutiérrez Girardot afirmaba que la
universidad, igual que la iglesia y las fuerzas militares, son las más reacias
en transformarse, quizás debido a sus orígenes hegemónicos. Las tres son instituciones
de élite. A las otras dos no les interesa cambiar, porque al hacerlo solo les
quedaría un camino: desaparecer; pero la universidad, y más si es pública, debe
entender el papel formativo en relación con el contexto y con la historia, no
para amoldarse a ellos, sino para interpretarlos y “cambiar, cambiando”.
En
ese sentido, los procesos de los concursos docentes universitarios pueden ser
fuente de interpretación de las limitantes de una institución cuyos propósitos
deben ser la inclusión, la ética y la academia, conceptos contrarios a los que
priman: la exclusión, la deshonestidad y el enfoque administrativista. Para
todos es reconocido que una comunidad académica profesoral se fortalece
contando con docentes idóneos en sus disciplinas, trasparentes en su proceder y
responsables de sus actos formativos, no solo hacia afuera, sino hacia adentro.
El orden de enunciación de estos pilares no implica el orden de primacía.
Un breve panorama nacional
Los
concursos docentes de las universidades públicas colombianas han terminado
siendo un proceso que emula las triquiñuelas politiqueras de sus regiones, con
favorecimientos, construcción de indicadores evaluativos que no responden a las
necesidades básicas de la comunidad, tráfico de puntos que a última hora inflan
hojas de vida que se asemejan a las burbujas financieras con las que el mundo
del mercado nos roba los sueños, y exclusión del pensamiento crítico por medio
de talanqueras que tienen mucha relación con el fortalecimiento de la idea
“universidad empresa”. Prima entonces el perfil de un docente universitario que
produzca puntos, que publique en revistas indexadas, que ostente titulaciones y
que guarde un silencio respetuoso ante los organismos externos e internos que co-regulan
y deforman la esencia de la universidad.
Distractores
como el bilingüismo con una profunda y sospechosa inclinación por el inglés,
hacen que la comunidad universitaria se prive de profesores idóneos, como es el
caso del Universidad del Quindío en donde la prueba consta de 100 preguntas y
se excluye a quien no alcance un nivel del 60%, lo cual causa un efecto de
“plazas desiertas”.Así mismo, la “definición de perfiles con absurdas
características excluyentes” (ASPU Risaralda, 2013, p. 17), es otra de las estrategias
más usadas como en el caso de Universidad Tecnológica de Pereira; soportados en
normativas obtusas que favorecen a unos y elimina a otros.
Estos
elementos, entre otros más que necesitamos investigar y debatir a nivel
nacional, no es un problema solo de nuestro sistema educativo, es un problema
instalado en nuestros ethos ycampus debido a las lógicas globales que
los tecnócratas obedecen sin detenerse un momento a reflexionar. En Argentina,
por ejemplo, hace ya varios años se viene investigando el tema, y los hallazgos
parecen calcados a los padecidos hoy en Colombia. Veamos lo que concluye Da
Silva (2011):
El
régimen jurídico de los concursos docentes requiere un profundo debate y
reflexión, pues está en una profunda crisis debido a: 1) la lentitud, 2) la
falta de probidad de quienes los sustancian, 3) un mecanismo de selección en el
que prevalece la pertenencia a un partido político antes que los antecedentes
académicos y profesionales. […] Los concursos son procedimientos que pueden
prestarse a múltiples irregularidades. A veces, simplemente son la búsqueda de
un candidato predeterminado, la cual se advierte en la etapa de convocatoria,
es decir, en cuanto al armado del perfil del candidato buscado, en la elección
de determinados requisitos, en la ponderación de ciertos antecedentes en
desmedro de otros, lo que en definitiva enmascara un carácter subjetivo. También,
en esta etapa, se pueden apreciar anormalidades en la conformación del Jurado
que juzgará los antecedentes y examinará a los concursantes en las pruebas de
oposición.
Observemos
cualquier universidad colombiana y solo tendremos que extrapolar este estudio
para ratificarlo.
El caso de la Universidad del
Tolima
Tomando
como base el último concurso realizado para proveer plazas docentes de planta,
en la Universidad del Tolima, podemos evidenciar unos ejemplos que nos
demuestran el estado de la crisis de la comunidad académica. De entrada la elaboración de los perfiles no
se correspondieron a la necesidades reales de fortalecimiento de las líneas estratégicas
de la docencia, la investigación y la proyección social de la universidad, no
más basta decir que si ni siquiera se contaba con un Plan de Desarrollo, mucho
menos se iba a poder tener un norte real que resolviera la pregunta ¿hacia
dónde vamos? Aun así, los mismos mecanismo con que fueron elaborados esos
perfiles dejan en evidencia una fractura conceptual en torno a la definición
misma de los campos de acción de las disciplinas; por ejemplo, se grita a todo
pulmón en los rincones del discurso oficial-académico, que la universidad debe
propender por las inter-multi y transdisciplinariedad, pero cuando se elaboran
los perfiles quedamos atrapados en la ciega y solitaria disciplina. ¿No es
mejor tener un docente que sea capaz de movilizarse en los distintos
departamentos y facultades, que un esclavo de su pequeño campo de saber? Pues
sí, pero eso implica abrir los perfiles, oxigenar la academia con múltiples
miradas, pero esa acción sacrificaría “el amiguismo académico” que de entrada
elabora perfiles teledirigidos; en algunos casos, rumoran los docentes, solo
hizo falta la foto o el número de cédula en el perfil. Abrir los perfiles es un
acto en dirección de la democracia real, más aún si logramos deslindarnos de la
falsa idea de que existe una correlación directa entre titulaciones y
excelencia académica. Conocemos miles de casos de docentes, sobre todo
catedráticos, que no poseen maestrías o doctorados, pero su labor en el campo
de la docencia es fundamental para el sostenimiento del proyecto académico
universitario.
Otro
aspecto fundamental ocupan los mecanismos de evaluación que se implementan para
la selección del docente. Si de entrada el perfil excluye a muchos, los
parámetros de “medición” parecen ser los apuntes de un delirante abogado que
hace leyes para contradecir las que acaba de aprobar. Calificar la “actitud
pedagógica” no es más que generar un mecanismo para que te excluyan, o para que
te premien si eres amigo de los decanos o administradores de turno, porque esa
“actitud pedagógica” no es algo concreto que se pueda evaluar, sino una
categoría abstracta con la que se puede operar de manera anti-ética. ¿Cómo
“valorar” la actitud pedagógica de un ingeniero Vs la actitud pedagógica de un
Licenciado? ¿A quién le puedo reclamar si considero que mi “actitud pedagógica”
fue mal valorada?
Aspecto
similar sufre esa categoría denominada “producción intelectual”, la cual
significa producción académica avalada por el sistema excluyente con
regulaciones como el Decreto 1279. Si Gabo hubiese querido ser docente universitario
de alguna asignatura como “Literatura latinoamericana”, su hoja de vida no
habría sido bien puenteada, pues su aporte intelectual no cumple los
estándares. Seguro algún joven doctorado en Literatura, cuyas disertaciones se
hubiesen basado en las obras de Gabo, lo superaría fácilmente.
La
designación de los evaluadores de hojas de vida y de saberes, es otra de las
fisuras con la que cuenta el concurso. Para el caso de la evaluación de hojas
de vida, aunque la Universidad el Tolima asume heterónomamente el Decreto 1279,
no tiene un Manual de Asignación de Puntaje, lo cual equivale a que el
evaluador navegue sin brújula. Para el
caso de los productos artísticos, por ejemplo, las formas de evaluación son demasiado
ambiguas. Y en el caso de la designación de los jurados nos encontramos ante
una sospechosa bruma de cambios a última hora, de manotazos antiéticos, de
preferencias y de amañamientos. Los nombres de los jurados deben ser publicados
incluso antes de que empiece el concurso y no deben ser alterados. El problema
se profundiza cuando observamos una comunidad fracturada, con tendencias a la
exclusión, con miedo al debate, en donde se confunden posturas políticas,
ideológicas y académicas, bajo el lema de enemigos.
El
siguiente ejemplo va como muestra de esta incoherencia que solo puede generar
sospechas: En la convocatoria IDEAD-P-10-16-1, el señor Carlos David Leal
Castro ocupó el puesto 32, con una calificación de 16.5 en hoja de vida. Este
mismo docente fue designado jurado, a última hora, del concurso CE-P-05-3. Las anomalías
que enuncio son las siguientes: Si se es concursante de alguna plaza, ¿no debería
declararse impedido para ser jurado? En los dos concurso me encontraba como
candidato, luego en uno él era mi contrincante y en el otro mi evaluador. En el
primer concurso le aventajaba por cerca de 12 puntos (en hoja de vida) pero en
el otro, de la Facultad de Educación, él me evaluaba. ¿Tiene esto alguna lógica?
Finalmente, al parecer, dicho jurado evaluaba mis conocimientos en
literatura y él es magister en educación. ¿Quién lo designó jurado? Las
reclamaciones serían infructuosas, solo deseo invitar a la reflexión con este
caso. Ojalá la Vicerrectoría Académica nos aclare este tipo de situaciones.
Ahora
bien, haciendo un breve análisis de las plazas ocupadas y declaradas desiertas,
obtenemos la siguiente tabla:
Figura
1. Análisis numérico del concurso docente UT-2013.
Fuente:
El autor
Para
empezar tenemos que el porcentaje de efectividad del concurso docente apenas fue
del 36.2% de manera global, pero hubo Facultades en donde no se superó el 20 %
(Salud, Tecnologías y Artes). Con un total de 63.8 de plazas desiertas la
convocatoria puede ser catalogada como “un fiasco académico-administrativo” ya
que de 105 plazas proyectadas solo tendremos, en el 2014, 38 docentes para
reforzar la planta académica de una universidad que requiere urgente contratar profesores de planta, más aun sabiendo que durante el 2014 se pensionarán cerca
de 70 maestros. Es decir, ni siquiera podemos tener docentes necesarios para
suplir las vacantes que quedarán.
Mención
aparte merecen esas Facultades en donde las plazas desiertas superan el 70%
(Administración, Salud, Tecnologías y Ciencias Humanas y Artes). ¿Los
responsables darán explicaciones? El problema no es de simples números y
porcentajes, es de la necesidad que tiene la Universidad del Tolima de
contratar docentes de planta. ¿Qué les diremos a los estudiantes? ¿Y los costos
del concurso? Se pagaron honorarios para jurados, hoteles, aviones, etc.
Faltan
muchos más elementos de análisis. Esperamos que como comunidad no nos limitemos
a “comentar en los pasillos”, sino que asumamos este concurso como un escenario
de aprendizaje. Ojalá que el miedo a la crítica y la denuncia no impida que empecemos
a transformar la vida docente de nuestra universidad, porque si no aprendemos
las lecciones académicas de este proceso, posiblemente la próxima convocatoria
será otro fracaso como el aquí evidenciado. No vale el argumento que suele
primar: “es que la oposición todo lo critica”, son los hechos, los números y la
cotidianidad quienes nos muestra la real crisis de comunidad académica de la Universidad del Tolima.
--------
Referencias
bibliográficas
ASPU
RISARALDA. (2013) ¿Concurso docente o
ingreso indecente? En: La palabra.
No. 2. Septiembre de 2013, pp. 16-19.
