Por: Carlos Arturo Gamboa B.
Docente Universidad del Tolima
No se puede
pretender que los problemas de muchas décadas se resuelvan en seis meses, es
ingenuo creerlo y bastante obtuso exigirlo. No obstante, como dice la sabiduría
popular, en el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Así que, pasados
seis meses del nuevo Ministerio de Educación, ya podemos ir atreviendo algunas
ideas de lo que puede llegar y no llegar a suceder con el sistema educativo del
país.
Varias
intervenciones del ministro Alejandro Gaviria han marcado el discurso hacia
necesidades urgentes de cambios estructurales: modificar la ley de
transferencias para las universidades públicas, rediseño del sistema
burocrático de aseguramiento de la calidad, reforma a la Ley 30, implementación
de un sistema educativo que atienda lo rural, modelo operacional que garantice
una educación de excelencia y equidad, entre otros aspectos, parecen ir en el
rumbo deseando y necesario.
Por su parte, la
creación de nuevas universidades, -la del Tarra es la primera de las 34
enunciadas-, parece contradecir otros postulados, sobre todo los del Ministerio
de Hacienda y su agónica consecución de recursos frescos. ¿Es acertado crear
nuevas universidades cuando se pueden invertir esos recursos en fortalecer las
existentes y garantizar la cobertura de los nuevos 500 mil cupos que se
plantean como meta? He ahí un gran debate.
El país necesita
ampliar la cobertura de educación superior, pero no en las grandes ciudades y
las intermedias, sino especialmente en los márgenes. Miles de kilómetros
cuadrados de territorio no ha tenido acceso a educación y ahí está la necesidad
inmediata. Pero no se trata solamente de llevar programas de formación, sino
que los mismos sean pertinentes y estén articulados a las vocaciones
productivas de las regiones para evitar la migración de profesionales. Así
mismo, los programas deben enfocarse en atender una propuesta de formación para
el siglo XXI, con un alto contenido humanista y con el objetivo de que esos
nuevos sujetos formados impacten de manera positiva en los campos culturales,
económicos y sociales a lo largo y ancho del país.
Del mismo modo,
el campo de los posgrados debe regularse en cuanto a enfoques y costos, no se
puede seguir manteniendo un sistema ad
hoc que se convirtió, por ausencia de recursos, en la vía de consecución de
ingresos monetarios para las universidades públicas. La formación posgradual es
clave para el afianciamiento de una cultura investigativa, camino viable para
coadyuvar a la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas de una nación.
Actualmente muy pocos posgrados cumplen esa función, los impactos reales de la
investigación en la solución de problemas concretos del país están en deuda.
Otro aspecto
vital es la reformulación de la gobernanza de las universidades, buscando un
equilibrio que le permita a las mismas hacer uso real de su autonomía, pero
dentro de un marco Constitucional claro que regule las arbitrariedades
históricas de los grupos de poderes locales que han llenado la historia
universitaria de Colombia de casos lamentables de corrupción. Es urgente que
las universidades de corte regional dejen de ser fortines de gobernadores de
turno y que los representantes en los senos de los Consejos Superiores actúen
ligados de las necesidades reales y concretas de las comunidades, no sometidos
a los vaivenes de las casas políticas de turno. De no actuar en ese campo, las
reformas que se planteen y las políticas bienpensadas no surtirán efecto en el
mundo universitario, ya que los intereses particulares seguirán primando sobre
las necesidades colectivas para lo cual tienen sentido lo público.
Por lo observado
hasta ahora, no se encuentran indicios de intervención directa en estas
reformas estructurales. Si el Ministerio de Educación empieza a congraciarse
con los gamonales de las regiones y no hay una línea política clara que acelere
las transformaciones, terminaremos matando la ilusión del cambio.
Las
universidades requieren soportes financieros, pero necesita, a la par, repensar
su razón de ser en el marco del proyecto de un nuevo país. La universidad
actual es paquidérmica, anquilosada en viejas estructuras burocráticas en donde
los pactos silenciosos dan cabida a la petrificación de las acciones que le
competen. La universidad tiene como obligación pensarse a sí misma y ayudar a
pensar el país, poner a la disposición de la sociedad el gran cúmulo de saberes
y conocimientos que ostente, para ello debe abandonar su carácter prepotente y
volcarse a la realidad, de lo contrario seguiremos asistiendo a su lenta
desaparición.
No todo es tarea
del ministro y el ministerio, pero las acciones y los ejemplos que desde allí
se articulen podrán marcar el derrotero, y aunque el balance discursivo de
estos seis meses es positivo, serán las acciones concretas las que allanen el
camino que debemos recorrer.
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