Por: Carlos Arturo Gamboa Bobadilla
La realidad
La pandemia sigue, sus efectos crecen. Lejos se
dibujan los panoramas de solución para el coronavirus en el territorio
colombiano, basta con revisar las medidas que se han implementado en los pocos
días de este 2021, para observar que se sigue actuando casi a la ciega.
El Sistema Educativo Público ha logrado sobrevivir
con mil afugias[1].
El año 2020 puso sobre el tintero nuevos retos educativos que las Instituciones
(en todos sus niveles) lograron ir sorteando para garantizar el derecho a la educación.
Los docentes asumieron tareas de actualización y apuestas pedagógicas con el
fin de responder al reto de educar remotamente. Los estudiantes asumieron la necesidad
de continuar en el nuevo modelo. Muchas instituciones ofrecieron planes de bienestar
universitario que incluyeron conectividad y herramientas tecnológicas
(tabletas, pc). El gobierno hizo algunas apuestas de ayudas que en algo
contribuyeron, pero, como siempre fueron escasas frente a las enormes necesidades.
Mientras tanto el gasto militar continuó como si nada, igual el derroche en
burocracia y en lavado de imagen presidencial.
Llegado el año nuevo sólo hay silencio frente a
las necesidades educativas que se aproximan. Desde el Ministerio le apostaron
al retorno con alternancia, estrategia que se ha venido derrumbando frente a la
dura realidad del crecimiento del número de contagiados y el precario sistema de
salud que en poco se ha visto robustecido en un año de pandemia. Los hogares cada vez
pierden más poder adquisitivo y la educación no forma parte de la canasta
básica de los hogares, por el contrario, es un servicio suntuoso.
El panorama universitario
Ante la ausencia de una política estatal vigorosa
que respalde el sistema publico educativo del país, las universidades tuvieron
que zozobrar la tormenta. Muchas lograron solventar sus finanzas en una apuesta
de corto plazo (semestres A y B de 2020). Realizaron descuentos en matrículas,
dieron subsidios, aumentaron impactos de becas, financiaron semestres, entre otras estrategias.
Pero el crecimiento de la desfinanciación del sistema que viene en constante
aumento desde la expedición de la Ley 30, genera que las universidades no
pueden sostener una crisis que se desplaza en el tiempo y crece de manera
exponencial.
Si los indicadores de cobertura en educación
superior lograron solventarse medianamente durante lo corrido de la pandemia, (desde el
2019 presentaban la mayor caída en 18 años),[2]
lo que se avizora para este nuevo año es un descenso alarmante, sobre todo en
el nivel de posgrados. Y esa responsabilidad no se le puede dejar solamente a
las universidades, ya que ellas están en números negativo ante la ausencia de
nuevos ingresos por venta de servicios y otras actividades, esto debido a que
el “mercado de servicios educativos” también cayó abruptamente.
Es decir, estamos de cara una realidad
contundente, o el gobierno y su Ministerio de Educación asumen la responsabilidad
de financiar el sistema para mantener los estudiantes matriculados y recibir
los nuevos, o las universidades tendrán que trasladar ese costo a las familias.
Como lo último no es una opción, se tendrá que sacrificar la cobertura y con
ello el derecho a la educación. Se acaba enero y no se ven propuestas para
darle vida al primer semestre y el descontento crece al ritmo de las necesidades.
El caso de la Universidad del Tolima
Gracias al buen manejo de las finanzas internas que se ha venido dando en los últimos años, se inició el año 2020 con un mediano superávit y, a partir de allí, la Universidad del Tolima pudo crear un plan de
choque que, conjuntamente con los aportes de la Gobernación y el MEN, permitió soportar inscripciones y matrícula gratuitas durante dos semestres.
Esto favoreció a cerca de 20 mil estudiantes de pregrado con matrícula cero. Los más de mil estudiantes de posgrado también obtuvieron descuentos hasta del 40 %.
Es necesario aclarar que, junto al saneamiento
financiero que permitió superar un déficit que arrastraba desde el 2015, también
hubo austeridad del gasto durante todo el año. Además, se lograron redireccionar algunos
dineros que por el nuevo método de trabajo (mediado) no podían ejecutar como gastos por servicio de restaurante, pago de algunas infraestructuras en arriendo, viáticos, salida a prácticas,
participación académica nacional e internacional de docentes, entre otros
rubros.
Por el otro lado, crecieron los rubros de
gastos en bienestar para estudiantes, apoyos a los docentes en capacitación, adquisición
de paquetes y soportes tecnológicos, becas y demás ayudas que garantizaran la matrícula
cero. Un gran esfuerzo que se convirtió en ejemplo nacional. Siendo justos el
gobierno departamental y el MEN concurrieron y de esa manera se pudo cumplir la
labor misional de la UT.
La coyuntura del 2021
Hace varios meses el gobernador del Tolima, Ricardo
Orozco, anunció que asumiría la matrícula cero hasta el año 2023 de la
Universidad del Tolima y el ITFIP,[3]
lo que ese titular no dejaba claro era el cómo. Luego se supo en detalle que
esa propuesta cobijaría los estudiantes de estratos 1 y 2 solamente en el
Tolima y hasta el momento no se sabe exactamente quiénes y cuántos serán los beneficiados.
No creo que el problema actual sea de estratos, es un problema integral que
necesita soluciones sistémicas, conduciendo a que la matrícula cero se convierta en
política de Estado.
La apuesta política del gobernador, pareciendo loable,
segmenta la Universidad del Tolima y de tajo genera un problema de inequidad,
pues la UT cuenta con presencia de estudiantes en nueve departamentos del país, de los cuales ocho quedan por fuera de su propuesta. Igual el gobernador comete
un error a no trabajar en conjunto con el MEN para darle la cobertura en
bienestar a toda la población, lo cual genera un tinte populista en su propuesta, más allá del
diseño de una solución integral y duradera. A la hora del desembolso veremos de cuánto se
trata el nuevo aporte, que debe ser adicional y muy superior al que le corresponde por ley.
En ese sentido, considero que el Gobierno departamental no debe
condicionar estos recursos a determinada población porque los estudiantes
se matriculan en la Universidad del Tolima, no en la gobernación. En los otros departamentos
los aportes han sido escasos, cuando no nulos. Recientemente el gobernador de
Risaralda, en donde la UT tiene cerca de 500 estudiantes, anunció el apoyo para
apenas el 10 % de ellos (48 cupos). Algunos municipios en donde hacemos
presencia empiezan tímidamente a estudiar posibilidades de apoyo a los
estudiantes, pero de ahí no avanzan. Se podría alegar que las apuestas en
gasto público son prioridad para salud, prevención y ayudas económicas, aunque en
muchos casos no se ven tampoco sus verdaderos impactos.
En ese sentido, nos encontramos ante una
disyuntiva, debemos avanzar en la consolidación de la matrícula cero si
queremos garantizar el derecho a la educación, pero la Universidad del Tolima
ya no cuenta con los recursos propios para financiar más allá de las becas, la inscripción
cero para pregrado y posgrado y los descuentos en posgrados, así como las
políticas de bienestar que siguen creciendo. Si el gobierno nacional no asume
la cifra restante nos encontraremos ante un panorama en el cual unos
estudiantes no pagarán su matrícula y otros si, esto ocurriría en las dos modalidades;
claro que el mayor impacto sería para los estudiantes del IDEAD, sobre todo
para aquellos que están en las sedes por fuera del departamento del Tolima. En
ese sentido, sería mejor que con los nuevos recursos prometidos por la
gobernación se tramitara un descuento similar para todos y no caer en la estrategia
inequitativa de unos en la cama y otros en el suelo.
No obstante, la verdadera y definitiva solución
está en que, trabajando en conjunto el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental
asuman el pago total de la matrícula cero durante el año 2021 y que la
Universidad con sus esfuerzos financieros se encargue de suplir otros campos de
los gastos. No se trata solamente de tener las posibilidades de ingresar a la
universidad, sino que los docentes, estudiantes y personal administrativos deben
contar con las herramientas, insumos y escenarios pedagógicos adecuados para desarrollar
los procesos con excelencia, y para ello se necesita flujo de caja disponible.
El semestre está ad portas, los estudiantes ya reclaman justamente ayudas equitativas. Esperemos que la pandemia por fin haga entender a los gobiernos que la educación es prioritaria, más aún cuando vemos la gran fractura social y económica que se extiende angustiosamente sobre nuestros territorios.
[1] https://www.universidad.edu.co/lo-que-dejo-2020-de-herencia-a-la-educacion-superior-para-2021/
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