POR UNA ALTERNATIVA POLÍTICA A LA CRISIS DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL
Conclusiones de la Reunión Nacional, Bogotá, Diciembre de 2010
Los militantes y las militantes del movimiento social y del Polo Democrático Alternativo en Colombia que suscribimos esta declaración expresamos nuestra voluntad de conformar la Tendencia Socialista en Colombia y hacemos público las siguientes ideas y propuestas:
1. Crisis planetaria del capitalismo y perspectiva internacional
Manifestamos nuestra profunda convicción de que la crisis civilizatoria que padece hoy la humanidad es responsabilidad del capitalismo agresivo que degrada el trabajo, la vida, la naturaleza y la soberanía de las naciones y de los pueblos; generaliza el desempleo, reduce de manera drástica la calidad de vida de las poblaciones, propicia guerras por el control de territorios, desplaza comunidades, saquea los recursos naturales, impone un sistema destructor de la vida mediante grandes inversiones en combustibles fósiles contaminando el planeta al extremo de producir la mayor crisis ambiental que ha puesto en riesgo la existencia misma de la vida y de la humanidad.
La crisis económica y social que viven millones de trabajadores y ciudadanos, es el resultado de la globalización neoliberal, la cual es gestionada por las elites financieras internacionales que imponen planes drásticos de ajuste, destruyen las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones y desmontan sistemáticamente el ya precario “Estado social de Derecho” eliminando las garantías laborales y sociales y los derechos fundamentales que han sido conquistados mediante luchas y movilizaciones democráticas. Los planes de ajuste diseñados por el Fondo Monetario Internacional y los avalados por el G-20 vienen siendo cuestionados en Europa con grandes movilizaciones de masas. Las huelgas generales de Grecia, España y Francia, así como las manifestaciones estudiantiles, han despertado la simpatía y el apoyo de la ciudadanía, confirmando una vez más la capacidad de resistencia y lucha de los “de abajo” que enfrentan con organización, estrategias y movilización los dictados del capital.
Estas resistencias han puesto de presente la necesidad de encontrar salidas políticas. En este sentido, nos declaramos partidarios de la construcción de una organización internacional anticapitalista de masas que responda a los retos de la crisis global del capitalismo. A nuestro entender, este propósito debe contar con un amplio debate programático en las organizaciones de izquierda y del movimiento social. Ante el vergonzoso papel de aliado secundario del neoliberalismo por parte de la socialdemocracia y del transfuguismo del centro-derecha, y tras el fracaso del “socialismo real”, propugnamos recuperar la estrategia del socialismo anticapitalista, democrático, ecologista, feminista y raizal. Nos declaramos partidarios de abrir amplios espacios de discusión programática de carácter nacional e internacional y crear procesos organizativos de masas a fin de diseñar una estrategia de resistencia y lucha para enfrentar el Imperio, el dominio del capital, las violencias y la injusticia social.
La Tendencia Eco-Socialista y muchas otras expresiones del ideario socialista revolucionario, como la autogestión democrática de la sociedad, apuntan en esa perspectiva y por ello se declaran partidarias de la diplomacia entre los pueblos. Expresamos nuestra solidaridad con las luchas de los trabajadores y trabajadoras y de las poblaciones en contra de los planes de ajuste fondomonetarista, así como expresamos nuestro apoyo a los pueblos agredidos por el imperialismo. Manifestamos nuestra solidaridad con los procesos soberanos de los pueblos y gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina.
Nos constituimos también como una expresión política en franca oposición a toda forma de capitalismo verde, incluyendo las fórmulas del desarrollo sostenible de cuño neoliberal fomentadas por la Unión Europea, el Banco Mundial y el sistema de Naciones Unidas. Asimismo, nos identificamos y comprometemos con las formas de autogobierno local inspiradas en la democracia radical, la profundización de la igualdad, las formas solidarias de economía campesina e indígena, y las cosmovisiones o practicas que impulsan una sostenibilidad ambiental radical en sus territorios. Finalmente, apoyamos y desarrollamos los valores morales, éticos y culturales de los pueblos latinoamericanos, empeñados en transformar nuestras relaciones instrumentales con la tierra, la vida y los seres humanos, y todas aquellas expresiones culturales que usualmente regulan, administran y planifican los procesos de resolución de los problemas sociales, profundizando los valores del capital global y sus formas de gobernanza que agreden la dignidad humana.
2. El gobierno de Santos profundiza el neoliberalismo y entrega los territorios al gran capital
El gobierno de Santos profundiza el modelo de neoliberal. Ha presentado al Congreso de la República la propuesta de reforma constitucional denominada de “sostenibilidad fiscal” mediante la cual se prioriza el pago de la deuda pública a los grandes banqueros sobre el gasto social, destruyendo los pocos vestigios del “Estado de Derecho” e instaurando la constitucionalización de los planes de ajuste como política de Estado. Mediante esta reforma la responsabilidad del Estado en política social queda expuesta a mayores privatizaciones, y a merced del asistencialismo y de la filantropía. La reforma a la salud que acaban de aprobar las fuerzas parlamentarias alineadas en el “Acuerdo nacional” además de acentuar la mercantilización, elimina el mecanismo de la tutela, conquista democrática de la ciudadanía. La venta de un 10% adicional de las acciones de Ecopetrol es una decisión política de la privatización de las áreas estratégicas de la economía del país. En las regiones continúan la política de “confianza inversionista” que significa, entre otras, la centralización de las “regalías” en beneficio del gran capital; aumenta las concesiones en hidrocarburos y minería que alcanzan en la actualidad el 80% de la Inversión Extranjera Directa; preserva, igualmente, el proyecto hacendista de Palma aceitera diseñado por el gobierno anterior bajo el lema de alcanzar 6 millones y medio de Hectáreas en el 2019 y construir las grandes represas en diversos puntos de la geografía nacional.
Los eco-socialistas y otras corrientes partidarias del socialismo democrático, nos oponemos al modelo extractivo de recursos naturales no renovables lo cual permite que nos articulemos al gran movimiento alternativo, cada vez más amplio, que apuesta por la transformación del modelo energético basado en la utilización de combustibles fósiles que significa la muerte de la vida, del agua, de la soberanía alimentaria y de la autonomía de las poblaciones. Nuestra propuesta consiste exigir en lo inmediato el compromiso de los gobiernos y grupos transnacionales de reducir la emisión de gases contaminantes sobre la atmosfera a riesgo de seguir acelerando el calentamiento global que lleva al planeta a un deterioro irreversible. Aunque las empresas multinacionales y los gobiernos que las representan siguen desconociendo estas exigencias, tal como se confirmó recientemente en Cancún, México, los pueblos y movimientos sociales insisten en una política de defensa de la vida, del agua, de la naturaleza y de la dignidad humana.
La catástrofe ambiental y climática que vive actualmente Colombia representa una tragedia para las poblaciones y sectores socialmente menos protegidos. Las enormes pérdidas humanas, sociales y económicas, confirman el deterioro ambiental global y la errática política estatal de la deforestación de las cuencas de los ríos, de las zonas boscosas y de los territorios generadores de fuentes de agua. De igual manera, nuestra propuesta consiste en exigir normas que impidan que los propietarios de la ganadería extensiva sigan explotando las riveras de los ríos y de las ciénagas; propendemos la democratización de la propiedad y el uso de la tierra. La tragedia que ha devastado la mayor parte del territorio nacional y que ha condenado a la desesperanza a más de dos y medio millones de colombianos ratifica igualmente la inequidad de la sociedad colombiana y la hipocresía de la oligarquía que mediante campañas caritativas, encubre el paupérrimo alza del salario mínimo para más de 4 millones de personas y sume a 7 millones en el desempleo. La mayor parte de los damnificados son habitantes pobres de campos y ciudades ubicados en zonas vulnerables, sin vivienda adecuada, carente de infraestructura y saneamiento básico, y asistencia estatal.
Nos pronunciamos en contra del modelo extractivo porque devasta el hábitat de las comunidades étnicas y campesinas, porque destruye el ciclo del agua que es el ciclo de la vida y porque erosiona suelos que debieran servir a la producción de alimentos y garantizar la soberanía alimentaria. Por las mismas razones nos oponemos a la producción extensiva de palma aceitera y a la construcción de represas. En conjunto, estas inversiones expresan un modelo económico basado en el control corporativo de los grandes grupos financieros extranjeros y nacionales sobre los territorios, soportado en el terror de Estado, el para-militarismo y la militarización de las poblaciones.
Los Eco-socialistas promovemos la democracia real en los territorios; somos partidarios de
los derechos de las comunidades que históricamente los han habitado, y tienen el mandato de decidir y gestionar autónomamente sus recursos. Propendemos la creación de reservas campesinas agroalimentarias auto -sostenibles, apoyadas con presupuestos públicos y por un reordenamiento territorial basado en las necesidades de las poblaciones y que garantice la preservación de la naturaleza y la biodiversidad. Consideramos que en los planes de vida de los pueblos indígenas, en los mandatos agrarios y en las iniciativas campesinas, en las conclusiones de los Cabildos y del Congreso de los Pueblos se encuentran los fundamentos de un programa alternativo, y que a la vez posibilitan su unificación. Reafirmamos la convicción, para el logro de estos objetivos, de abrir un escenario de solución política al conflicto armado, lo que implica el impulso de un frente amplio de todos los colombianos afectados por estas políticas destructivas de la vida y del ecosistema. Respaldamos las luchas de los sindicatos, organizaciones barriales, estudiantes que demandan autonomía, financiación y democratización del conocimiento en beneficio de la sociedad, defensores de la salud pública, usuarios del crédito de vivienda. El propósito es la unificación en una plataforma común y el diseño de un plan de movilizaciones y resistencia.
Expresamos nuestra solidaridad con las luchas sociales y comunitarias en varias regiones del país en contra de la devastación territorial; con los trabajadores de la caña de azúcar en el valle geográfico del Río Cauca que enfrentan persecuciones laborales y judiciales por parte de los dueños del megaproyecto del azúcar y el etanol; respaldamos las comunidades que resisten en el departamento del Huila, en la zona del Quimbo en contra del proyecto de la multinacional ENDESA—EMGESA--ENEL que se propone construir una represa que condena a la población al destierro; con los que se oponen a la construcción de represas en Ituango, Hidrosogamoso, Santurbán; con las organizaciones sociales y cívicas que se oponen a la explotación minera a cielo abierto en “La Colosa”, Cajamarca, Tolima; con la asociación campesina de Inzá, Cauca en el macizo colombiano que enfrenta el poder de los terratenientes y las concesiones mineras; con las comunidades afro-descendientes que en el Pacífico exigen sus territorios ancestrales. Respaldamos la Jornada Nacional contra los Megaproyectos y por la defensa de los territorios convocada para el 14 de Marzo del 2011 y la marcha nacional de mujeres campesinas propuesta para el primer trimestre del año entrante. También impulsamos una visión y un trabajo político con equidad de género, que posibilite a las mujeres una participación realmente democrática en la construcción de propuestas y en la toma de decisiones. Por ello damos especial importancia a los espacios que se inscriben en la perspectiva de unificar resistencias en Latinoamérica con perspectiva de género y consecuentes con ello, convocamos a la Conferencia Mundial de Mujeres que se realizará en Caracas el 8 de Marzo del 2011.
3) El supuesto reformismo del gobierno de Santos
Manteniendo los lineamientos centrales del anterior gobierno, Santos intenta una política de legitimación del régimen político y de adecuación de la política exterior al actual contexto internacional. En esta materia y en el poco tiempo que lleva su mandato, Santos ha atendido la grave crisis internacional que suscitó el gobierno de Uribe con Ecuador y Venezuela al tiempo que procura un protagonismo en UNASUR. Detrás de este giro en política exterior existen muchos intereses económicos, comerciales y políticos. El arreglo diplomático con los países fronterizos ha servido para recuperar el monto importante de divisas por concepto de exportaciones en momentos en que la economía norteamericana se encuentra en recesión y ha abierto posibilidades a nuevos mercados, particularmente en Asia. La promoción de María Emma Mejía a la secretaría general de UNASUR y las gestiones bilaterales de la cancillería previas a esta propuesta, confirmaron que existe un interés del gobierno de Santos por ganar credibilidad internacional y actuar como “caballo de Troya” conformando un bloque con los gobiernos de México, Perú y Chile, portavoces de la diplomacia estadounidense en la región y tratar de hegemonizarlo.
Entre tanto la incondicionalidad gubernamental con Estados Unidos permanece intacta: en lo militar, asesoría directa a la llamada “seguridad democrática”, ejecución de Plan Colombia, fumigaciones indiscriminadas en zonas agrarias. Hasta tal punto llega la presencia directa de tropas norteamericanas que ingenieros militares aparecieron en público ofreciendo asesoría altruista para resolver el problema de inundaciones en el Canal del Dique. En materia comercial el gobierno busca obtener la prolongación de las preferencias arancelarias mientras espera la aprobación del TLC por parte del Congreso estadounidense de mayoría republicana.
En el plano nacional, Santos ha intentado legitimar las instituciones a través del llamado “Acuerdo de Unidad Nacional” el cual empezó con un consenso parlamentario entre los partidos de la coalición de gobierno y resolvió el conflicto institucional entre el Presidente de la República y la Rama Judicial. Este propósito legitimador intenta incluir de manera corporativa, varios sectores de la burocracia sindical y líderes de algunas organizaciones populares, para cogestionar la política neoliberal. Prueba de ello es el ofrecimiento del Ministerio del Trabajo al actual Presidente de la CGT y el apoyo gubernamental a la OPIC en el caso de los indígenas y a “Nuevo Liderazgo” en el de los campesinos. Esta política pretende, en lo social, dividir al movimiento popular. En lo ideológico busca consolidar la hegemonía del ideario neoliberal. Estamos en presencia de una versión endógena del “transformismo” político, el cual surge en una correlación de fuerzas desfavorable para el movimiento social y popular, y en donde el Establecimiento rechaza cualquier compromiso con las clases subalternas. Su pretensión es integrar el movimiento popular y hacerlo funcional a la lógica del capital y domeñar cualquier proyecto alternativo surgidos de “desde los de abajo”. Los líderes de este “transformismo”, desmoralizados por varias derrotas, sufridas en décadas anteriores y corrompidos por el gran capital, han pasado a las filas de la burguesía y del Imperio. Semejante “transfuguismo” merece nuestro repudio.
Un elemento complementario de esta estrategia legitimadora lo constituye el proyecto de “ley de víctimas” dentro del cual, el problema de los desplazados se presenta como si se tratara de la restitución plena de las tierras usurpadas por el paramilitarismo en las últimas décadas. A todas luces, esta hipótesis es falsa. El Ministro de agricultura al presentar el proyecto ha prometido la restitución de un millón de hectáreas en un lapso de varios años, desconociendo el reciente informe de la “Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado” que coordina Luis Jorge Garay, y concluye que el despojo de las tierras supera los 6,6 millones de hectáreas. La evidente diferencia de tierras apunta a propiciar el protagonismo de los grandes inversionistas nacionales y extranjeros que recibirán estos campos a título de concesión. De hecho, el Estatuto Rural que impulsó el gobierno de Uribe y que fue derogado por la Corte Constitucional por no haber cumplido con el requisito de la consulta previa a las comunidades étnicas, incluye las Zonas de Inversión Empresarial, figura jurídica mediante la cual se entregaban por concesión y a perpetuidad las tierras fértiles a los capitalistas rurales en toda la geografía nacional. Después de la aprobación de la ley de víctimas, los discursos oficiales se orientan a justificar ante el Congreso de la República una versión similar al Estatuto Rural uribista. Adicionalmente, las tierras devueltas estarán condicionadas a que los campesinos de manera obligatoria se asocien en proyectos vinculados con la agro-exportación, los cluster empresariales y las cadenas productivas de las grandes empresas transnacionales. El proyecto persigue la formalización del mapa de la propiedad rural “post-conflicto”, el mapa del despojo, para adecuar el mercado de tierras a las exigencias de la globalización neoliberal tanto en inversiones agro-exportadoras como en la explotación de hidrocarburos y minerales. Esta adecuación, a su vez, es el escalón previo a la titularización financiera de la producción y comercialización de la agricultura. En el diseño gubernamental el mercado de capitales encontrará otra área de expansión en el campo globalizado y los operadores financieros en las bolsas de valores saludarán las nuevas posibilidades de negocios que abren los derivados agrícolas.
Sin embargo, a causa de la presión internacional, de las denuncias sobre la violación sistemática a los derechos humanos en el campo y el hecho de ostentar el vergonzoso título de ser el segundo país en el mundo en número de desplazados internos, el actual gobierno se ha visto obligado a reconocer el destierro de millones de compatriotas y promete con el retorno a sus lugares de origen. Insistimos que se trata de una política residual, secundaria, cuyo objetivo principal es legitimar la transición a la globalización de la agricultura.
4)La crisis del Polo Democrático Alternativo y la Tendencia Eco-socialista
La grave crisis por la que atraviesa el PDA obedece en primer lugar a la conspiración envolvente orquestada desde el poder del establecimiento político, el cual ha utilizado todos los medios para destruir la oposición política e impedir las posibilidades de gobierno de la izquierda democrática. Lamentablemente este proceso destructivo contó con el apoyo de dos factores que han minado sus posibilidades históricas: a) la conducta de Gustavo Petro se desplazó hacia el centro-derecha y se ha empecinado en un “acuerdo político” con las élites. Su salida es sólo una solución parcial que devela las intenciones del Establecimiento. b) la incondicionalidad del Comité Ejecutivo Nacional con la Alcaldía de Samuel Moreno ante las graves acusaciones de corrupción y clientelismo; de otra parte, durante su mandato el alcalde Moreno se ha caracterizado por desligarse del Partido en la definición de sus políticas, violando los compromisos adquiridos desde cuando se oficializó su candidatura. Además, su gobernabilidad está inscrita dentro del modelo de ciudad neoliberal y clientelista que impulsaron las anteriores administraciones.
La crisis del Polo contiene diversos problemas estructurales. El PDA desde su origen ha sido un frente de partidos y organizaciones políticas que surgió por necesidad de las exigencias legales para la participación electoral. Hasta ahora no ha trascendido de su proyecto electoral. Ello explica en parte la sistemática ausencia de organicidad que se compensa con una severa centralización burocrática donde predominan el parlamentarismo y el clientelismo. Su funcionamiento ha sido reducido al logro de “consensos por arriba”, sin articulaciones con el movimiento social, sin reglas y respeto por la democracia de las bases y de los militantes. A pesar de sus limitaciones el PDA desempeña un papel muy importante en la transformación democrática de Colombia, y hoy es la única fuerza política de oposición con reconocimiento de masas y que como canal de expresión política es una formación de la organización y movilización de los ciudadanos y trabadores.
Los socialistas consideramos necesario defender el PDA como conquista política de los oprimidos. Para ello, proponemos en primer lugar declarar el estado de emergencia y promover la más amplia democratización. Valoramos la idea de llamar a todos y todas los militantes y simpatizantes a realizar asambleas locales y regionales amplias en dónde se discuta el actual estado de cosas y se formulen propuestas alternativas en la perspectiva de convocar el Congreso del PDA a más tardar en el primer semestre del 2011. El propósito es generar un giro político acorde con los retos y la complejidad de los problemas del momento político. Nuestra propuesta busca construir la máxima democratización y deliberación del partido para proyectar su potencia creadora. En este sentido, promovemos que la reunión de Dirección Nacional de enero 21del 2011 asuma los retos de la crisis, la organización del partido y la participación en la plataforma de lucha social, los procesos electorales y las reglas de juego para convocar el Congreso del Partido. Necesitamos un Polo que piense el país y trace una estrategia de lucha ante la política del Imperio y la globalización neoliberal. Requerimos una amplia movilización social contra el paquete de ajuste y un fortalecimiento de nuestra estrategia para enfrentar el Imperio, el gobierno neoliberal y el gran capital.
La Tendencia Eco-socialista y los socialistas en general, convocamos a la ciudadanía y a los trabajadores a hacer realidad estos propósitos.
Firman:
CORRIENTE ECOSOCIALISTA DE BOGOTÁ:
PRESENTES POR EL SOCIALISMO-CALI;
MOVIMIENTO 14 DE JUNIO:
CORRIENTE ECOSOCIALISTA VALLE DEL CAUCA:
CÍRCULOS SOCIALISTAS DE ANTIOQUIA : .
CORRIENTE ANTICAPITALISTA. IBAGUÉ-TOLIMA:
COLECTIVO SOCIALISTA DE TIERRA ADENTRO—CAUCA:
ESPACIO CRÍTICO—BARRANQUILLA:
COLECTIVO ECOSOCIALISTA-HUILA:
ASOCIACION JUVENIL BOICOT- META
Conclusiones de la Reunión Nacional, Bogotá, Diciembre de 2010
Los militantes y las militantes del movimiento social y del Polo Democrático Alternativo en Colombia que suscribimos esta declaración expresamos nuestra voluntad de conformar la Tendencia Socialista en Colombia y hacemos público las siguientes ideas y propuestas:
1. Crisis planetaria del capitalismo y perspectiva internacional
Manifestamos nuestra profunda convicción de que la crisis civilizatoria que padece hoy la humanidad es responsabilidad del capitalismo agresivo que degrada el trabajo, la vida, la naturaleza y la soberanía de las naciones y de los pueblos; generaliza el desempleo, reduce de manera drástica la calidad de vida de las poblaciones, propicia guerras por el control de territorios, desplaza comunidades, saquea los recursos naturales, impone un sistema destructor de la vida mediante grandes inversiones en combustibles fósiles contaminando el planeta al extremo de producir la mayor crisis ambiental que ha puesto en riesgo la existencia misma de la vida y de la humanidad.
La crisis económica y social que viven millones de trabajadores y ciudadanos, es el resultado de la globalización neoliberal, la cual es gestionada por las elites financieras internacionales que imponen planes drásticos de ajuste, destruyen las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones y desmontan sistemáticamente el ya precario “Estado social de Derecho” eliminando las garantías laborales y sociales y los derechos fundamentales que han sido conquistados mediante luchas y movilizaciones democráticas. Los planes de ajuste diseñados por el Fondo Monetario Internacional y los avalados por el G-20 vienen siendo cuestionados en Europa con grandes movilizaciones de masas. Las huelgas generales de Grecia, España y Francia, así como las manifestaciones estudiantiles, han despertado la simpatía y el apoyo de la ciudadanía, confirmando una vez más la capacidad de resistencia y lucha de los “de abajo” que enfrentan con organización, estrategias y movilización los dictados del capital.
Estas resistencias han puesto de presente la necesidad de encontrar salidas políticas. En este sentido, nos declaramos partidarios de la construcción de una organización internacional anticapitalista de masas que responda a los retos de la crisis global del capitalismo. A nuestro entender, este propósito debe contar con un amplio debate programático en las organizaciones de izquierda y del movimiento social. Ante el vergonzoso papel de aliado secundario del neoliberalismo por parte de la socialdemocracia y del transfuguismo del centro-derecha, y tras el fracaso del “socialismo real”, propugnamos recuperar la estrategia del socialismo anticapitalista, democrático, ecologista, feminista y raizal. Nos declaramos partidarios de abrir amplios espacios de discusión programática de carácter nacional e internacional y crear procesos organizativos de masas a fin de diseñar una estrategia de resistencia y lucha para enfrentar el Imperio, el dominio del capital, las violencias y la injusticia social.
La Tendencia Eco-Socialista y muchas otras expresiones del ideario socialista revolucionario, como la autogestión democrática de la sociedad, apuntan en esa perspectiva y por ello se declaran partidarias de la diplomacia entre los pueblos. Expresamos nuestra solidaridad con las luchas de los trabajadores y trabajadoras y de las poblaciones en contra de los planes de ajuste fondomonetarista, así como expresamos nuestro apoyo a los pueblos agredidos por el imperialismo. Manifestamos nuestra solidaridad con los procesos soberanos de los pueblos y gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina.
Nos constituimos también como una expresión política en franca oposición a toda forma de capitalismo verde, incluyendo las fórmulas del desarrollo sostenible de cuño neoliberal fomentadas por la Unión Europea, el Banco Mundial y el sistema de Naciones Unidas. Asimismo, nos identificamos y comprometemos con las formas de autogobierno local inspiradas en la democracia radical, la profundización de la igualdad, las formas solidarias de economía campesina e indígena, y las cosmovisiones o practicas que impulsan una sostenibilidad ambiental radical en sus territorios. Finalmente, apoyamos y desarrollamos los valores morales, éticos y culturales de los pueblos latinoamericanos, empeñados en transformar nuestras relaciones instrumentales con la tierra, la vida y los seres humanos, y todas aquellas expresiones culturales que usualmente regulan, administran y planifican los procesos de resolución de los problemas sociales, profundizando los valores del capital global y sus formas de gobernanza que agreden la dignidad humana.
2. El gobierno de Santos profundiza el neoliberalismo y entrega los territorios al gran capital
El gobierno de Santos profundiza el modelo de neoliberal. Ha presentado al Congreso de la República la propuesta de reforma constitucional denominada de “sostenibilidad fiscal” mediante la cual se prioriza el pago de la deuda pública a los grandes banqueros sobre el gasto social, destruyendo los pocos vestigios del “Estado de Derecho” e instaurando la constitucionalización de los planes de ajuste como política de Estado. Mediante esta reforma la responsabilidad del Estado en política social queda expuesta a mayores privatizaciones, y a merced del asistencialismo y de la filantropía. La reforma a la salud que acaban de aprobar las fuerzas parlamentarias alineadas en el “Acuerdo nacional” además de acentuar la mercantilización, elimina el mecanismo de la tutela, conquista democrática de la ciudadanía. La venta de un 10% adicional de las acciones de Ecopetrol es una decisión política de la privatización de las áreas estratégicas de la economía del país. En las regiones continúan la política de “confianza inversionista” que significa, entre otras, la centralización de las “regalías” en beneficio del gran capital; aumenta las concesiones en hidrocarburos y minería que alcanzan en la actualidad el 80% de la Inversión Extranjera Directa; preserva, igualmente, el proyecto hacendista de Palma aceitera diseñado por el gobierno anterior bajo el lema de alcanzar 6 millones y medio de Hectáreas en el 2019 y construir las grandes represas en diversos puntos de la geografía nacional.
Los eco-socialistas y otras corrientes partidarias del socialismo democrático, nos oponemos al modelo extractivo de recursos naturales no renovables lo cual permite que nos articulemos al gran movimiento alternativo, cada vez más amplio, que apuesta por la transformación del modelo energético basado en la utilización de combustibles fósiles que significa la muerte de la vida, del agua, de la soberanía alimentaria y de la autonomía de las poblaciones. Nuestra propuesta consiste exigir en lo inmediato el compromiso de los gobiernos y grupos transnacionales de reducir la emisión de gases contaminantes sobre la atmosfera a riesgo de seguir acelerando el calentamiento global que lleva al planeta a un deterioro irreversible. Aunque las empresas multinacionales y los gobiernos que las representan siguen desconociendo estas exigencias, tal como se confirmó recientemente en Cancún, México, los pueblos y movimientos sociales insisten en una política de defensa de la vida, del agua, de la naturaleza y de la dignidad humana.
La catástrofe ambiental y climática que vive actualmente Colombia representa una tragedia para las poblaciones y sectores socialmente menos protegidos. Las enormes pérdidas humanas, sociales y económicas, confirman el deterioro ambiental global y la errática política estatal de la deforestación de las cuencas de los ríos, de las zonas boscosas y de los territorios generadores de fuentes de agua. De igual manera, nuestra propuesta consiste en exigir normas que impidan que los propietarios de la ganadería extensiva sigan explotando las riveras de los ríos y de las ciénagas; propendemos la democratización de la propiedad y el uso de la tierra. La tragedia que ha devastado la mayor parte del territorio nacional y que ha condenado a la desesperanza a más de dos y medio millones de colombianos ratifica igualmente la inequidad de la sociedad colombiana y la hipocresía de la oligarquía que mediante campañas caritativas, encubre el paupérrimo alza del salario mínimo para más de 4 millones de personas y sume a 7 millones en el desempleo. La mayor parte de los damnificados son habitantes pobres de campos y ciudades ubicados en zonas vulnerables, sin vivienda adecuada, carente de infraestructura y saneamiento básico, y asistencia estatal.
Nos pronunciamos en contra del modelo extractivo porque devasta el hábitat de las comunidades étnicas y campesinas, porque destruye el ciclo del agua que es el ciclo de la vida y porque erosiona suelos que debieran servir a la producción de alimentos y garantizar la soberanía alimentaria. Por las mismas razones nos oponemos a la producción extensiva de palma aceitera y a la construcción de represas. En conjunto, estas inversiones expresan un modelo económico basado en el control corporativo de los grandes grupos financieros extranjeros y nacionales sobre los territorios, soportado en el terror de Estado, el para-militarismo y la militarización de las poblaciones.
Los Eco-socialistas promovemos la democracia real en los territorios; somos partidarios de
los derechos de las comunidades que históricamente los han habitado, y tienen el mandato de decidir y gestionar autónomamente sus recursos. Propendemos la creación de reservas campesinas agroalimentarias auto -sostenibles, apoyadas con presupuestos públicos y por un reordenamiento territorial basado en las necesidades de las poblaciones y que garantice la preservación de la naturaleza y la biodiversidad. Consideramos que en los planes de vida de los pueblos indígenas, en los mandatos agrarios y en las iniciativas campesinas, en las conclusiones de los Cabildos y del Congreso de los Pueblos se encuentran los fundamentos de un programa alternativo, y que a la vez posibilitan su unificación. Reafirmamos la convicción, para el logro de estos objetivos, de abrir un escenario de solución política al conflicto armado, lo que implica el impulso de un frente amplio de todos los colombianos afectados por estas políticas destructivas de la vida y del ecosistema. Respaldamos las luchas de los sindicatos, organizaciones barriales, estudiantes que demandan autonomía, financiación y democratización del conocimiento en beneficio de la sociedad, defensores de la salud pública, usuarios del crédito de vivienda. El propósito es la unificación en una plataforma común y el diseño de un plan de movilizaciones y resistencia.
Expresamos nuestra solidaridad con las luchas sociales y comunitarias en varias regiones del país en contra de la devastación territorial; con los trabajadores de la caña de azúcar en el valle geográfico del Río Cauca que enfrentan persecuciones laborales y judiciales por parte de los dueños del megaproyecto del azúcar y el etanol; respaldamos las comunidades que resisten en el departamento del Huila, en la zona del Quimbo en contra del proyecto de la multinacional ENDESA—EMGESA--ENEL que se propone construir una represa que condena a la población al destierro; con los que se oponen a la construcción de represas en Ituango, Hidrosogamoso, Santurbán; con las organizaciones sociales y cívicas que se oponen a la explotación minera a cielo abierto en “La Colosa”, Cajamarca, Tolima; con la asociación campesina de Inzá, Cauca en el macizo colombiano que enfrenta el poder de los terratenientes y las concesiones mineras; con las comunidades afro-descendientes que en el Pacífico exigen sus territorios ancestrales. Respaldamos la Jornada Nacional contra los Megaproyectos y por la defensa de los territorios convocada para el 14 de Marzo del 2011 y la marcha nacional de mujeres campesinas propuesta para el primer trimestre del año entrante. También impulsamos una visión y un trabajo político con equidad de género, que posibilite a las mujeres una participación realmente democrática en la construcción de propuestas y en la toma de decisiones. Por ello damos especial importancia a los espacios que se inscriben en la perspectiva de unificar resistencias en Latinoamérica con perspectiva de género y consecuentes con ello, convocamos a la Conferencia Mundial de Mujeres que se realizará en Caracas el 8 de Marzo del 2011.
3) El supuesto reformismo del gobierno de Santos
Manteniendo los lineamientos centrales del anterior gobierno, Santos intenta una política de legitimación del régimen político y de adecuación de la política exterior al actual contexto internacional. En esta materia y en el poco tiempo que lleva su mandato, Santos ha atendido la grave crisis internacional que suscitó el gobierno de Uribe con Ecuador y Venezuela al tiempo que procura un protagonismo en UNASUR. Detrás de este giro en política exterior existen muchos intereses económicos, comerciales y políticos. El arreglo diplomático con los países fronterizos ha servido para recuperar el monto importante de divisas por concepto de exportaciones en momentos en que la economía norteamericana se encuentra en recesión y ha abierto posibilidades a nuevos mercados, particularmente en Asia. La promoción de María Emma Mejía a la secretaría general de UNASUR y las gestiones bilaterales de la cancillería previas a esta propuesta, confirmaron que existe un interés del gobierno de Santos por ganar credibilidad internacional y actuar como “caballo de Troya” conformando un bloque con los gobiernos de México, Perú y Chile, portavoces de la diplomacia estadounidense en la región y tratar de hegemonizarlo.
Entre tanto la incondicionalidad gubernamental con Estados Unidos permanece intacta: en lo militar, asesoría directa a la llamada “seguridad democrática”, ejecución de Plan Colombia, fumigaciones indiscriminadas en zonas agrarias. Hasta tal punto llega la presencia directa de tropas norteamericanas que ingenieros militares aparecieron en público ofreciendo asesoría altruista para resolver el problema de inundaciones en el Canal del Dique. En materia comercial el gobierno busca obtener la prolongación de las preferencias arancelarias mientras espera la aprobación del TLC por parte del Congreso estadounidense de mayoría republicana.
En el plano nacional, Santos ha intentado legitimar las instituciones a través del llamado “Acuerdo de Unidad Nacional” el cual empezó con un consenso parlamentario entre los partidos de la coalición de gobierno y resolvió el conflicto institucional entre el Presidente de la República y la Rama Judicial. Este propósito legitimador intenta incluir de manera corporativa, varios sectores de la burocracia sindical y líderes de algunas organizaciones populares, para cogestionar la política neoliberal. Prueba de ello es el ofrecimiento del Ministerio del Trabajo al actual Presidente de la CGT y el apoyo gubernamental a la OPIC en el caso de los indígenas y a “Nuevo Liderazgo” en el de los campesinos. Esta política pretende, en lo social, dividir al movimiento popular. En lo ideológico busca consolidar la hegemonía del ideario neoliberal. Estamos en presencia de una versión endógena del “transformismo” político, el cual surge en una correlación de fuerzas desfavorable para el movimiento social y popular, y en donde el Establecimiento rechaza cualquier compromiso con las clases subalternas. Su pretensión es integrar el movimiento popular y hacerlo funcional a la lógica del capital y domeñar cualquier proyecto alternativo surgidos de “desde los de abajo”. Los líderes de este “transformismo”, desmoralizados por varias derrotas, sufridas en décadas anteriores y corrompidos por el gran capital, han pasado a las filas de la burguesía y del Imperio. Semejante “transfuguismo” merece nuestro repudio.
Un elemento complementario de esta estrategia legitimadora lo constituye el proyecto de “ley de víctimas” dentro del cual, el problema de los desplazados se presenta como si se tratara de la restitución plena de las tierras usurpadas por el paramilitarismo en las últimas décadas. A todas luces, esta hipótesis es falsa. El Ministro de agricultura al presentar el proyecto ha prometido la restitución de un millón de hectáreas en un lapso de varios años, desconociendo el reciente informe de la “Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado” que coordina Luis Jorge Garay, y concluye que el despojo de las tierras supera los 6,6 millones de hectáreas. La evidente diferencia de tierras apunta a propiciar el protagonismo de los grandes inversionistas nacionales y extranjeros que recibirán estos campos a título de concesión. De hecho, el Estatuto Rural que impulsó el gobierno de Uribe y que fue derogado por la Corte Constitucional por no haber cumplido con el requisito de la consulta previa a las comunidades étnicas, incluye las Zonas de Inversión Empresarial, figura jurídica mediante la cual se entregaban por concesión y a perpetuidad las tierras fértiles a los capitalistas rurales en toda la geografía nacional. Después de la aprobación de la ley de víctimas, los discursos oficiales se orientan a justificar ante el Congreso de la República una versión similar al Estatuto Rural uribista. Adicionalmente, las tierras devueltas estarán condicionadas a que los campesinos de manera obligatoria se asocien en proyectos vinculados con la agro-exportación, los cluster empresariales y las cadenas productivas de las grandes empresas transnacionales. El proyecto persigue la formalización del mapa de la propiedad rural “post-conflicto”, el mapa del despojo, para adecuar el mercado de tierras a las exigencias de la globalización neoliberal tanto en inversiones agro-exportadoras como en la explotación de hidrocarburos y minerales. Esta adecuación, a su vez, es el escalón previo a la titularización financiera de la producción y comercialización de la agricultura. En el diseño gubernamental el mercado de capitales encontrará otra área de expansión en el campo globalizado y los operadores financieros en las bolsas de valores saludarán las nuevas posibilidades de negocios que abren los derivados agrícolas.
Sin embargo, a causa de la presión internacional, de las denuncias sobre la violación sistemática a los derechos humanos en el campo y el hecho de ostentar el vergonzoso título de ser el segundo país en el mundo en número de desplazados internos, el actual gobierno se ha visto obligado a reconocer el destierro de millones de compatriotas y promete con el retorno a sus lugares de origen. Insistimos que se trata de una política residual, secundaria, cuyo objetivo principal es legitimar la transición a la globalización de la agricultura.
4)La crisis del Polo Democrático Alternativo y la Tendencia Eco-socialista
La grave crisis por la que atraviesa el PDA obedece en primer lugar a la conspiración envolvente orquestada desde el poder del establecimiento político, el cual ha utilizado todos los medios para destruir la oposición política e impedir las posibilidades de gobierno de la izquierda democrática. Lamentablemente este proceso destructivo contó con el apoyo de dos factores que han minado sus posibilidades históricas: a) la conducta de Gustavo Petro se desplazó hacia el centro-derecha y se ha empecinado en un “acuerdo político” con las élites. Su salida es sólo una solución parcial que devela las intenciones del Establecimiento. b) la incondicionalidad del Comité Ejecutivo Nacional con la Alcaldía de Samuel Moreno ante las graves acusaciones de corrupción y clientelismo; de otra parte, durante su mandato el alcalde Moreno se ha caracterizado por desligarse del Partido en la definición de sus políticas, violando los compromisos adquiridos desde cuando se oficializó su candidatura. Además, su gobernabilidad está inscrita dentro del modelo de ciudad neoliberal y clientelista que impulsaron las anteriores administraciones.
La crisis del Polo contiene diversos problemas estructurales. El PDA desde su origen ha sido un frente de partidos y organizaciones políticas que surgió por necesidad de las exigencias legales para la participación electoral. Hasta ahora no ha trascendido de su proyecto electoral. Ello explica en parte la sistemática ausencia de organicidad que se compensa con una severa centralización burocrática donde predominan el parlamentarismo y el clientelismo. Su funcionamiento ha sido reducido al logro de “consensos por arriba”, sin articulaciones con el movimiento social, sin reglas y respeto por la democracia de las bases y de los militantes. A pesar de sus limitaciones el PDA desempeña un papel muy importante en la transformación democrática de Colombia, y hoy es la única fuerza política de oposición con reconocimiento de masas y que como canal de expresión política es una formación de la organización y movilización de los ciudadanos y trabadores.
Los socialistas consideramos necesario defender el PDA como conquista política de los oprimidos. Para ello, proponemos en primer lugar declarar el estado de emergencia y promover la más amplia democratización. Valoramos la idea de llamar a todos y todas los militantes y simpatizantes a realizar asambleas locales y regionales amplias en dónde se discuta el actual estado de cosas y se formulen propuestas alternativas en la perspectiva de convocar el Congreso del PDA a más tardar en el primer semestre del 2011. El propósito es generar un giro político acorde con los retos y la complejidad de los problemas del momento político. Nuestra propuesta busca construir la máxima democratización y deliberación del partido para proyectar su potencia creadora. En este sentido, promovemos que la reunión de Dirección Nacional de enero 21del 2011 asuma los retos de la crisis, la organización del partido y la participación en la plataforma de lucha social, los procesos electorales y las reglas de juego para convocar el Congreso del Partido. Necesitamos un Polo que piense el país y trace una estrategia de lucha ante la política del Imperio y la globalización neoliberal. Requerimos una amplia movilización social contra el paquete de ajuste y un fortalecimiento de nuestra estrategia para enfrentar el Imperio, el gobierno neoliberal y el gran capital.
La Tendencia Eco-socialista y los socialistas en general, convocamos a la ciudadanía y a los trabajadores a hacer realidad estos propósitos.
Firman:
CORRIENTE ECOSOCIALISTA DE BOGOTÁ:
PRESENTES POR EL SOCIALISMO-CALI;
MOVIMIENTO 14 DE JUNIO:
CORRIENTE ECOSOCIALISTA VALLE DEL CAUCA:
CÍRCULOS SOCIALISTAS DE ANTIOQUIA : .
CORRIENTE ANTICAPITALISTA. IBAGUÉ-TOLIMA:
COLECTIVO SOCIALISTA DE TIERRA ADENTRO—CAUCA:
ESPACIO CRÍTICO—BARRANQUILLA:
COLECTIVO ECOSOCIALISTA-HUILA:
ASOCIACION JUVENIL BOICOT- META
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