ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO AL PROYECTO DE LEY QUE REFORMA LA LEY 30 DE 1992 QUE REGULA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA

Por: Carlos Arturo Gamboa.

“Dos hombres que difieran acerca de los fines de la vida
no pueden esperar llegar a un acuerdo sobre educación”

Bertran Russell

El 12 de abril del 2010, fue radicado en el Congreso de la República el proyecto de Ley con el que se pretende reformar la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia; todo esto ocurre en el marco de la finalización de un gobierno que demostró gran habilidad para reformar las instituciones públicas bajo el pretexto de la modernización, la eficiencia de los bienes públicos y la buena administración; pero cuyo velo frontal esconde las más astutas formas de la consolidación de un país que cada más le apuesta al modelo global de supervivencia, es decir, un mundo regido por el mercado cuyo fin sumir al ser humano en el letargo del consumo.

Esa misma lógica de regulación de lo público usó el gobierno para solidificar un mecanismo de salud que en nada ha transformado las deficiencias en el sector salud, y que por lo contrario ha permitido que cada vez más una mayor franja de la población se encuentre a la intemperie del Estado, responsable éste del cuidado de sus ciudadanos. La crisis del sector salud y la fingida hecatombe, es una muestra palpable de la poca efectividad de las políticas que se vienen implementando desde que Uribe Vélez engendrara ese proyecto anómalo llamado Ley 100. Si la salud no le dolió a nadie del alto gobierno, ¿qué podrá esperarse de la educación superior, cuyo discurso está al servicio de las políticas multinacionales?

La educación, como un proyecto de la modernidad, soñaba con la formación de sujetos autónomos, capaces de construir un mundo mejor, pero desde sus inicios se vio sometida a los intereses burgueses que condicionaron ese “proyecto de hombre”, bajo las primicias de la producción. Un sujeto educado para el sistema actual del orden mundial, es aquel capaz de poder ofrecerles algo productivo al sistema: productor de bienes, desarrollador de tecnología o proveedor de conocimiento. Lejos están estas lógicas por ayudar a formar seres libres, éticos, preocupados por el cuidado del ecosistema, por la equidad, por el equilibrio de la especie humana.

Dentro de ese enorme panorama, la educación colombiana es apenas una bacteria más en el complejo ecosistema, y temas como la autonomía universitaria asustan y entorpecen los proyectos de los grupos sociales que desean hombres productivos para su macro-mundo de la producción líquida. La Ley 30, es en parte reflejo de algunos derechos rescatados por parte del mundo universitario y responden a unas formas de gobierno, que si bien deben revisarse a la luz de los tiempos, esta reforma debe surgir del seno mismo de las Universidades, no de los intereses particulares de las elites de la nación. Ellos nunca enviarán a sus hijos a las universidades públicas, ellos construyen los sujetos que heredan sus fortunas en las universidades formadoras de la nueve especie aria del planeta.

¿Qué hacer? La pregunta que debe guiar siempre al sujeto actual, el sujeto que se piensa así mismo y a los demás. Preocupa la pasividad de sectores como el profesorado universitario adormecido por los mecanismos burocráticos de los puestos públicos, la inoperancia de los grupos estudiantiles, unas veces desarticulados por su nubla política o por la coacción que desde el Estado a satanizado el derecho a la protesta legítima, y no preocupa menos el hecho de tener directivos que sueñan con la eficiencia y la eficacia como la salvadora del sector público. El Estado debe garantizarles a sus ciudadanos la vida, la salud y educación, sino es así ¿para qué Estado? Preocupa además que en la agenda de los candidatos de la coyuntura política se esté construyendo un discurso parecido al tradicional enfoque de ver la universidad pública como un “lugar peligroso”, y claro, esa lógica es lógica en sus cerebros, porque una universidad que potencie el pensamiento siempre será un problema para quienes llevan siglos apoderados de los bienes que como pueblo nos corresponde.

Esperamos que del letargo surjan las voces que entren a defender la universidad pública, que sean objeto de análisis profundos los articulados del proyecto de ley y que de ser necesario, la comunidad en general se movilice para defender la autonomía de la universidad, ya que es de los pocos rincones en donde los sectores menos favorecidos tienen oxigeno, porque para las élites cada vez hay mejores centros de “deformación”

Posdata: Aquí se puede consultar el articulado del nuevo proyecto de Ley.