Por: Carlos Arturo Gamboa
Bobadilla
Docente Universidad del
Tolima
Desconocer lo que piensa la comunidad
universitaria no es el mejor camino para gobernar una institución educativa.
Pero, hacer a rajatabla lo que la comunidad desea, tampoco; sobre todo porque
es imposible tener consensos definitivos sobre el rumbo que debe adoptar una institución
pública. ¿Qué hacer entonces?
Hay que empezar por entender que las
formas de gobernanza están en constante ebullición, mientras que las normas
tienden a petrificarse rápidamente, impidiendo que las nuevas tensiones
sociales y culturales se incorporen a la vida institucional.
En ese sentido, el problema de la
elección de rector en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) refleja el
momento de tensión que viven las Instituciones públicas educativas de todo
orden en Colombia. Después de muchos años de ser gobernadas bajo unos
principios "democráticos" estólidos, se enfrentan a la posibilidad de
ahondar en la participación como estrategia de gobierno. Para lograr lo
anterior se requieren reglas claras que permitan trazar rutas de participación
de sus actores, entender hasta dónde va el campo de acción de cada actor y
cuáles son sus límites. Lo anterior se enfrenta a un dique construido con
muchos años de burocratización de la vida universitaria, en especial desde que
se aprobó la Ley 30.
Otro aspecto clave en esta
construcción es la vocación democrática de la comunidad, entendida como la
capacidad de concebir el papel individual y colectivo en la solidificación de
la gobernanza. Entender el sentido máximo de una Institución Educativa pasa
primero por comprender que el bien individual está debajo del bien colectivo y
que el bien colectivo jamás debe estar por encima del bien social.
Así, la ecuación resultante es
sencilla de enunciar, pero supremamente compleja de llevar a la práctica. ¿Cómo
construir mecanismos de cooperación que permitan una participación real y al
mismo tiempo preserve lo público como valor máximo? Existe un camino viable, pero
es lento y tortuoso, se trata de trabajar con la comunidad y que sea la comunidad
quiénes construyan esas rutas, mecanismos y normas, para que luego sean
institucionalizadas. Es decir, el camino es educarnos en democracia para
construir democracia. La solución hace parte del campo de la pedagogía
política.
Ante ese panorama, la realidad actual
de las universidades públicas colombianas demanda certezas contundentes y
apertura a la construcción colectiva. Muchos años de juegos de poder al
interior de las universidades han creado castas dedicadas a configurar formas
obtusas de llegar o mantenerse en el poder, como se hace evidente en las
últimas líneas de gobierno de la UNAL. A ello ha contribuido una interpretación
acomodada, en muchos casos, de la Autonomía Universitaria.
Pero al mismo tiempo, esos juegos de
poder han estado amparados por los gobiernos nacionales de turno, quienes
desean una universidad al servicio de sus ideologías o intereses políticos del
momento. Así se configura el triángulo que asfixia la democracia: la comunidad
y sus múltiples intereses, la casta gobernante y los intereses estatales.
Si la casta gobernante se perpetúa a
toda costa, termina por sofocar cualquier intento de renovar la democracia al interior
de las instituciones, generando un clima de anormalidad normativa. La comunidad
tiende a aceptar la derrota en los procesos electorales, lo que al final es una
regla implícita en una apuesta democrática. Lo que no acepta una comunidad es
que las reglas se acomoden para favorecer los intereses del momento. El continuo
desconocimiento de las consultas en la UNAL es claro ejemplo de ello.
Por otro lado, si la comunidad no
tiene claros sus límites y roles en esta construcción democrática, confundirá participación
con decisión, ya que las instituciones tienen formas de participar, pero al
final alguien debe asumir las decisiones y las acciones legales de una comunidad
universitaria no pueden ser firmadas por todos los actores, pero sí legitimadas
porque pertenecen al orden de la apuesta colectiva. Por decirlo de otra manera:
el rumbo de un barco puede ser concertado por la tripulación, pero el timón se le
delega a un experto que sepa de navegación.
Por su parte, el gobierno central
debe dotar de garantías a la Institución Educativa para que navegue en busca de
los intereses sociales máximos: en este caso que la Universidad cumpla su
función como estructura de formación social, cultural y económica de una
nación. Debe darle rutas claras sin cohesionarla en su andar, algo que ningún
gobierno anterior ha entendido a cabalidad y que el actual parece tampoco ha
logrado descifrar, puesto que los síntomas de intervención delatan la imposibilidad
de un diálogo franco que active la necesaria transformación.
En la UNAL se encuentran, en este
momento, las tres tensiones: una comunidad que se siente birlada, una casta que
se niega a ceder los escenarios de poder y un gobierno sin rutas claras de
acción que se encamina a hacer lo que siempre han hecho los gobiernos de turno,
imprimir su sello a toda costa.
Si los roles de los actores no están
claros, llegamos a un escenario como el que actualmente se está configurando:
democracia o caos.
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