Por: Carlos Arturo Gamboa B.
Docente Universidad del Tolima
El Gobierno
anunció, en cabeza de la ministra de Educación Aurora Vergara Figueroa, que el
próximo 20 de julio radicará el proyecto que busca reformar la Ley 30. La
noticia puede dejar un sabor agridulce para quienes hemos asistido a cientos de
movilizaciones en contra del modelo educativo que encarnó dicha Ley y que llevó
al estancamiento de la educación pública durante tres décadas. Y el sabor se debe
a los pros y los contras de la metodología empleada y que se está obviando sin argumentos de peso.
Formar en un
país en donde se anuncia la educación como un derecho, pero se trata como un
servicio, ha sido un propósito a contracorriente. Las universidades públicas
siguen aportando desde los bordes en la consolidación de la ciencia, la cultura
y las artes, aún en medio de tormentas desatadas por gobiernos cuyo valor para el eje de educación, en sus planes estratégicos, fueron marginales.
El momento
actual nos invita a caminar bajo otras lógicas y eso es ya un gran cambio. No
obstante, durante el primer año de gobierno se han dado muchos palos de ciego
frente a la dinamización y discusión de un proyecto fundante para el propósito
de cambio de país. Muchos siguen instalados en la tendencia de que la
construcción de las reformas es asunto de equipos técnicos y expertos,
descuidando los aportes que la sociedad civil, el ciudadano de a pie y, en este
caso, los actores educativos, puedan realizar.
Es por tal
motivo, que se nos antoja apresurado el trámite de radicar la discusión en el
Congreso, de un proyecto de Ley cuyo articulado no es conocido por las
universidades, los estudiantes, directivos y profesores. Aún así, se convoca a
participar en un ejercicio desdibujado en el marco de la reconstrucción de un
entramado democrático que es vital para la supervivencia de la nueva reforma.
Los actores universitarios no pueden ser convidados de piedra, ni conformar un
séquito de aplausos o, aún más, constituirse en un bloque de defensa de algo que
pueden compartir, pero que no conocen.
Sabemos que
existen unos ejes centrales de la discusión como la construcción de un nuevo
modelo de financiación, actualización de normatividades obtusas y añejas que
ahogan el sistema, reorganización de un modelo de gobernanza externa e interna
de las universidades y modificación de los parámetros de la carrera docente
(Decreto 1279). Así mismo, un plan estratégico de cobertura que implique una
decisión estatal de abandonar los centros y copar las periferias sociales,
articulación entre los diferentes componentes del sistema educativo, entre
muchos aspectos más. ¿Cómo lograr una Reforma mayúscula que responda a tantos
aspectos atrasados?
Instalados en la
política real debemos entender que no todos lo problemas se podrán solucionar con esta reforma,
por lo tanto, se debe gestar un consenso sobre los aspectos más urgentes que
requieren el sistema. Muchos dirán al unísono que es la financiación, pero
recibir más soporte financiero no es la única solución, de fondo existen
aspectos que convierten el sistema en un gran entramado burocrático ineficiente
e ineficaz. Por eso el consenso es vital, pero ¿Cómo construir el consenso sin
acción política, sin diálogos, sin trabajo mancomunado con las bases?
Muchos de los
problemas que enfrenta el sistema educativo colombiano desbordan su mismo campo
de acción. Miremos esto con un ejemplo: el acceso al soporte tecnológico se
articula en dos campos a saber, la adquisición de software/hardware y la
conectividad, estos no son sólo asunto del Ministerio de Educación,
inevitablemente convoca al ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, por citar sólo un caso. Un plan necesario de modernización de la educación pasa por
garantizar acceso tecnológico, información y soporte en los lugares más
apartados, para romper la lógica de la ciudad letrada en donde las capitales
cuentan con los medios adecuados de formación y las demás regionales agonizan
en el atraso.
Un proyecto
ambicioso en tecnología puede generar una política estatal de conectividad para
educar y se puede hacer con operadores satelitales que garanticen la
señal en cualquier parte del territorio, quitándole a las instituciones
la carga de contratación de operadores con baja cobertura y eliminado
engorrosos procesos de contratación. He aquí un ejemplo de un modelo articulado
en donde se apueste desde diferentes escenarios a la consolidación de un
proyecto educativo que rompa la historia del país en dos.
Así mismo, bajo
esta lógica de cooperación estratégica, se pueden gestar varios proyectos que
suplan deficiencias en infraestructura, dotación de elementos para la vida
cotidiana del entorno educativo, construcción de edificaciones con el apoyo
del ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, incluso proyectos transversales
de formación docente como la creación de programas de posgrado de alto impacto
en los cuales los educadores del sector público se puedan cualificar de manera
gratuita y bajo parámetros de innovación pedagógica para el cambio. En
definitiva, la reforma educativa no es cuestión de un sólo ministerio.
La reforma debe ser un hecho concreto, también entendemos que no se debe convertir en un proceso de debate infinito, los tiempos del gobierno son calculados y la retrógrada oposición empleará todas las herramientas a su alcance para evitar que el sistema se transforme, ya que el modelo actual es una réplica de ese país de excluidos y sin derecho a la educación que tanto les conviene.
La apuesta
de convocar las múltiples experiencias territoriales, los alcances y debates de
grandes movimientos universitarios y dando la voz a otros actores, distintos a
los gubernamentales, puede generar la armonía necesaria que empuje la Reforma
hacia los territorios del verdadero cambio. Hay experiencias como la MANE y La Constituyente Universitaria que poseen una memoria de este proceso, excluirlos sería es
un camino erróneo, al fin y al cabo, la educación es un campo, como diría el
maestro Estanislao Zuleta, de combate y desde estos espacios se llevan años combatiendo por una educación diferente para Colombia.
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