Consecuencias de la captura corporativa y sus efectos durante la pandemia

Por: Martha Devia Grisales

Catedrática Universidad del Tolima

Instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de todo nuestro entusiasmo, organícense, porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza.

Antonio Gramsci.

La sociedad, como ha sido concebida y configurada, ha naturalizado una serie de regímenes que nos obligan y conducen a comportarnos, pensar y aceptar sus dinámicas en beneficio de un sistema que se ha adueñado de todo y ha mercantilizado la vida misma de los seres humanos. Ese orden biopolítico de la sociedad no corresponde a las demandas justas por las que todo un planeta, en especial desde las periferias, hoy apela. Debemos ser beligerantes en la búsqueda colectiva de nuevas formas de vida, que se desarrollen bajo una “estructura” distinta, en la cual la equidad, los derechos humanos, el respeto por los territorios y por la naturaleza, sean una prioridad.

En ese sentido, este texto pretende evidenciar cómo la captura corporativa es uno de los aparatos neoliberales más nocivos que atentan contra la soberanía y la democracia de los pueblos. El mecanismo de captura corporativa se ha convertido en el ave de rapiña que devora a los pueblos sin compasión, con déspotas y enraizadas convicciones de acaparar y adueñarse de la desprevenida e incauta vida del hombre de la modernidad. El letargo social resulta abrumador y nos ha sumergido en una mecanicidad humana que vela la mirada crítica y real del orden mundial, en el cual no caben las subjetividades, sino que por el contrario se socavan sus derechos por doquier.

¿Qué es la captura corporativa?

Mónica Vargas (TNI – España) lo denomina también «acaparamiento empresarial» o interferencia corporativa. Por su parte, el ambientalista Renzo García presenta la captura corporativa como “Las acciones e influencias indebidas que implementan empresas nacionales o extranjeras sobre las instituciones y funcionarios que conforman los Estados Nación para beneficio propio, en detrimento de la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades.”

Me parece fundamental mencionar que la situación de los países cooptados está fuertemente ligada a la actitud política de sus habitantes. En Colombia, por ejemplo, hemos dejado en manos de tiranías la gobernanza de nuestros pueblos, quienes se ubican a disposición de las transnacionales poniendo en riesgo la soberanía propia, la estabilidad y equilibrio de los territorios.

En este contexto, se entienden mejor las demandas de Gramsci, de instruirnos para comprender lo que sucede, de agitarnos para movilizar, contagiar o arrastrar, si es necesario, a los otros. De organizarnos colectivamente para hacer oposición a esas medidas en detrimento de la justicia social en las que, eficientemente los gobernantes, han maquinado y envuelto el país.

¿Cómo contrarrestar esta situación? Para muchos analíticos, la captura corporativa, al igual que muchas otras determinaciones que atentan contra la estabilidad social, tienen que ver con la apatía política. La actitud negligente, indiferente, analfabeta y descuidada ha sido nefasta para la edificación de una estructura social equilibrada y justa, condenándonos por décadas a esta detestable cotidianidad corrupta de todo el sistema. Es hora trasnochada de asumir la corresponsabilidad de defensa territorial porque, muy a pesar del asedio y de las distintas amenazas de corrupción que nos vuelve escépticos, el sistema democrático de abajo hacia arriba puede funcionar.

La captura corporativa es tan delicada para los países que muchos defensores, organizaciones nacionales e internacionales, están buscando diferentes alternativas que nos permitan, uno comprender esta situación y, dos, buscar estrategias para empezar a bloquear y / o debilitar este contexto.

En esa dinámica, en Bogotá durante el 20 y 21 de febrero de 2020, se llevó a cabo el Seminario Internacional ¿Qué es la captura corporativa del Estado? organizado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). Contó con la participación de diversas delegaciones de comunidades afectadas por proyectos extractivos, organizaciones sindicales y populares, así como miembros de ONGs y asistentes internacionales, entre ellos Mónica Vargas (TNI - España), Daniela Gómez Rivas (Fundación Paz y Reconciliación) y Gonzalo Berrón (TNI - Argentina).

Un plan para tomarse el Estado

Por tanto, es necesario recordar que después de la guerra fría el sistema internacional empieza a transformarse para la liberación de las economías de Estado, esta circunstancia histórica convierte a los Estados Unidos en la potencia económica hegemónica, su poder ha logrado flanquear otros comercios, ejemplo de ello, los tratados de libre comercio internacional en detrimento de los derechos humanos. Los Estados capturados son financiados por diferentes organizaciones que regulan sus políticas públicas, ejercen presión para que se aprueben normas nacionales hechas en beneficio de los grandes inversionistas y envuelven a los pueblos en un proceso de decadencia moral. Esta problemática va fuertemente ligada al genocidio ambiental, al grado de destrucción del tejido social, del medioambiente, de la salud de la población, el aumento de la desigualdad, el desplazamiento y la pobreza en general.

Desde otra óptica, Daniela Gómez Rivas (Fundación Paz y Reconciliación), afirma que en Colombia se viene dando una coaptación del Estado y de la democracia desde finales de los años setenta.  Dese entonces las mafias colombianas trascienden de unas élites económicas que luego de la legalización de dineros producto de narcotráfico y del financiamiento de campañas políticas, migran hasta la formación de clases políticas y de autoritarismos competitivos constituidos por clanes que se aseguran en las regiones. El panorama nacional nos muestra, actualmente, este mapa con sus actores.

Es así que, se ha generado una suerte de arquitectura de la impunidad a través de cooptación de los reguladores y /o generadores de normas y leyes. En otras palabras, ha sido inevitable la captura mafiosa de los recursos públicos del Estado colombiano en beneficio de unas élites y de unos organismos privados, auspiciados por la impunidad con la que se movilizan las actividades corporativas o empresariales. Lo anterior, no sólo conspira contra el desarrollo sustentable, sino que atenta contra la legitimación de las democracias que tiene la apariencia de gobernar desde los pueblos, pero que en realidad está gobernada por élites políticas.

Cooptación y pandemia en Colombia

Ahora bien, la cooptación del Estado colombiano en estas circunstancias de pandemia ha evidenciado la realidad de distintas comunidades; un ejemplo de este panorama, lo viven los indígenas Wayúu, quienes se han visto fuertemente afectados por la Minería de carbón en el Cerrejón de la Guajira. Neris López Pushaina, miembro del Resguardo 4 de noviembre del Municipio de Albania, e integrante del Movimiento de Mujeres Wayúu, afirma que:

El Cerrejón se ha adueñado de gran parte de su territorio, privatizando y desapareciendo las fuentes hídricas primordiales para la subsistencia de su pueblo. Acabaron con 19 fuentes hídricas; entre arroyos, ríos y ojos de agua. Esta pérdida no sólo los ha puesto en alto riesgo por las exigencias de higiene que no pueden asumir en estos tiempos de pandemia, sino también porque les han imposibilitado el desarrollo de sus costumbres y rituales espirituales generados por el impacto ambiental. Para la comunidad Wayúu el territorio es sagrado y la tierra es la madre de la cual todos se benefician. En la actualidad el pueblo Wayuu sigue en la lucha de defensa del arroyo Bruno que es el único que les ha quedado en la región.

Por otra parte, el Covid-19 ha permitido que el gobierno intente aprobar regulaciones que debilitan los derechos de participación ciudadana. A través de la Directiva Presidencial No. 02 del 12 de marzo de 2020, se establecieron las medidas para atender la contingencia generada por el Covid -19 y se suspendieron las visitas de verificación y reunión de consulta previa, así como la agenda de reuniones de instalación de consulta previa desarrolladas por la Dirección de la autoridad Nacional de Consulta.

Esta acción gubernamental dio lugar a que el pasado 27 de marzo, el Ministerio del Interior publicara una circular en la que se determinaba que los procesos de consulta previa, durante la emergencia del Covid-19, se realizarían virtualmente. La determinación fue rechazada por los indígenas porque se considera un atentado contra las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Como se puede observar, nuestras comunidades no sólo son atacadas por la pandemia si no, también por el propio Estado. La situación tiende a empeorar con la visión del gobierno nacional de potenciar la inversión extranjera directa en el país y con el constreñimiento legal de los derechos participativos de las comunidades y de los pueblos ancestrales.

Finalmente, exhorto, no desde una voz de autoridad letrada en el asunto, si no desde la voz de alguien que se detuvo un poco a pensar, a que transformemos la actitud hacia una más instruida, para organizarnos y luchar, desde y con democracia, contra este sistema de corrupción y de dominio de lo que no le pertenece. Es decir, desde una posición gramsciana.