Por:
Martha Devia Grisales
Catedrática
Universidad del Tolima
Instrúyanse,
porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense, porque
tendremos necesidad de todo nuestro entusiasmo, organícense, porque tendremos
necesidad de toda vuestra fuerza.
Antonio Gramsci.
La sociedad, como ha sido concebida y configurada, ha
naturalizado una serie de regímenes que nos obligan y conducen a comportarnos,
pensar y aceptar sus dinámicas en beneficio de un sistema que se ha adueñado de
todo y ha mercantilizado la vida misma de los seres humanos. Ese orden
biopolítico de la sociedad no corresponde a las demandas justas por las que
todo un planeta, en especial desde las periferias, hoy apela. Debemos ser
beligerantes en la búsqueda colectiva de nuevas formas de vida, que se
desarrollen bajo una “estructura” distinta, en la cual la equidad, los derechos
humanos, el respeto por los territorios y por la naturaleza, sean una
prioridad.
En ese sentido, este texto pretende evidenciar cómo la
captura corporativa es uno de los aparatos neoliberales más nocivos que atentan
contra la soberanía y la democracia de los pueblos. El mecanismo de captura corporativa
se ha convertido en el ave de rapiña que devora a los pueblos sin compasión,
con déspotas y enraizadas convicciones de acaparar y adueñarse de la
desprevenida e incauta vida del hombre de la modernidad. El letargo social
resulta abrumador y nos ha sumergido en una mecanicidad humana que vela la
mirada crítica y real del orden mundial, en el cual no caben las
subjetividades, sino que por el contrario se socavan sus derechos por doquier.
¿Qué es la captura corporativa?
Mónica Vargas (TNI – España) lo denomina también «acaparamiento
empresarial» o interferencia corporativa. Por su parte, el ambientalista Renzo
García presenta la captura corporativa como “Las acciones e influencias
indebidas que implementan empresas nacionales o extranjeras sobre las
instituciones y funcionarios que conforman los Estados Nación para beneficio
propio, en detrimento de la realización de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales de las comunidades.”
Me parece fundamental mencionar que la situación de los
países cooptados está fuertemente ligada a la actitud política de sus
habitantes. En Colombia, por ejemplo, hemos dejado en manos de tiranías la
gobernanza de nuestros pueblos, quienes se ubican a disposición de las
transnacionales poniendo en riesgo la soberanía propia, la estabilidad y
equilibrio de los territorios.
En este contexto, se entienden mejor las demandas de
Gramsci, de instruirnos para comprender lo que sucede, de agitarnos para movilizar,
contagiar o arrastrar, si es necesario, a los otros. De organizarnos colectivamente
para hacer oposición a esas medidas en detrimento de la justicia social en las
que, eficientemente los gobernantes, han maquinado y envuelto el país.
¿Cómo contrarrestar esta situación? Para muchos
analíticos, la captura corporativa, al igual que muchas otras determinaciones
que atentan contra la estabilidad social, tienen que ver con la apatía política.
La actitud negligente, indiferente, analfabeta y descuidada ha sido nefasta
para la edificación de una estructura social equilibrada y justa, condenándonos
por décadas a esta detestable cotidianidad corrupta de todo el sistema. Es hora
trasnochada de asumir la corresponsabilidad de defensa territorial porque, muy
a pesar del asedio y de las distintas amenazas de corrupción que nos vuelve
escépticos, el sistema democrático de abajo hacia arriba puede funcionar.
La captura corporativa es tan delicada para los países
que muchos defensores, organizaciones nacionales e internacionales, están
buscando diferentes alternativas que nos permitan, uno comprender esta
situación y, dos, buscar estrategias para empezar a bloquear y / o debilitar
este contexto.
En esa dinámica, en Bogotá durante el 20 y 21 de febrero
de 2020, se llevó a cabo el Seminario
Internacional ¿Qué es la captura corporativa del Estado? organizado por el
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). Contó con la participación
de diversas delegaciones de comunidades afectadas por proyectos extractivos,
organizaciones sindicales y populares, así como miembros de ONGs y asistentes
internacionales, entre ellos Mónica Vargas (TNI - España), Daniela Gómez Rivas
(Fundación Paz y Reconciliación) y Gonzalo Berrón (TNI - Argentina).
Un plan para tomarse el Estado
Por tanto, es necesario recordar que después de la guerra
fría el sistema internacional empieza a transformarse para la liberación de las
economías de Estado, esta circunstancia histórica convierte a los Estados
Unidos en la potencia económica hegemónica, su poder ha logrado flanquear otros
comercios, ejemplo de ello, los tratados de libre comercio internacional en
detrimento de los derechos humanos. Los Estados capturados son financiados por
diferentes organizaciones que regulan sus políticas públicas, ejercen presión
para que se aprueben normas nacionales hechas en beneficio de los grandes
inversionistas y envuelven a los pueblos en un proceso de decadencia moral. Esta
problemática va fuertemente ligada al genocidio ambiental, al grado de
destrucción del tejido social, del medioambiente, de la salud de la población,
el aumento de la desigualdad, el desplazamiento y la pobreza en general.
Desde otra óptica, Daniela Gómez Rivas (Fundación Paz y
Reconciliación), afirma que en Colombia se viene dando una coaptación del Estado
y de la democracia desde finales de los años setenta. Dese entonces las mafias colombianas
trascienden de unas élites económicas que luego de la legalización de dineros
producto de narcotráfico y del financiamiento de campañas políticas, migran
hasta la formación de clases políticas y de autoritarismos competitivos
constituidos por clanes que se aseguran en las regiones. El panorama nacional
nos muestra, actualmente, este mapa con sus actores.
Es así que, se ha generado una suerte de arquitectura de
la impunidad a través de cooptación de los reguladores y /o generadores de
normas y leyes. En otras palabras, ha sido inevitable la captura mafiosa de los
recursos públicos del Estado colombiano en beneficio de unas élites y de unos
organismos privados, auspiciados por la impunidad con la que se movilizan las
actividades corporativas o empresariales. Lo anterior, no sólo conspira contra
el desarrollo sustentable, sino que atenta contra la legitimación de las
democracias que tiene la apariencia de gobernar desde los pueblos, pero que en
realidad está gobernada por élites políticas.
Cooptación y pandemia en
Colombia
Ahora bien, la
cooptación del Estado colombiano en estas circunstancias de pandemia ha
evidenciado la realidad de distintas comunidades; un ejemplo de este panorama,
lo viven los indígenas Wayúu, quienes se han visto fuertemente afectados por la
Minería de carbón en el Cerrejón de la Guajira. Neris López Pushaina, miembro
del Resguardo 4 de noviembre del
Municipio de Albania, e integrante del Movimiento de Mujeres Wayúu, afirma que:
El Cerrejón se ha adueñado de gran parte de su
territorio, privatizando y desapareciendo las fuentes hídricas primordiales
para la subsistencia de su pueblo. Acabaron con 19 fuentes hídricas; entre
arroyos, ríos y ojos de agua. Esta pérdida no sólo los ha puesto en alto riesgo
por las exigencias de higiene que no pueden asumir en estos tiempos de pandemia,
sino también porque les han imposibilitado el desarrollo de sus costumbres y
rituales espirituales generados por el impacto ambiental. Para la comunidad Wayúu
el territorio es sagrado y la tierra es la madre de la cual todos se benefician.
En la actualidad el pueblo Wayuu sigue en la lucha de defensa del arroyo Bruno
que es el único que les ha quedado en la región.
Por otra parte, el Covid-19 ha permitido que el gobierno intente
aprobar regulaciones que debilitan los derechos de participación ciudadana. A
través de la Directiva Presidencial No. 02 del 12 de marzo de 2020, se
establecieron las medidas para atender la contingencia generada por el Covid
-19 y se suspendieron las visitas de verificación y reunión de consulta previa,
así como la agenda de reuniones de instalación de consulta previa desarrolladas
por la Dirección de la autoridad Nacional de Consulta.
Esta acción gubernamental dio lugar a que el pasado 27 de marzo, el
Ministerio del Interior publicara una circular en la que se determinaba que los
procesos de consulta previa, durante la emergencia del Covid-19, se realizarían
virtualmente. La determinación fue rechazada por los indígenas porque se
considera un atentado contra las comunidades negras, afrocolombianas, raizales
y palenqueras. Como se puede observar, nuestras comunidades no sólo son
atacadas por la pandemia si no, también por el propio Estado. La situación
tiende a empeorar con la visión del gobierno nacional de potenciar la inversión
extranjera directa en el país y con el constreñimiento legal de los derechos
participativos de las comunidades y de los pueblos ancestrales.
Finalmente, exhorto, no desde una voz de
autoridad letrada en el asunto, si no desde la voz de alguien que se detuvo un
poco a pensar, a que transformemos la actitud hacia una más instruida, para
organizarnos y luchar, desde y con democracia, contra este sistema de
corrupción y de dominio de lo que no le pertenece. Es decir, desde una posición
gramsciana.