Por: Carlos Arturo Gamboa B.
Docente Universidad del Tolima
1.
A 100 años de la reforma de Córdoba,
el movimiento estudiantil se convoca de nuevo con muchas de las banderas
intactas. Autonomía Universitaria es una consigna que continúa vigente, más aún
cuando en Colombia el Sistema Estatal de Educación Pública ostenta una deuda
antigua con el sector y seguimos sin consolidar una Ley de Educación acorde a
las demandas que tiene un país que espera cimentar la paz, la equidad y la
justicia social. Otro aspecto fundamental es la financiación estatal, cada vez
menor y que privilegia la inversión privada por encima de lo público. Programas
como “Ser Pilo Paga”, demuestran que al Estado poco le importa consolidar
reformas estructurales, continúa en su lógica de recetar aspirinas para
enfermedades terminales.
Esperando decantar los aprendizajes
(aciertos y errores) de la MANE, hoy los estudiantes universitarios tienen el
reto de enfrentar políticas cada vez más regresivas y proponer “otras formas de
lucha” que vayan a tono con el país que se proponen ayudar a construir. Estos y
otros son los retos que los educandos asumen desde el Encuentro Nacional de
Estudiantes de Educación Superior –ENEES-, bajo el rótulo de la generación del
Centenario.
2.
El Ministerio de Educación
Nacional, de manera inconsulta con las Universidades Públicas, busca reformar
el Decreto 1279 de 2002 mediante el cual se establece el régimen salarial de
los profesores universitarios. La vieja
tesis que vienen implementando los asesores económicos del MEN, consiste en
trasladar la crisis financiera de las universidades al rubro de gastos
profesorales. Mientras todos los estudios y análisis serios de las
universidades demuestran que el sistema carece de un buen número de profesores de
planta y existe ausencia de retribuciones justas a la labor docentes, el MEN y sus “yupi”
asesores consideran que los docentes demandan mucho por la vía de la
productividad académica.
En este escenario, los docentes universitarios
deben estar dispuestos a la movilización con el fin de promover la construcción
de un modelo digno que asegure sus derechos, que fortalezca la labor docente
y garantice los mínimos necesarios para el proyecto educativo nacional. El MEN
y el Gobierno deben entender, de una vez por siempre, que sin garantías e
inversión el discurso de calidad es una pantomima.
3.
Las malas decisiones, en cuanto a
la financiación de la educación pública en Colombia, tienen en el ICETEX otro ejemplo
de lo que no se debe hacer. Re-direccionar los créditos para estudio solo para universidades
y programas acreditados de Alta Calidad, de entrada provoca una ampliación de la
brecha de desigualdad que el mismo sistema viene promoviendo desde la creación
de la Ley 30. No es expulsando los estudiantes que lograremos mejorar los indicadores
propuestos para la medición. Esto solo acarrea nuevos problemas, mayores
deserciones y asfixia las instituciones quienes, desde las regiones, hacen esfuerzos
enormes por cumplir las metas que desde el centro se le imponen, desconociendo
las profundas desigualdades que históricamente padecen.
La improvisación de esta norma evidencia
la falta de seriedad de las políticas educativas y la ausencia de un conocimiento integral de un
país que no puede seguir siendo pensado únicamente desde la capital. Para
incentivar la acreditación de las universidades no se puede apelar a la estigmatización
y la exclusión de sus estudiantes, eso lo sabe todo el mundo, menos en el
ICETEX.
