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| Bosque Galilea -Foto tomada de la red- |
Por:
Carlos Arturo Gamboa B.
Docente
Universidad del Tolima
El
Bosque de Galilea cuenta con alrededor de 33 mil hectáreas, de las cuales, la
Universidad del Tolima posee cerca de cuatro mil. La cifra exacta no la
conocemos, precisamente por el hermetismo con el que distintas administraciones
han manejado el tema: “(…) ubicado al oriente del Tolima, es un corredor
natural que conecta con el páramo más grande del mundo, Sumapaz, y ahora es
ahora una zona de reserva y parque natural regional”.
La
Universidad del Tolima hace años viene teniendo relación directa con el
desarrollo de este proyecto, y hoy, tiene mucho que explicar a la región sobre
su presencia en el Bosque de Galilea, declarado recientemente por Cortolima
como zona protegida. De eso es importante hablar, saber qué está pasando y esa
es la razón de esta columna.
El
Parque Natural Regional
Bosque de Galilea - denominado así por la Corporación – tiene más de 26 mil
hectáreas. Eso quiere decir que la zona protegida es menor que la extensión
toral del territorio, y deja por fuera su zona de amortiguación biológica y
social, según lo determinado por investigadores de la UT, desde la Facultad de
Ingeniería Forestal.
Según
informes recientes, la comunidad en esas veredas no está conforme con el manejo
que le están dando al proyecto, las razones no son del todo claras, pero es
necesario indagar. Cortolima se lava las manos y la universidad no puede asumir
el síndrome de Shakira: ciega, sorda y muda.
Las
hectáreas de las que es “dueña” la UT están dentro del área protegida del
Bosque, cuyo Plan de Manejo Ambiental es adelantado actualmente por la
Universidad Tecnológica de Pereira a través de un convenio con Cortolima. Pero
en esa zona protegida no sólo “tiene tierras la UT”, sino otras organizaciones
privadas, cooperativas y viven un número indeterminado de colonos campesinos
que, por supuesto, no cuentan con títulos de propiedad sobre las mismas y que
tampoco lograron iniciar procesos legales de pertenencia.
Haciendo
pesquisas, se puede determinar que la historia de las tierras de la UT en el
Bosque se remonta a 2003, cuando algunas empresas más grandes del país se las
donaron para mitigar (¿evadir?) impuestos ante la DIAN. Es decir, la UT, su
administración para la época, se prestó para que empresas como Hyundai,
Mayagüez, entre otras, rebajarán ostensiblemente sus impuestos de renta
argumentando que le estaban donando a la ciencia. Es la lógica del capital,
destruir el planeta y hacer pequeñas donaciones de arrepentimiento.
Hasta
2021 es realmente poco lo que la ciencia ha avanzado en Galilea, no hemos
conocido sus esperados impactos, pero los ahorros en impuestos merecen un
balance serio. Ahora, por cuenta del loable discurso de la conservación,
resulta que esas tierras están sirviéndole a unos pocos para un negocio
multimillonario: la venta de bonos de carbono, o, lo que, en jerga
pseudocientífica, los negociantes del medioambiente denominan: compensación de
gases de efecto invernadero, o negocios/mercados verdes, una de las últimas
panaceas del capitalismo.
La
protagonista de ese negocio es la Fundación AMÉ, o FUNDAME, como aparece en los
papeles, que, según voces autorizadas, administra a través de una fiducia en
España (lejos del ridículo control fiscal de la DIAN) cerca de $20.000
millones, en el marco del proyecto RED++. Al igual que la adquisición de las
tierras por parte de la universidad en Galilea, FUNDAME también arrastra un
pecado original: el de la puerta giratoria. Al parecer, Rafael Vargas, decano
de la Facultad de Ingeniería Forestal para la época en que se realizó la
donación de las tierras, fue miembro fundador y el primer representante legal
de la Fundación Amé. Dice un viejo refrán, que algunos achacan a Maquiavelo:
piensa mal y acertarás.
Detrás
de todo hay muchas cosas que aclarar, para ello se requiere tener acceso a la
información. Información a la que, al día hoy, no posee la ciudadanía, ni la
comunidad universitaria ni siquiera quien escribe, en calidad de miembro del
Consejo Superior. Todo parece indicar que los negocios de FUNDAME y la
Universidad del Tolima, en nombre de la ciencia, es el privilegio de algunos pocos.
¿Por qué? ¿Acaso qué se esconde?
En
hechos más recientes, el Director del CERE, Andrés Tafur, hizo llegar al CSU
una misiva en donde brindaba un informe de su participación en la Mesa
comunitaria e interinstitucional para la formulación del plan de manejo
ambiental del PNR Bosque de Galilea. Lee uno allí entre líneas, que la
comunidad está siendo desconocida, vulnerada y quizás, hasta timada, el viejo
código colonialista. Ya ha sido enviada la agenda del CSU del 29 de octubre y
la discusión brilla por su ausencia.
De
igual manera, el pasado 11 de octubre, la comunidad organizada que quiere
participación en el marco de la construcción del Plan de Manejo Ambiental de la
zona protegida del Bosque, invitó a la Universidad a participar de una mesa
interinstitucional y comunitaria el próximo 30 de octubre, y a su vez, le
solicitó información a la Universidad acerca de sus relaciones con la FUNDAME.
La respuesta, 11 días después y firmada por el actual decano de la Facultad de
Ingeniería Forestal, genera varias preocupaciones:
Primero,
porque no confirma su participación en la mesa, y segundo, porque solicita 30
días más de plazo para responder a la petición. Ante esta clara dilación, me
uno a la petición y a las preocupaciones todavía no resueltas de la comunidad,
y dejo los siguientes interrogantes:
¿Quién
o quiénes son los responsables directos de la relación Universidad del Tolima -
FUNDAME? ¿Existen convenios y/o contratos en la Universidad del Tolima y
FUNDAME? La camioneta que dicha Fundación le donó a la Universidad ¿es parte de
esos convenios? ¿Qué recursos reciben la universidad por parte de FUNDAME aparte
de apoyos para la “ciencia”? ¿Qué trabajos, obras y actividades ha llevado a
cabo la Universidad con las comunidades que habitan en el Bosque y su área de
influencia? ¿Con qué recurso se paga un contratista quien, según las
comunidades, lleva 14 meses en el territorio (vereda La Colonia) haciendo
talleres de empoderamiento comunitario a nombre de la Universidad del Tolima?
¿Qué viene haciendo el Centro de Estudios Regionales y el Observatorio de Paz y
Derechos Humanos en esta zona?
Espero
que den respuesta a estos y otros interrogantes que viene haciendo la
comunidad. La protección de los ecosistemas es de vital importancia para el
futuro de la humanidad, pero con esa manía de todo volverlo negocio quizás lo
que menos importa es la vida. No hay que olvidar que las comunidades también
forman parte del ecosistema y si las grandes empresas contaminantes del mundo
desean pagar por sus pecados, que las limosnas no vayan al bolsillo de los
curas.
https://canaltrece.com.co/noticias/parque-natural-bosque-galilea-ubicacion-cortolima-tolima/