Por: Carlos Arturo Gamboa B. Docente Universidad del Tolima
Las Universidades deben ser los lugares primigenios en donde los derechos
sean el portento de las decisiones. Le compete a las Instituciones del saber
dar la pauta social de comportamientos éticos y ser ejemplo del respeto de las
normas superiores, sobre todo de aquellas que han trazado una línea constitucional.
No obstante, son múltiples los
casos en los cuales las Universidades se tornan en territorios propicios para
la vulneración de los derechos, lo cual conlleva al recrudecimiento de
conflictos que pudieron solucionarse usando el sentido común y las normas
superiores estatuidas.
Este parece ser el ámbito del caso de Brenda Yurani, estudiante de Medicina
Veterinaria y Zootecnia en la CORHUILA. A simple vista se nota que la ausencia
de mediación institucional ha convertido una justa protesta en un hecho de
posible persecución y violación de varios derechos a la estudiante, entre ellos
el derecho a la justa y pacífica protesta, como lo reza el Artículo 37 de
nuestra Constitución Política:
Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y
pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los
cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.
Ante este caso, del cual se tuvo noticias hace más de seis (6) meses y
sobre el cual recientemente ha circulado un video de Tik-Tok en el cual la
estudiante anuncia que CORHUILA se niega a reconocer sus derechos y sigue
insistiendo en una sanción de dos semestres (imagínense la dimensión de tal
injusticia, dos semestres por protestar de manera pacífica como lo ampara la
Ley), hemos decidido contactar a la estudiante desde Vórtice Virtual, con el ánimo de conocer más de cerca su drama y convocar a la
solidaridad nacional y la intervención de los entes reguladores del Estado. Acá
les dejamos la entrevista:
¿Quién es Brenda Yurani Calderón?
Soy hija de una
familia campesina. Nací en la vereda La Cañada, perteneciente al municipio de
Garzón (Huila). Graduada de una escuela rural. Vine a Neiva para estudiar Medicina Veterinaria y Zootecnia en la CORHUILA. Para
mantenerme estudiando, adquirí un crédito con el ICETEX, además de que he
trabajado como empleada de servicio doméstico, de niñera y también en mi finca
en La Cañada.
He liderado un
Semillero de Investigación en Fauna Silvestre que se llama “KINKAJOU”;
mi proyecto de investigación fue elegido como uno de los mejores del
departamento del Huila y gracias a eso me seleccionaron para asistir al
Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación que se va a realizar en
Cartagena.
Hace meses sabemos de su protesta ¿a
qué se debe?
El 17 de marzo del
2023 hubo una protesta pacífica en las instalaciones de la CORHUILA. Yo
participé en ella cuando había un plantón en las dependencias administrativas;
allí, expresé mis inconformidades a través del micrófono y posteriormente en
una reunión que se tuvo con el Rector Óscar Chávarro.
Mi principal
inconformidad siempre ha sido por una serie de vacíos académicos que a mi
consideración existe en mi carrera: por ejemplo, muchos tenemos vacíos en
materias tan importantes como morfofisiología, fisiología o farmacología; siempre
he pedido que tengamos más tiempo para ver esas materias, ya que solamente las
vemos un semestre, lo cual no alcanza para aprehender todos los conocimientos
necesarios para hacer un ejercicio óptimo de la profesión de médico veterinario
y zootecnista.
A raíz de esos
hechos, la CORHUILA me abrió, a mí y a otros siete compañeros, un proceso
disciplinario, donde nos acusaban de faltas gravísimas contra el Reglamento
Estudiantil. Presentaron como pruebas los videos de las cámaras de seguridad;
y, sin embargo, lo que se ve allí es que la protesta fue pacífica y que la
acusación que me hacen de que yo obstruí las entradas de la universidad es
falsa.
Aun así, tanto el
Consejo de Facultad como el Consejo Académico decidieron expulsarme, lo cual es
una decisión injusta y arbitraria, y que muestra que el objetivo de las Directivas
de CORHUILA es acallar a las voces críticas que existen en la comunidad
universitaria.
¿Qué derechos se te están vulnerando?
El derecho a la
igualdad, porque a pesar de que hubo alrededor de 50 participantes en la
protesta, solamente procesaron y sancionaron a 8. Es decir: por unos mismos
hechos, se aplicó sanciones diferentes.
El derecho a la
protesta pacífica, porque la protesta en ningún momento vulneró ninguna ley.
El derecho a la
libertad de expresión, porque lo único que hice fue expresar públicamente mis
inconformidades.
El derecho al
debido proceso, porque en el proceso se utilizaron pruebas amañadas, porque
jamás hubo presunción de inocencia, porque se desconoció el principio de in dubio pro reo, porque la sanción
carecía de fundamentación fáctica y jurídica y porque, además, es una sanción
absolutamente desproporcionada e inconstitucional.
Y, por último, me
están vulnerando el derecho a la educación, pues me están sancionando injustamente,
al no haber habido garantías procesales en esa actuación administrativa.
¿A qué instancias has acudido y cuál ha
sido la respuesta?
El 27 de julio de
este año recibí la notificación de la sanción. Ese mismo día, radiqué ante la
Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional
una queja donde ponía en conocimiento este caso.
Asimismo, el 1 de
agosto radiqué una tutela contra al CORHUILA donde, además, vinculé al
Ministerio de Educación. El resultado de la tutela fue agridulce: declararon la
nulidad de los fallos sancionatorios en mi contra en primera y segunda
instancia por parte de la CORHUILA; por lo tanto, ordenaron que la universidad
volviera a emitir un fallo en primera instancia donde se acogieran a criterios
de motivación, fundamentación, razonabilidad y proporcionalidad.
Es decir, sólo
tutelaron mis derechos a la educación y al debido proceso; pero el Juzgado negó
el derecho a la igualdad y, además, no se pronunció en la resolución del Fallo
acerca del derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión, a pesar
de que en las consideraciones expresó argumentos tendientes a ampararlos.
Ante esto, la
CORHUILA volvió a emitir un fallo en primera instancia, donde me sancionaban
con una suspensión por dos semestres. Yo respondí con el recurso de reposición
y en subsidio apelación, donde respondí con lujo de detalles las
inconsistencias probatorias de la universidad y los vacíos argumentativos a
nivel fáctico y jurídico que habían usado para sancionarme.
Sin embargo, la respuesta
del Consejo de Facultad no pudo ser más lamentable: rechazaron mis argumentos
supuestamente porque la etapa procesal para presentarlos ya había pasado; sin
embargo, la reposición y apelación es esa etapa procesal, si no, ¿entonces para
qué existe?
Actualmente, estoy
a la espera del fallo en segunda instancia que, con toda seguridad, va a
mantener la misma suspensión por dos semestres, a pesar de que no tengan
argumentos para hacerlo.
¿El Ministerio de Educación tiene
conocimiento de este caso? ¿Qué ha actuado?
Como dije
anteriormente, yo radiqué una queja ante el Ministerio el mismo día que me
sancionaron. No recibí ninguna respuesta. Pero mi mayor decepción fue la
respuesta de la Oficina Jurídica del Ministerio ante la tutela: le mintieron al
Juzgado para que los desvincularan del proceso, pues afirmaron que yo no
presenté queja alguna y que ellos no tenían conocimiento de ese caso.
Esta es la hora, y
ellos no han hecho absolutamente nada; hablé con un funcionario, y me dijo que
iban a emitir un pronunciamiento el vienes 15 de septiembre, pero
lamentablemente tal pronunciamiento nunca llegó. Fíjese que no le estoy
pidiendo al Ministerio algo imposible: le pido que sean guardianes de los
derechos constitucionales que me asisten; y más en este gobierno, que se hizo
elegir con votos de la juventud y especialmente de los estudiantes, con una
promesa de cambio.
Si esto hubiera
pasado en el gobierno anterior, no me habría sorprendido; pero que pase en
éste, ha sido toda una decepción.