Universidad Nacional: ¿democracia o caos?

 

Por: Carlos Arturo Gamboa Bobadilla

Docente Universidad del Tolima

 

Desconocer lo que piensa la comunidad universitaria no es el mejor camino para gobernar una institución educativa. Pero, hacer a rajatabla lo que la comunidad desea, tampoco; sobre todo porque es imposible tener consensos definitivos sobre el rumbo que debe adoptar una institución pública. ¿Qué hacer entonces?

Hay que empezar por entender que las formas de gobernanza están en constante ebullición, mientras que las normas tienden a petrificarse rápidamente, impidiendo que las nuevas tensiones sociales y culturales se incorporen a la vida institucional.

En ese sentido, el problema de la elección de rector en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) refleja el momento de tensión que viven las Instituciones públicas educativas de todo orden en Colombia. Después de muchos años de ser gobernadas bajo unos principios "democráticos" estólidos, se enfrentan a la posibilidad de ahondar en la participación como estrategia de gobierno. Para lograr lo anterior se requieren reglas claras que permitan trazar rutas de participación de sus actores, entender hasta dónde va el campo de acción de cada actor y cuáles son sus límites. Lo anterior se enfrenta a un dique construido con muchos años de burocratización de la vida universitaria, en especial desde que se aprobó la Ley 30.

Otro aspecto clave en esta construcción es la vocación democrática de la comunidad, entendida como la capacidad de concebir el papel individual y colectivo en la solidificación de la gobernanza. Entender el sentido máximo de una Institución Educativa pasa primero por comprender que el bien individual está debajo del bien colectivo y que el bien colectivo jamás debe estar por encima del bien social.

Así, la ecuación resultante es sencilla de enunciar, pero supremamente compleja de llevar a la práctica. ¿Cómo construir mecanismos de cooperación que permitan una participación real y al mismo tiempo preserve lo público como valor máximo? Existe un camino viable, pero es lento y tortuoso, se trata de trabajar con la comunidad y que sea la comunidad quiénes construyan esas rutas, mecanismos y normas, para que luego sean institucionalizadas. Es decir, el camino es educarnos en democracia para construir democracia. La solución hace parte del campo de la pedagogía política.

Ante ese panorama, la realidad actual de las universidades públicas colombianas demanda certezas contundentes y apertura a la construcción colectiva. Muchos años de juegos de poder al interior de las universidades han creado castas dedicadas a configurar formas obtusas de llegar o mantenerse en el poder, como se hace evidente en las últimas líneas de gobierno de la UNAL. A ello ha contribuido una interpretación acomodada, en muchos casos, de la Autonomía Universitaria.

Pero al mismo tiempo, esos juegos de poder han estado amparados por los gobiernos nacionales de turno, quienes desean una universidad al servicio de sus ideologías o intereses políticos del momento. Así se configura el triángulo que asfixia la democracia: la comunidad y sus múltiples intereses, la casta gobernante y los intereses estatales.

Si la casta gobernante se perpetúa a toda costa, termina por sofocar cualquier intento de renovar la democracia al interior de las instituciones, generando un clima de anormalidad normativa. La comunidad tiende a aceptar la derrota en los procesos electorales, lo que al final es una regla implícita en una apuesta democrática. Lo que no acepta una comunidad es que las reglas se acomoden para favorecer los intereses del momento. El continuo desconocimiento de las consultas en la UNAL es claro ejemplo de ello.

Por otro lado, si la comunidad no tiene claros sus límites y roles en esta construcción democrática, confundirá participación con decisión, ya que las instituciones tienen formas de participar, pero al final alguien debe asumir las decisiones y las acciones legales de una comunidad universitaria no pueden ser firmadas por todos los actores, pero sí legitimadas porque pertenecen al orden de la apuesta colectiva. Por decirlo de otra manera: el rumbo de un barco puede ser concertado por la tripulación, pero el timón se le delega a un experto que sepa de navegación.

Por su parte, el gobierno central debe dotar de garantías a la Institución Educativa para que navegue en busca de los intereses sociales máximos: en este caso que la Universidad cumpla su función como estructura de formación social, cultural y económica de una nación. Debe darle rutas claras sin cohesionarla en su andar, algo que ningún gobierno anterior ha entendido a cabalidad y que el actual parece tampoco ha logrado descifrar, puesto que los síntomas de intervención delatan la imposibilidad de un diálogo franco que active la necesaria transformación.

En la UNAL se encuentran, en este momento, las tres tensiones: una comunidad que se siente birlada, una casta que se niega a ceder los escenarios de poder y un gobierno sin rutas claras de acción que se encamina a hacer lo que siempre han hecho los gobiernos de turno, imprimir su sello a toda costa.

Si los roles de los actores no están claros, llegamos a un escenario como el que actualmente se está configurando: democracia o caos.

La reforma de la educación en Colombia no es asunto de un solo Ministerio

 

Por: Carlos Arturo Gamboa B.

Docente Universidad del Tolima

 

El Gobierno anunció, en cabeza de la ministra de Educación Aurora Vergara Figueroa, que el próximo 20 de julio radicará el proyecto que busca reformar la Ley 30. La noticia puede dejar un sabor agridulce para quienes hemos asistido a cientos de movilizaciones en contra del modelo educativo que encarnó dicha Ley y que llevó al estancamiento de la educación pública durante tres décadas. Y el sabor se debe a los pros y los contras de la metodología empleada y que se está obviando sin argumentos de peso.

Formar en un país en donde se anuncia la educación como un derecho, pero se trata como un servicio, ha sido un propósito a contracorriente. Las universidades públicas siguen aportando desde los bordes en la consolidación de la ciencia, la cultura y las artes, aún en medio de tormentas desatadas por gobiernos cuyo valor para el eje de educación, en sus planes estratégicos, fueron marginales.

El momento actual nos invita a caminar bajo otras lógicas y eso es ya un gran cambio. No obstante, durante el primer año de gobierno se han dado muchos palos de ciego frente a la dinamización y discusión de un proyecto fundante para el propósito de cambio de país. Muchos siguen instalados en la tendencia de que la construcción de las reformas es asunto de equipos técnicos y expertos, descuidando los aportes que la sociedad civil, el ciudadano de a pie y, en este caso, los actores educativos, puedan realizar.

Es por tal motivo, que se nos antoja apresurado el trámite de radicar la discusión en el Congreso, de un proyecto de Ley cuyo articulado no es conocido por las universidades, los estudiantes, directivos y profesores. Aún así, se convoca a participar en un ejercicio desdibujado en el marco de la reconstrucción de un entramado democrático que es vital para la supervivencia de la nueva reforma. Los actores universitarios no pueden ser convidados de piedra, ni conformar un séquito de aplausos o, aún más, constituirse en un bloque de defensa de algo que pueden compartir, pero que no conocen.

Sabemos que existen unos ejes centrales de la discusión como la construcción de un nuevo modelo de financiación, actualización de normatividades obtusas y añejas que ahogan el sistema, reorganización de un modelo de gobernanza externa e interna de las universidades y modificación de los parámetros de la carrera docente (Decreto 1279). Así mismo, un plan estratégico de cobertura que implique una decisión estatal de abandonar los centros y copar las periferias sociales, articulación entre los diferentes componentes del sistema educativo, entre muchos aspectos más. ¿Cómo lograr una Reforma mayúscula que responda a tantos aspectos atrasados?

Instalados en la política real debemos entender que no todos lo problemas se podrán solucionar con esta reforma, por lo tanto, se debe gestar un consenso sobre los aspectos más urgentes que requieren el sistema. Muchos dirán al unísono que es la financiación, pero recibir más soporte financiero no es la única solución, de fondo existen aspectos que convierten el sistema en un gran entramado burocrático ineficiente e ineficaz. Por eso el consenso es vital, pero ¿Cómo construir el consenso sin acción política, sin diálogos, sin trabajo mancomunado con las bases?

Muchos de los problemas que enfrenta el sistema educativo colombiano desbordan su mismo campo de acción. Miremos esto con un ejemplo: el acceso al soporte tecnológico se articula en dos campos a saber, la adquisición de software/hardware y la conectividad, estos no son sólo asunto del Ministerio de Educación, inevitablemente convoca al ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por citar sólo un caso. Un plan necesario de modernización de la educación pasa por garantizar acceso tecnológico, información y soporte en los lugares más apartados, para romper la lógica de la ciudad letrada en donde las capitales cuentan con los medios adecuados de formación y las demás regionales agonizan en el atraso.

Un proyecto ambicioso en tecnología puede generar una política estatal de conectividad para educar y se puede hacer con operadores satelitales que garanticen la señal en cualquier parte del territorio, quitándole a las instituciones la carga de contratación de operadores con baja cobertura y eliminado engorrosos procesos de contratación. He aquí un ejemplo de un modelo articulado en donde se apueste desde diferentes escenarios a la consolidación de un proyecto educativo que rompa la historia del país en dos.

Así mismo, bajo esta lógica de cooperación estratégica, se pueden gestar varios proyectos que suplan deficiencias en infraestructura, dotación de elementos para la vida cotidiana del entorno educativo, construcción de edificaciones con el apoyo del ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, incluso proyectos transversales de formación docente como la creación de programas de posgrado de alto impacto en los cuales los educadores del sector público se puedan cualificar de manera gratuita y bajo parámetros de innovación pedagógica para el cambio. En definitiva, la reforma educativa no es cuestión de un sólo ministerio.

La reforma debe ser un hecho concreto, también entendemos que no se debe convertir en un proceso de debate infinito, los tiempos del gobierno son calculados y la retrógrada oposición empleará todas las herramientas a su alcance para evitar que el sistema se transforme, ya que el modelo actual es una réplica de ese país de excluidos y sin derecho a la educación que tanto les conviene. 

La apuesta de convocar las múltiples experiencias territoriales, los alcances y debates de grandes movimientos universitarios y dando la voz a otros actores,  distintos a los gubernamentales, puede generar la armonía necesaria que empuje la Reforma hacia los territorios del verdadero cambio. Hay experiencias como la MANE y La Constituyente Universitaria que poseen una memoria de este proceso, excluirlos sería es un camino erróneo, al fin y al cabo, la educación es un campo, como diría el maestro Estanislao Zuleta, de combate y desde estos espacios se llevan años combatiendo por una educación diferente para Colombia.

La Universidad Pública colombiana a seis meses del cambio anunciado

 

Por: Carlos Arturo Gamboa B.

Docente Universidad del Tolima

No se puede pretender que los problemas de muchas décadas se resuelvan en seis meses, es ingenuo creerlo y bastante obtuso exigirlo. No obstante, como dice la sabiduría popular, en el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Así que, pasados seis meses del nuevo Ministerio de Educación, ya podemos ir atreviendo algunas ideas de lo que puede llegar y no llegar a suceder con el sistema educativo del país.

Varias intervenciones del ministro Alejandro Gaviria han marcado el discurso hacia necesidades urgentes de cambios estructurales: modificar la ley de transferencias para las universidades públicas, rediseño del sistema burocrático de aseguramiento de la calidad, reforma a la Ley 30, implementación de un sistema educativo que atienda lo rural, modelo operacional que garantice una educación de excelencia y equidad, entre otros aspectos, parecen ir en el rumbo deseando y necesario.

Por su parte, la creación de nuevas universidades, -la del Tarra es la primera de las 34 enunciadas-, parece contradecir otros postulados, sobre todo los del Ministerio de Hacienda y su agónica consecución de recursos frescos. ¿Es acertado crear nuevas universidades cuando se pueden invertir esos recursos en fortalecer las existentes y garantizar la cobertura de los nuevos 500 mil cupos que se plantean como meta? He ahí un gran debate.

El país necesita ampliar la cobertura de educación superior, pero no en las grandes ciudades y las intermedias, sino especialmente en los márgenes. Miles de kilómetros cuadrados de territorio no ha tenido acceso a educación y ahí está la necesidad inmediata. Pero no se trata solamente de llevar programas de formación, sino que los mismos sean pertinentes y estén articulados a las vocaciones productivas de las regiones para evitar la migración de profesionales. Así mismo, los programas deben enfocarse en atender una propuesta de formación para el siglo XXI, con un alto contenido humanista y con el objetivo de que esos nuevos sujetos formados impacten de manera positiva en los campos culturales, económicos y sociales a lo largo y ancho del país.

Del mismo modo, el campo de los posgrados debe regularse en cuanto a enfoques y costos, no se puede seguir manteniendo un sistema ad hoc que se convirtió, por ausencia de recursos, en la vía de consecución de ingresos monetarios para las universidades públicas. La formación posgradual es clave para el afianciamiento de una cultura investigativa, camino viable para coadyuvar a la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas de una nación. Actualmente muy pocos posgrados cumplen esa función, los impactos reales de la investigación en la solución de problemas concretos del país están en deuda.

Otro aspecto vital es la reformulación de la gobernanza de las universidades, buscando un equilibrio que le permita a las mismas hacer uso real de su autonomía, pero dentro de un marco Constitucional claro que regule las arbitrariedades históricas de los grupos de poderes locales que han llenado la historia universitaria de Colombia de casos lamentables de corrupción. Es urgente que las universidades de corte regional dejen de ser fortines de gobernadores de turno y que los representantes en los senos de los Consejos Superiores actúen ligados de las necesidades reales y concretas de las comunidades, no sometidos a los vaivenes de las casas políticas de turno. De no actuar en ese campo, las reformas que se planteen y las políticas bienpensadas no surtirán efecto en el mundo universitario, ya que los intereses particulares seguirán primando sobre las necesidades colectivas para lo cual tienen sentido lo público.

Por lo observado hasta ahora, no se encuentran indicios de intervención directa en estas reformas estructurales. Si el Ministerio de Educación empieza a congraciarse con los gamonales de las regiones y no hay una línea política clara que acelere las transformaciones, terminaremos matando la ilusión del cambio.

Las universidades requieren soportes financieros, pero necesita, a la par, repensar su razón de ser en el marco del proyecto de un nuevo país. La universidad actual es paquidérmica, anquilosada en viejas estructuras burocráticas en donde los pactos silenciosos dan cabida a la petrificación de las acciones que le competen. La universidad tiene como obligación pensarse a sí misma y ayudar a pensar el país, poner a la disposición de la sociedad el gran cúmulo de saberes y conocimientos que ostente, para ello debe abandonar su carácter prepotente y volcarse a la realidad, de lo contrario seguiremos asistiendo a su lenta desaparición.

No todo es tarea del ministro y el ministerio, pero las acciones y los ejemplos que desde allí se articulen podrán marcar el derrotero, y aunque el balance discursivo de estos seis meses es positivo, serán las acciones concretas las que allanen el camino que debemos recorrer.

Ideas preliminares sobre el nombramiento de Alejandro Gaviria, el nuevo Ministro de Educación

 

Por: Carlos Arturo Gamboa B.

Docente Universidad del Tolima

 

De los nombres que ha ratificado Gustavo Petro para conformar su equipo de gobierno, el que más ha generado discusiones es el de Alejandro Gaviria, anunciado como Ministro de Educación. Quizás esto se deba a que uno de los ejes centrales de la transformación de Colombia se basa en la consolidación de un buen sistema educativo, a la euforia que despertó en los jóvenes el nombre del reciente presidente elegido y a esa enorme masa de docentes y actores de la educación que han puesto su confianza en una reforma aplazada por décadas.

Alejandro Gaviria posee unos antecedentes como rector de la Universidad de los Andes, pero también como actor activo de los últimos años de la política colombiana. Asimismo, como Ministro de Salud durante el gobierno de Santos, en donde ejecutó acciones que hoy de nuevo son objeto de contradicciones. Sabe lo que es enfrentar duras decisiones, ha sido actor y protagonista.

Es necesario recalcar que estamos en un momento en donde hemos sido convocados a un “Pacto Histórico” por la transformación del país, y un pacto no se hace con una sola mirada. Tampoco hay que desconocer que los apoyo a Petro candidato llegaron de diversas corrientes, muchas de ellas contradictorias entre sí. Esos mismos actores hoy pujan por la conformación de su gabinete.

En temas de educación la tarea es enorme, ella es un eje central de toda transformación cultural, ya que un país que avance derribando barreras de ostracismo educativo, logra perfilar su población hacia otro tipo de discusiones y determinaciones. Durante muchas décadas hemos asistido a una opereta de país en donde la ignorancia ha sido usada como Caballo de Troya para perpetrar el statu quo. Por eso, las esperanzas en esa transformación son enormes.

La puja se daba en dos líneas concretas. Un sector de lo público que consideraba que el Ministerio debía estar en manos de un profundo conocedor del sector público, que contará con el respaldo del mismo y que pudiera de esa manera concertar raudamente los temas estructurales como financiación, regulación, enfoque y políticas de inclusión educativa; estos elementos pensados para todos los niveles, desde preescolar hasta sistema postgradual. Y otro sector enfocado en la visión un poco más tecnócrata, basados en indicadores, gestión del conocimiento, fortalecimiento de la investigación de punta y obviamente, financiación (o gratuidad). A mi parecer ganó la segunda fuerza, pero el presidente le puso la agenda de la primera. Veamos los retos que marca Petro en la hoja de ruta de Gaviria:

. Lograr la educación superior pública y gratuita.

. Lograr centros de excelencia universitarios públicos centrados en la investigación.

. Aumentar sustancialmente el número de niños y niñas en el preescolar.

. Generalizar el bienestar universitario con restaurantes y guarderías para las jóvenes con hijos.

. Lograr que la expansión de la educación cubra las regiones más olvidadas.

. Lograr una articulación eficaz en el Sena y en los últimos años de la secundaria con la educación superior.

. Lograr la extensión de la jornada escolar con el arte y la música, el deporte, la preparación matemática para programación, la historia.

. Buscaremos que la agencia nacional de infraestructura maneje los campos de la construcción de infraestructura educativa, conectividad y salud.

. A Alejandro Gaviria le corresponde la difícil tarea de iniciar nuestra marcha hacia una sociedad del conocimiento

 

De esta lista, si observamos con detenimiento, pocos aspectos corresponden a las líneas de la burocracia tecnócrata que hoy se posiciona en el MEN y sus órganos de control y evaluación de los niveles educativos. Cumplir muchos de ellos implica la reforma de la Ley 30, la revisión y modificación de la Ley General de Educación, la reforma del sistema de financiación de las Instituciones Públicas, la modificación de los lineamientos de la labor docente, en fin, una reforma estructural, no cosmética.

Por su parte, el nuevo Ministro anuncia, de manera escueta, que:

Agradezco la confianza del presidente electo Gustavo Petro. Lo hago con alegría y plena conciencia de mis responsabilidades. Me comprometo a trabajar por un cambio por la vida, por la inclusión, la generación de oportunidades y la reconciliación. Vamos a construir entre todos.

Hay mucha generalidad en estas últimas palabas y bastante precisión en la agenda que Petro ha puesto sobre la mesa. Debió ser difícil para el nuevo presidente la decisión, él sabe que en el campo de la educación se juega gran parte del proyecto de país, no de este periodo, si el futuro de muchas generaciones. Quizás haya recordado al maestro Estanislao Zuleta y su reafirmación de la educación como un campo de combate y un fortín para la construcción de la democracia. Pero debía decidir, eso hace un presidente. Esperemos que Alejandro Gaviria se aleje de la escuela de los estándares, ránquines e indicadores que tanto gusta en estos tiempos de educación pastiche y se centre en los ejes fundantes de una nueva mirada educativa.

Por ahora, toca confiar y alistar el verbo, las ideas y los aportes. Los actores del sector educativo estamos llamados a ser protagonistas del cambio esperado, de nada sirven los ministerios sino activamos los cuerpos y los cerebros. En el orden que se requieran.

Petro y la educación ¿hacia dónde virar?

 

Por: Carlos Arturo Gamboa B.

Docente Universidad del Tolima

 

Rápidamente se hizo viral un tuit de Gustavo Petro en donde invita a gobernadores y alcaldes a disponer de lotes saneados para construir sedes universitarias y así darle cabida a su propuesta de convertir a Colombia en una sociedad de conocimiento. Sin haber tomado posesión, Petro anuncia que las promesas de campaña se convertirán en políticas de Estado, algo fundamental para unir el país y derrotar definitivamente el discurso del miedo que la oficialidad se niega a soltar como banderita de batalla.

Lo que diré a continuación no es nada nuevo, son viejas discusiones en torno a la definición de hacia dónde se debe encaminar la educación pública en Colombia. Estos debates los hemos dado desde la década de los noventa, no más aprobada la Ley 30 que ya se avizoraba, en su primera infancia, como un remedio peor que la enfermedad. Se dio en movimientos posteriores como la recordada MANE, en el gran debate nacional de la Constituyente Universitaria, en las organizaciones estudiantiles, en cientos de Asambleas Universitarias, en el Seno de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, en fin, en mil eventos. Lo nuevo acá es el presidente y el enfoque que le va a dar a la educación del país ¿hacia dónde virar?

Construir nuevas universidades públicas en un país en donde el acceso total a la educación es una utopía, es más que plausible. Miles de jóvenes, pero también adultos, porque la formación superior debe recuperarse como derecho para todos, tienen aplazados sus sueños de educación universitaria. Pero ese proceso, que como se puede intuir de manera fácil es un plan a mediano plazo, debe ir acompañado de acciones inmediatas que oxigenen el sistema educativo y lo dispongan para contribuir a diseñar el devenir.

En el caso de las Universidades Públicas es urgente dar respuesta a las necesidades de inversión en infraestructura, dotación tecnológica y fortalecimiento de la labor docente. El mundo pospandémico nos ha generado una nuevas dinámicas y retos a los que se debe responder con audacia. La política de gratuidad educativa (lo que existe no es una política) debe ir acompañada de una considerable inversión en planes de permanencia estudiantil, en fortalecimiento del bien-estar de la población universitaria para que se pueda “estudiar sabroso”. Pero también toca invertir en tecnología de punta, laboratorios, escenarios culturales y deportivos, abriendo los campus a las nuevas formas de aprendizaje, con plataformas interactivas y simuladores en todas las disciplinas. Esto es urgente, porque la brecha del conocimiento se ensancha cuando no se reacciona de manera inmediata.

Otro tema urgente para las universidades tiene que ver con las políticas Ministeriales y sus organismos de control que tienen ahogadas a las universidades con indicadores, lineamientos y políticas obtusas, como los de acreditación, o el Decreto 1279 del régimen salarial de los profesores. Estas proliferaciones de normas no responden a la realidad colombiana, en su mayoría son importaciones deformadas de otros contextos, que buscan cumplir las exigencias internacionales pero que lejos están de atacar los males endémicos de nuestras necesidades educativas.

Lo que debe promover el MEN y demás organismos afines es la actualización de los programas de formación, la cualificación de los actores y la proliferación de programas pertinentes para el desarrollo nacional y regional. Para ello se deben motivar los nuevos enfoques de formación, programas pensados para la vida, la convivencia, el desarrollo sostenible, la producción rural y urbana, programas que permitan consolidar el país como un escenario para productividad solidaria.

Igualmente, en el campo de los posgrados, fortalecer “las investigaciones” con escenarios reales para que el conocimiento genere el impacto en la transformación de los territorios, las geografías y los problemas de la cotidianidad. Miles de estudiantes que lograron su formación en pregrado esperan oportunidad de avanzar en sus procesos formativos, la oferta del país es escasa, costosa y en muchos casos, poco pertinente para las necesidades urgentes. En esa misma línea, se debe promover y fortalecer los modelo de la educación a distancia, la educación virtual, la formación técnica y la educación continuada, así se construyen pilares de diversidad para que los ciudadanos puedan escoger sus propias líneas de formación.

 Un aspecto vital consiste en reformar la carrera docente, se hace necesario establecer un sistema que le permita a los niños y adolescentes tener la mejor educación posible, con infraestructuras adecuadas, pero con los mejores docentes. Dignificar y delinear la carrera docente permite que el profesor en Colombia deje de ser un profesional del rebusque, para convertirse en actor fundamental de la transformación política, cultural, científica y económica de la nación.

Quizás quedarán muchas otras líneas en el tintero, pero es urgente que los docentes, las universidades y sus actores, así como las Instituciones Educativas de toda índole, generen debates, propuestas y se activen en la dinámica de transformación educativa. El equipo que Gustavo Petro designe para liderar estos procesos debe tener claro este panorama, lo urgente y lo estructural, para dar respuesta a ese sentir colectivo de tener un país con mayores índices de formación en todos sus niveles.

Bien vale la pena recordar esa frase de Mandela que tantas veces hemos visto en las marchas de los jóvenes exigiéndoles a los gobiernos de turno: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”, pues hoy más que nunca, en Colombia, se debe dimensionar la potencia de su significado.

LA GRATUIDAD UNIVERSITARIA, UN RETO DE PAÍS

 

Por: Carlos Arturo Gamboa B.

Docente Universidad del Tolima

 

La gratuidad educativa está hace décadas en la agenda pendiente del país, a pesar de los grandes movimientos universitarios ha sido imposible concretar la misma debido a la falta de voluntad política de la clase gobernante. Sólo cuando se entienda la potencia que la educación tiene en el desarrollo social, económico, cultural y científico de una nación, se podrá entender la gratuidad como la mejor inversión en su futuro.

 El año 2021 inicia con un coletazo profundo en la vida económica y social de Colombia, los cerca de 2.5 millones de estudiantes de Educación Superior están pendientes de los planes de bienestar y permanencia estudiantil que las Universidades le puedan brindar, no sólo las públicas, también las privadas, las cuales albergan más del 50 % de la población.

 El Ministerio de Educación Nacional anuncia ayudas para la IES en “un total de $98.800 millones para subsidiar el pago de la matrícula del primer semestre académico de los estudiantes con mayores condiciones de vulnerabilidad de las 63 instituciones públicas del país”[1]. Esto, a simple vista, resulta insuficiente si los gobiernos municipales y departamentales no concurren en una bolsa común que garantice la permanencia estudiantil y el ingreso de nuevos prospectos.

 Frente a ese panorama se teje una realidad que sólo puede ser intervenida mediante la transformación del sistema educativo y la forma de financiación del mismo, de lo contrario estaremos asistiendo a una de las mayores pérdidas de cobertura de la historia reciente, ya que las IES no podrían sobrevivir al panorama. Para ello debemos trabajar sobre las siguientes ideas fuerza:

 ·        Las universidades públicas no pueden cumplir por sí solas el derecho constitucional de la educación, es el Estado el responsable de garantizarlo, las Universidades son el medio.

 ·        La pandemia desnuda, una vez más, un sistema educativo inequitativo y le plantea al país el reto de construir una verdadera política educativa para el siglo XXI.

 ·        La gratuidad en los pregrados universitarios debe ir acompañada de una estrategia de exigencia educativa que asuma el reto del aprendizaje como una constante superlativa, o surtirá el efecto contrario, es decir, hará decaer el compromiso con el saber.

 ·        No se puede continuar construyendo un sistema federal para la educación y su financiamiento, estaríamos generando la imposibilidad de la construcción de una visión de nación. La responsabilidad de los departamentos y municipios debe continuar, pero es el Gobierno Central el encargado de generar las políticas y su financiamiento.

 ·        Hoy nos enfrentamos a un Frankenstein compuesto por Generación E, jóvenes en acción, becas estatales, ICETEX, aportes especiales procoyuntura y demás fondos, lo que genera una engorrosa tramitomanía de recursos y una lenta respuesta burocrática. Por lo tanto, se debe unificar una política educativa y su financiamiento.

 ·        Algunas universidades de corte regional tienen un alto impacto nacional, aportan significativamente en la consolidación del derecho a la educación, pero no se refleja dicho impacto en las transferencias de corte nacional que reciben.

 ·        El sistema es inequitativo al privilegiar mayores montos para las universidades de las grandes capitales en comparación con otras denominadas «menores». Este actuar amplía la brecha y no genera igualdad de oportunidades para la formación de los menos favorecidos.

·        Se debe hacer una fuerte inversión tecnológica en el campo de la enseñanza y garantizar la gratuidad de conectividad para fines educativos. En ese mismo sentido, la brecha tecnológica hace que tengamos poblaciones en el siglo XXI y otras en el XIX.

 ·        Las modalidades a distancia y virtuales se erigen como alternativas reales para avanzar en cobertura y garantizar el acceso a educación superior, pero el sistema debe adaptarse, reinventarse y revisar una serie de las normas que están más enfocadas en la presencialidad tradicional. 

 ·        Se deben establecer políticas de bienestar para el profesorado, el sistema actual salarial, los mecanismos de evaluación y promoción y los escenarios de capacitación/ formación no han dado los frutos que se requieren para soportar un sistema educativo en el siglo XXI.

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[1] https://www.universidad.edu.co/en-pandemia-gobierno-da-98-800-millones-para-descuentos-de-matricula-en-ies-oficiales/

MATRÍCULA CERO: LA LUCHA POR LA GRATUIDAD

Por: Carlos Arturo Gamboa B.

Docente Universidad del Tolima

La educación pública debe ser gratuita. Nadie, quien entienda que un país se construye a la par del conocimiento, duda en defender este derecho. Pero en Colombia hemos carecido de un gobierno que asuma la educación como eje central para la construcción de futuro. Por el contrario, el desfinanciamiento de la educación pública ha sido la política constante.

Desde la promulgación de la Ley 30, las finanzas del Sistema Universitario Estatal han venido en constante deterioro. Hoy tenemos que, en la mayoría de las Universidades, los ingresos por consecución de recursos propios son superiores al 50 %. Las transferencias del orden nacional y departamental, como es el caso de las universidades regionales, apenas alcanzan para soportar las nóminas de funcionarios, docentes y directivos.

La desfinanciación estatal constante, ha llevado a que las universidades, con el fin de cumplir sus rutas misionales, aumenten el número de docentes por hora cátedra, llegando a un escandaloso porcentaje promedio del 80 % de pago de labor docente por este tipo de contratación. Es decir, una figura que era excepcional para la universidad, terminó siendo la norma. 

Los recursos que obtienen las universidades para poder solventar su funcionamiento se limitan, en esencia, al recaudo por matrícula de pregrado y posgrado, manteniendo un bajo costo en la primera y un alto costo en posgrado. Por eso la educación posgradual en Colombia es tan costosa. Otros recursos que obtienen las universidades se dan por la venta de servicios, pero es poco significativo, quizás las grandes universidades, del orden nacional, puedan conseguir recursos relevantes mediante este mecanismo.

Así mismo, existe una marcada desigualdad en las transferencias para las universidades denominadas “grandes”, en comparación con las regionales, inequidad que no se justifica, ya que se sigue posicionando un modelo de desarrollo para un país centralizado, que no les ofrece a los bordes mantener los mismos niveles de investigación, proyección y docencia que las grandes capitales. Seguimos asistiendo, en pleno siglo XXI, al fenómeno de la ciudad letrada.

En ese contexto, la matrícula cero o gratuidad, siempre ha sido una bandera de los movimientos universitarios, pero por mucho empuje que se haya tenido en las movilizaciones, aún no se ha logrado. Un país que privilegia la inversión en armas, tanquetas y aumento de pie de fuerza militar y policial por encima de la educación, es un país que de frente le saca el cuerpo a la paz, para seguir en una ruta de barbarie. Educar a la población es construir paz, la guerra germina más fácilmente en las huertas de la ignorancia.

El desangre de la corrupción, agujero por donde se van millones y millones de pesos de los recursos públicos, es otro ejemplo del diseño de un proyecto de nación inviable. Con el dinero de la guerra y el rescate de los recursos de las manos de los corruptos, Colombia podría fácilmente solventar un Sistema Educativo gratuito en todos sus niveles.

La pandemia puso en evidencia, una vez más, la inequidad tan grande de un país en el cual la mayoría de los jóvenes no puede acceder a la formación universitaria. Pero también puso en la palestra el gran esfuerzo que hacen las universidades por mantenerse a flote, con unas finanzas golpeadas y conscientes de que atienden una población que en su mayoría corresponden a los estratos 1-2, los más afectados por la cuarentena, ya que dependen de un salario mínimo o del empleo informal.

Llegar a la matrícula cero debe ser la gran meta, no sólo en el marco de esta pandemia, si no bajo la perspectiva de diseñar un país para el siglo XXI, con equidad, que le apueste a la educación como baluarte de su construcción cultural y científica.  Un país que deje atrás su historia guerrerista y abra las puertas de la inclusión social para todos y cada uno de sus ciudadanos.

En el caso de la Universidad del Tolima, el gran esfuerzo financiero que ha realizado el semestre A y las apuestas que ha diseñado para el semestre B, hacen parte de una política de cuidado fiscal que se implementó después de la desastrosa experiencia de los años 2014-2016. Asumir la matrícula de un semestre académico está por el orden de los 14.500 mil millones de pesos, sólo en pregrado.

En ese escenario, podemos hacer cuentas simples y entender que, sin la cooperación del gobierno central y el gobierno departamental, esta tarea resulta imposible. Si tenemos en cuenta que ya se están apalancando inscripciones gratuitas de pregrado y posgrado, así como descuentos en matrícula para los cerca de 21.000 estudiantes, se puede decir que el aporte de la UT está a la altura del compromiso social ante esta pandemia y sus efectos.

Ahora bien, de los 97 mil millones que se dispusieron desde el gobierno central, para apoyar el sistema en esta coyuntura, a la UT le transferirán 3.300 millones, por lo cual estamos hablando que aún faltarían alrededor de 6.500 millones para poder asumir la matrícula cero para la totalidad de los estudiantes de pregrado. Es decir, tenemos un faltante de un 45 %.

El Consejo Académico, de la Universidad del Tolima, le ha enviado una carta al Gobierno Departamental solicitando este apoyo, como un esfuerzo adicional a las transferencias de ley. Esperamos contar con que se pueda llevar a cabo dicho aporte, lo cual garantizaría matrícula cero en pregrado y descuentos de hasta el 40 % para posgrados para el semestre entrante.

Aún así, el sueño de la educación gratuita debe seguir siendo parte de nuestras luchas universitarias y de todo el sistema público educativo. No sólo el efecto Covid-19 es culpable de la enorme desigualdad y del incumplimiento del derecho a la educación. Cuando el virus llegó a Colombia este país ya estaba amenazado de muerte por la pandemia guerrerista y corrupta, sólo cambiando esa lógica podremos construir esa nación que millones hemos soñado, y la educación pública gratuita para todos es uno de los caminos. La matrícula cero debe ser una política de Estado.

CRISIS EN LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA: ¿EN DÓNDE ESTÁ LA SALIDA?

Por: Carlos Arturo Gamboa B.

Un hámster atrapado en la rueda sigue caminando porque considera que la salida está próxima, sin darse cuenta que sus pisadas reproducen una agonía infinita de sin salidas. Si el hámster es capaz de entender la inutilidad de hacer girar la rueda, podría soñar en cambiar dicha lógica. Hace mucho rato que la Universidad del Tolima es la rueda que gira y gira sin parar, y el hámster es la comunidad. ¿En dónde está la salida?

El Ministerio de Educación. Amo y señor de las malas políticas educativas del país, solo querrá aprovechar el momento para diseñar una “prueba piloto” que les permita reconfigurar las universidades públicas. Recordemos que la Ley 1740 es una reformeta de la Ley30 de 1992, la cual creímos tumbar en el 2011, pero que ellos han venido implementando de manera soterrada. Tienen un gran aliado interno en la Universidad del Tolima y es el mismo rector, para la muestra su política de cobertura con calidad, acreditación institucional, excelencia académica, indicadores de gestión, publicaciones indexadas y demás conceptos propios de la política ministerial. Para ellos la culpa es de la comunidad, se excluyen ellos, excluyen al gobernador pasado y de turno y excluyen, por supuesto a su mejor heterónomo alumno: el rector.

La Gobernación. Presidida por Oscar Barreto, quien años atrás se negó a girarle las transferencias de ley porque el exrector Ramón Rivera Bulla le ganó la puja por la rectoría, hoy aparenta lavar la mancha del pasado y hacerse pasar por salvador de la Universidad. Su estrategia, la lenta espera. No quiere asumir el caos, no quiere invertir mayores esfuerzos económicos y políticos en una institución que se sospecha inviable. Considera que el Ministerio de Educación debe dar la pauta y determinar la dimensión de la crisis, posiblemente después de barrida la casa le interese organizar la fiesta. De dientes para fuera culpa al rector, de dientes para dentro guarda sus reservas. Culpa a la comunidad soterradamente, porque sabe que su mayor resistencia anida allí.

El rector. Reelegido en la turbulencia de una crisis que ocultó con un dedo (auspiciado por la ceguera oportuna de sus aliados), sabe la real dimensión de la debacle. Quiere implementar un plan de ajuste fiscal que de entrada no garantiza el largo aliento financiero que requiere la institución, por eso hoy clama porque la Universidad del Tolima ingrese en Ley 550, la misma que se aplicó por primera vez en la Universidad del Atlántico en el año 2005 y que después de una década de penurias, maltratos y desinstitucionalización, continúa teniendo dicha universidad en la esquina del abismo. Para el rector la culpa es “estructural”, es decir, no es suya, ni de su equipo; y la solución debe recaer en la comunidad en una suerte de “todos pongan” que yo organizó. Sin credibilidad, sin gobernabilidad y sin respaldo de sus antiguos aliados juega su carta maestra: llamar al papá Ministerio para que lo defienda.

La comunidad. Compuesta por tres volubles elementos (estudiantes, trabajadores y docentes), se mueve entre la culpa, la angustia y el deseo de aportar algo real a la salida. En sentido estricto, cada estamento son varios a la vez, se mueven al vaivén de sus intereses individuales y de pequeñas colectividades. Intentan unirse poniéndose de acuerdo en los intereses comunes, pero sospechan mutuamente unos de los otros, la historia de sus actuaciones está ahí en el retrovisor de la vida cotidiana. Saben que los misiles reformistas del Ministerio, de la Gobernación y del Rector apuntan hacia ellos, pero aún son incapaces de abandonar su lugar de enunciación para construir un proyecto mediado por las diferencias, pero robustecido por lo común. Las viejas prácticas tienen extensas raíces que deben ser cortadas.

Ante este panorama la única salida (no garantizada) es la construcción de una propuesta colectiva, lo más incluyente y universitariamente posible; dolorosa porque implica salir de los escenarios de confort y enfrentarnos a las otras dimensiones con los que se alimentan las crisis: la apatía, la componenda, la negociación soterrada, el privilegio, los amiguismos con el poder, la falta de compromiso con lo público y el respeto por la comunidad misma.

En ese camino todos hemos avanzado, unos más que otros, pero la ruta parece estar clara. Los trabajadores tienen sus diagnósticos y sus propuestas, los docentes han elaborado un documento juicioso en su primera versión, los estudiantes avanzan derribando los diques y empiezan a gestionar sus debates. Lograr un epicentro de estas ideas, cruzarlas, tamizarlas, ponerlas al desnudo y construir una propuesta de la comunidad, es hoy la única manera de evitar la predeterminación del MEN, el Gobernador y el Rector, esa tríada que origina la crisis y que hoy la descarga sobre la Universidad y sus actores.

Las crisis deben generar transformaciones, lo peor después de ellas es seguir instalados en el mismo lugar donde germinaron. Algo viejo debe morir para que lo nuevo pueda surgir.

LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, UN AVANCE DEMOCRÁTICO QUE SE DEBE DEFENDER

Por: Carlos Arturo Gamboa B.

La democracia en la comunidad universitaria es una especie de mito, dicen que existe pero nadie la ha visto. Al menos eso pensaba antes de visitar la Universidad de Nariño. Nada extraño tiene su campus porque al pasearse por él se encuentran edificios de aulas, auditorios, cafeterías, escenarios deportivos y muchas zonas verdes, esto último si se puede tildar como particular, porque los modelos de construcción basados en la soledad del concreto se han ido tomando las universidades.

Sin embargo, el panorama mental si se trastoca cuando se escucha decir al rector, Carlos Eugenio Solarte, que prefiere la democracia real que impulsa el proceso de la Reforma Universitaria, a la imposición de la pretendida Acreditación de Alta Calidad; y lo prefiere porque la reforma está instalada en la participación mediante procesos asamblearios en los cuales se discute y reconstruye  el estatuto de la universidad, mientras que el seudo-sueño de la acreditación, y esta es mi opinión, no es más que un embeleco instituido para hacernos creer que obteniendo la medallita seremos mejores, y de paso olvidamos el verdadero camino que debe transitar la universidad pública.

Luego uno se va sorprendiendo más cuando empieza a constatar que es cierto que en la Universidad de Nariño el rector es elegido por la comunidad y “designado” por el Consejo Superior, tradición de años que en nada contradice la Ley 30, el escudito anti-democrático que en las otras universidad, las fuerzas de poder, exhiben como prohibitorio. Pero también se escucha y constata de que lograron construir mediante proceso asambleario el Plan de Desarrollo 2008-2020 y en el 2013 construyeron el Proyecto Educativo Institucional (documento que requiere un análisis más detallado, debido a su propuesta incluyente y transformadora). Este en una de las páginas iniciales dice, considerando:

“Que la Comisión Académica de Reforma Universitaria elaboró la propuesta del Proyecto Educativo Institucional – PEI- ampliamente estudiada por las Facultades, Departamentos y Programas, discutida y aprobada por la Asamblea Universitaria”

Es así de real, está en los documentos institucionales como es el caso del PEI firmado por el Presidente del Consejo Superior, hay evidencias concretas de democracia; por lo cual la participación real deja de ser un mito y se torna tangible; y lo puedes comprobar en el campus, el ethos y en los documentos institucionales de la Universidad de Nariño.

Ahora bien, rumbo a San Juan de Pasto y cuando el avión está aterrizando sobre una hermosa meseta en el municipio de Chachagüí, se experimenta un ligero temblor de turbinas provocando la palidez propia de las turbulencias, entonces sabes que has llegado. Luego tus ojos disfrutan el verde paisaje que se enciende a la distancia, entre montañas que traen tonadas de historias milenarias, de culturas que reposan en las cumbres y que están siendo vigiladas por el volcán Galeras, la fiera dormida como algunos le dicen. La ciudad y su clima frío te ofrecen hermosas edificaciones elaboradas por manos antiguas que aun conservan su belleza y son testigos de otros tiempos, puedes saborear el cuy, calmar el frío de la noche con una jarra de hervido o atreverte a más y terminar chumado en algún tranquilo parque.

Para llegar a Pasto debes vencer el miedo a la turbulencia, de la misma manera que para apostarle a la democracia real, debes vencer el miedo que engendra la heteronomía institucional, debes comprender el verdadero papel de la Universidad Pública en nuestro contexto, debes entender que de esa manera se puede transitar por el camino de la potenciación del Sur. En la Universidad de Nariño se le apuesta a la democracia real, nada allí es ilegal, más aún, creo que es allí en donde  la Constitución Política Colombiana y su espíritu incluyente más se respeta. Por eso estaremos prontos a defender, profundizar e imitar esta idea de proceso democrático, porque cuando uno ve las bondades de estas apuestas, deja de tenerle miedo a las turbulencias y duerme tranquilo a la sombra del vigilante Galeras.

La Universidad de Nariño es ejemplo para las demás universidades públicas de Colombia, todos debemos a mirar hacia el Sur y entender que estamos en un tiempo en el cual nuestros mitos deben hacerse reales, la democracia universitaria es uno de ellos.

CONVOCATORIA III FORO NACIONAL CONSTITUYENTE

III FORO NACIONAL CONSTITUYENTE

EDUCACIÓN - PAZ - MEDIO AMBIENTE

Universidad del Tolima -Noviembre 13-14-15 de 2014-

Colombia se encuentra en el vórtice de la coyuntura, pensarnos hoy significa existir como país mañana. Tres ejes nos convocan a continuar construyendo los derroteros necesarios para fortalecer el poder constituyente: educación, paz y medio ambiente.

Con ese marco de fondo nos daremos cita en Ibagué en el III Foro Nacional Constituyente, para que desde distintas miradas tejamos iniciativas para afrontar los retos que agobian la realidad colombiana. Una nueva estocada sufre el sector educativo después de la fracasada intentona de reforma a la Ley 30, esta vez reflejado en un inconsulto plan reformista que busca de nuevo imponer la lógica del mercado, mientras las universidades públicas y demás instituciones educativas naufragan en sus cotidianidades. El proceso de paz camina, pero necesitamos replantear la participación del sujeto constituyente en las determinaciones fundamentales, no seguir asistiendo como espectadores. La paz no es solo la dejación de los fusiles, es la posibilidad de la vida misma, la justicia y la igualdad. El medio ambiente, depredado, dispuesto a las máquinas del extractivismo, también nos convoca a actuar, porque mientras el planeta agoniza Colombia permite que sus recursos sean subastados en las bolsas de valores.

En ese sentido, queremos convocar a los distintos sectores universitarios y a la población en general a hacerse partícipes. El foro se realizará los días 13-14 y 15 de noviembre.  Nos gustaría contar con su asistencia y sus apreciaciones para terminar de diseñar el encuentro, las cuales pueden enviarse al siguiente correo: cgamboa@ut.edu.co. El plazo máximo para ajuste de programación es el 15 de octubre.

Carlos Arturo Gamboa B.

Equipo Coordinador. Celular 317-5880816