“DECISIONISMO” TRANSNACIONAL. LA UNIVERSIDAD: UN EMPORIO DEL CAPITAL

Por: Jorge Gantiva Silva

Filofoso Univerisdad Nacional

Profesor Titular Universidad del Tolima

 Texto Publicado en Revista Izquierda No.14. Agosto 2011.

El transformismo de la maquila transnacional

Coherente con su proyecto transnacional de convertir la educación en una mercancía, el gobierno de Juan Manuel Santos ha presentado al Congreso de la República la reforma de la educación superior en una versión más agresiva y “perfeccionada” en el marco de su estrategia de someter el país al gran capital, al TLC y a las corporaciones privadas nacionales e internacionales. Se trata de una ofensiva de la derecha “decisionista” que desprecia la discusión, la deliberación y la participación democrática, y pasa por encima de las tendencias y los logros del democratismo educativo. En su lógica de poner el país en la órbita del capitalismo mundial y de la mercantilización de la educación, ha puesto la universidad pública en el mercado mundial de los megaproyectos educativos.

Después de 17 años de existencia de la ley 30 de 1992, la educación superior sólo ha alcanzado el statu quo de privilegios de la universidad privada, los intereses de lucro y los negocios, ha incorporado las políticas de flexibilización y precarización del trabajo docente, ha extendido de manera abusiva la educación a distancia, ha lesionado severamente la autonomía y las libertades fundamentales, ha implantado el pensamiento único de las competencias y de los estándares y ha generado un proceso de desinstitucionalización y desgobierno en el conjunto de las universidades públicas. Sus resultados son mediocres; así como elocuentes son sus niveles de desigualdad, medianía académica y privatización.

Tras las imposiciones de la banca mundial y de la política neoliberal, la universidad colombiana quedó sumida en un profundo adocenamiento y subordinación. Durante este período ha sido dramática la forma como se desfiguró la universidad pública de su propósito de formar la personalidad histórica de Colombia y promover el desarrollo económico, la ciencia, la tecnología y la identidad cultural, postulados contemplados en las finalidades sociales del Estado que reclama el bloque constitucional. La universidad, otrora centro de saber y campo de redefinición de la identidad histórica y cultural, se trastocó en mercado de negocios y saberes funcionales de la maquila capitalista. La “idea de universidad”, proclamada por el democratismo internacional, fue desestimada por los “decididores” del mercado mundial, del pensamiento pragmático y de los negocios. La calidad convertida en una “palabra vacía” de lógicas macroeconómicas ha sido un manto ideológico de la política de control, homogeneización del saber y despojo del conocimiento. A lo largo de estos años, se legalizaron decenas de instituciones de garaje; muchas de ellas, se convirtieron en verdaderas “cuevas de Rolando” de corrupción y clientelismo. Bajo el recetario de la calidad, la universidad perdió irónicamente su estatus de saber, de libertad académica y universalidad de que gozaban al amparo de su autonomía. Particularmente desastroso ha sido el proceso de privatización y la política de precarización y flexibilización del trabajo de los docentes. Además de la desfinanciación y bancarización de la educación superior, la deuda contraída por el Estado sigue siendo una amenaza para su existencia.

El santismo del lucro y de los negocios

El proyecto de reforma de la educación superior que presentó el gobierno nacional al Congreso de la República, a mediados de julio, es una versión más agresiva y coherente de la que formuló en marzo del presente año. Esta iniciativa es una expresión del transformismo de la maquila capitalista, cuyo élan vital son los negocios, el ánimo de lucro, la explotación económica de los servicios educativos. Este proyecto hace parte del engranaje estratégico del reformismo institucional que promueve la política granburguesa de Juan Manuel Santos en el contexto de la globalización imperial. Como pieza clave en el proceso de formación del gran capital, esta reforma articula las locomotoras de la gran minería y de los agrocombustibles, la regla fiscal, el recorte de las regalías y del gasto del Estado para beneficiar el pago de los altos intereses y del capital de la deuda externa, las exigencias del TLC, la precarización del trabajo y de los salarios, la reforma tributaria, las Metas del Milenio, la política de competitividad, castigando el gasto social, la soberanía de Colombia y los derechos fundamentales de la población.

La novedad de Santos radica en el impulso reformista de la maquila capitalista transnacional que ha abierto la educación superior al mercado mundial de los servicios educativos. El gobierno de Juan Manuel Santos ha roto el democratismo

educativo que el bloque constitucional reconoce como patrimonio histórico de la nación. La ruptura del carácter público de la educación universitaria ha diluido la “idea de universidad” en una subasta de los servicios educativos, en un festín de los negocios y el holding de los servicios educativos de acuerdo con la lógica del mercado mundial. Este reformismo es una mascarada para profundizar la “terciarización” de la educación superior y universalizar la relación del capital en la formación, la investigación, la enseñanza y la cultura universitaria. El gobierno nacional ha decidido de manera enfática no renunciar a su estrategia transnacional de avalar las instituciones de educación superior con ánimo de lucro para abrir el campo de acción a las grandes corporaciones capitalistas internacionales, especialmente, norteamericanas. Esta reforma regresiva liquida la universidad pública, inicia una nueva fase del largo proceso de privatización y mercantilización bajo la dictadura de los organismos multilaterales. Según la euforia del gobierno, en “un país más competitivo es necesario ajustar la educación superior y cubrir las necesidades de acuerdo con las demandas de un

mundo cada vez más global”.

El embuste del mérito y de la vocación: la “terciarización” del saber

El proyecto de reforma de la educación superior reorganiza la totalidad del sistema universitario, centraliza el conjunto de sus instituciones y orientaciones, legitima el Plan Bolonia de movilidad, competencia y competitividad, legaliza el programa de “articulación” entre la educación media y la universidad, refuerza la estrategia de precarización y flexibilización del trabajo de los docentes, profundiza la política de bancarización de la educación superior. Su “alma” es el lucro, los negocios, la explotación capitalista, la mercantilización de la educación -proceso bastante adelantado bajo el “espíritu” avasallador del capital humano, de la competencia, de la estandarización y de la ideología de la “alta calidad”, del mérito y de la excelencia-. Colombia, desesperada por su notorio atraso y mediocre posición internacional en el campo de la educación superior, pretende entonces subsanar esta brecha histórica, sometiéndose a la lógica del mercado transnacional de los servicios educativos.

Desde hace más medio siglo, el Estado colombiano ha estado obsesionado por sobrepasar el nivel medio-bajo de sus resultados, sin poder mostrar un avance significativo, salvo su creciente dependencia respecto de las imposiciones internacionales. La calidad ha servido para todo, menos para producir un nivel de

formación, trabajo, cultura, investigación y conocimiento que pueda traducirse en el logro de las finalidades sociales del Estado, el desarrollo económico y social del país, la formación de la personalidad histórica de Colombia y la comprensión y solución de sus necesidades y expectativas. La calidad se ha convertido en una “palabra vacía” para legitimar una política social compensatoria, remedial, asistencial y de control de las prácticas y de los sujetos educativos, basada en la justificación de los empréstitos internacionales.

El proyecto de reforma de la Ley 30 encierra una falacia que el pensamiento crítico y la pedagogía consideran una regresión de fondo. Se trata de condicionar la garantía del derecho a la educación superior, y su reconocimiento como bien público según las nociones de “mérito” y “vocación”, dos expresiones ideológicas que sólo sirven para avalar la competencia y la desigualdad, esto es, legitimar la lógica del mercado y limitar los derechos. El “mérito” es una engañifa para reimplantar el premio y el castigo, para establecer un sistema de valorización jerárquica y excluyente, y para subordinar las prácticas de saber según la perspectiva de la utilidad y el provecho. La “vocación” constituye otra maniobra para encubrir una supuesta predestinación social y exaltar la individuación en una sociedad profundamente desigual. Ni el “mérito” ni la “vocación” son constitutivos del derecho fundamental a la educación superior.

Para el democratismo internacional el derecho a la educación no tiene otra prerrogativa que la condición de la dignidad de la persona, la libertad y la autonomía. Estas nociones -en manos de la tecnocracia y los agentes de la racionalización del gasto y de la estandarización- sólo sirven para acentuar la exclusión y la injusticia social. En el fondo, la retórica discursiva en torno a la calidad, el “mérito” y la “vocación” es un artificio ideológico para legitimar la política internacional de la “terciarización” de la educación superior establecida por la OMC, la OCDE y la banca mundial que establece una pobre educación para pobres, un despojo del conocimiento, una educación para el trabajo en una sociedad sin trabajo, una estandarización del saber según la maquila internacional, una profundización de la política de precarización y flexiblización del trabajo docente y una extensión abusiva de la educación a distancia, sin condiciones, recursos ni garantías. La ironía de la calidad de la educación superior radica en el contraste entre la parafernalia del andamiaje burocrático de control y mediciones econométricas con la “naturaleza” libre y autónoma de las prácticas de saber, las libertades y las condiciones para el desarrollo de la academia y de la investigación. Sus “resultados” no son sino un pálido reflejo de este desgarramiento. En general, el proyecto de reforma fortalece la universidad privada, los negocios y el lucro; alienta la idea de un pool de universidades estatales de alta calidad que compitan en el ranking internacional; a las restantes las somete al chantaje de su degradación y al delirio de la competencia por su reconocimiento. La reforma de la educación superior ahonda el proceso de deslegitimación de la universidad pública y destruye el precario bloque constitucional de la educación superior como derecho fundamental.

Este proyecto de reforma de la educación superior desatará grandes pasiones, luchas y movilizaciones. Como campo de interpelación de las sociedades y de los proyectos históricos expresa una subjetividad múltiple atravesada por el antagonismo y la pluralidad. El capitalismo de la maquila transnacional contraataca la educación pública como bien público, no sometido a las leyes del mercado. Esta disputa de enfoques constituye el centro de lucha, la “razón de ser”

de la universidad, entre la lógica de la educación superior como empresa capitalista y el proyecto de universidad como bien público no transable, como patrimonio histórico, basado en la libertad y la autonomía, en la “impertinencia” del saber y el ethos intelectual de su función social. He ahí la razón por la cual se “justifica rebelarse” contra la reforma de la maquila capitalista del gobierno de Juan Manuel Santos.