La Universidad Pública colombiana a seis meses del cambio anunciado

 

Por: Carlos Arturo Gamboa B.

Docente Universidad del Tolima

No se puede pretender que los problemas de muchas décadas se resuelvan en seis meses, es ingenuo creerlo y bastante obtuso exigirlo. No obstante, como dice la sabiduría popular, en el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Así que, pasados seis meses del nuevo Ministerio de Educación, ya podemos ir atreviendo algunas ideas de lo que puede llegar y no llegar a suceder con el sistema educativo del país.

Varias intervenciones del ministro Alejandro Gaviria han marcado el discurso hacia necesidades urgentes de cambios estructurales: modificar la ley de transferencias para las universidades públicas, rediseño del sistema burocrático de aseguramiento de la calidad, reforma a la Ley 30, implementación de un sistema educativo que atienda lo rural, modelo operacional que garantice una educación de excelencia y equidad, entre otros aspectos, parecen ir en el rumbo deseando y necesario.

Por su parte, la creación de nuevas universidades, -la del Tarra es la primera de las 34 enunciadas-, parece contradecir otros postulados, sobre todo los del Ministerio de Hacienda y su agónica consecución de recursos frescos. ¿Es acertado crear nuevas universidades cuando se pueden invertir esos recursos en fortalecer las existentes y garantizar la cobertura de los nuevos 500 mil cupos que se plantean como meta? He ahí un gran debate.

El país necesita ampliar la cobertura de educación superior, pero no en las grandes ciudades y las intermedias, sino especialmente en los márgenes. Miles de kilómetros cuadrados de territorio no ha tenido acceso a educación y ahí está la necesidad inmediata. Pero no se trata solamente de llevar programas de formación, sino que los mismos sean pertinentes y estén articulados a las vocaciones productivas de las regiones para evitar la migración de profesionales. Así mismo, los programas deben enfocarse en atender una propuesta de formación para el siglo XXI, con un alto contenido humanista y con el objetivo de que esos nuevos sujetos formados impacten de manera positiva en los campos culturales, económicos y sociales a lo largo y ancho del país.

Del mismo modo, el campo de los posgrados debe regularse en cuanto a enfoques y costos, no se puede seguir manteniendo un sistema ad hoc que se convirtió, por ausencia de recursos, en la vía de consecución de ingresos monetarios para las universidades públicas. La formación posgradual es clave para el afianciamiento de una cultura investigativa, camino viable para coadyuvar a la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas de una nación. Actualmente muy pocos posgrados cumplen esa función, los impactos reales de la investigación en la solución de problemas concretos del país están en deuda.

Otro aspecto vital es la reformulación de la gobernanza de las universidades, buscando un equilibrio que le permita a las mismas hacer uso real de su autonomía, pero dentro de un marco Constitucional claro que regule las arbitrariedades históricas de los grupos de poderes locales que han llenado la historia universitaria de Colombia de casos lamentables de corrupción. Es urgente que las universidades de corte regional dejen de ser fortines de gobernadores de turno y que los representantes en los senos de los Consejos Superiores actúen ligados de las necesidades reales y concretas de las comunidades, no sometidos a los vaivenes de las casas políticas de turno. De no actuar en ese campo, las reformas que se planteen y las políticas bienpensadas no surtirán efecto en el mundo universitario, ya que los intereses particulares seguirán primando sobre las necesidades colectivas para lo cual tienen sentido lo público.

Por lo observado hasta ahora, no se encuentran indicios de intervención directa en estas reformas estructurales. Si el Ministerio de Educación empieza a congraciarse con los gamonales de las regiones y no hay una línea política clara que acelere las transformaciones, terminaremos matando la ilusión del cambio.

Las universidades requieren soportes financieros, pero necesita, a la par, repensar su razón de ser en el marco del proyecto de un nuevo país. La universidad actual es paquidérmica, anquilosada en viejas estructuras burocráticas en donde los pactos silenciosos dan cabida a la petrificación de las acciones que le competen. La universidad tiene como obligación pensarse a sí misma y ayudar a pensar el país, poner a la disposición de la sociedad el gran cúmulo de saberes y conocimientos que ostente, para ello debe abandonar su carácter prepotente y volcarse a la realidad, de lo contrario seguiremos asistiendo a su lenta desaparición.

No todo es tarea del ministro y el ministerio, pero las acciones y los ejemplos que desde allí se articulen podrán marcar el derrotero, y aunque el balance discursivo de estos seis meses es positivo, serán las acciones concretas las que allanen el camino que debemos recorrer.