TRANSCURRIR UT (FEBRERO 7)

Por: Carlos Arturo Gamboa B.

1.

Ante la toma de decisiones inconsultas por parte de algunos decanos, en especial en estos días se comentan las supuestas arbitrariedades del decano de la Facultad de Educación quien desconoce la voluntad y sentir de la colectividad de docentes y asume posiciones antidemocráticas propias del régimen politiquero que agobia la región, cabe volver a formular la pregunta: ¿quién regula las actuaciones de los decanos? No puede ser el Consejo Académico, que está compuesto en gran parte por ellos mismos; debería ser la Comunidad Académica en su conjunto, pero la mayoría se encuentra sumida en las cotidianidades a-críticas, otros dependen de la buena voluntad o amaño de los decanos y una minoría lucha contra las lógicas institucionales que, con su silencio, «parecen» favorecer las actuaciones anti-éticas, desconociendo el “ser universitario” como una categoría que debe guiar al sujeto que vive y actúa en la Universidad del Tolima. Ojalá los decanos no olviden que fueron elegidos por una comunidad, (bajo un sistema poco participativo, con los vicios de nuestra seudo-democracia), pero que al fin y al cabo, se deben a la Academia, no a sus votantes, voluntades o caprichos; y quizás la comunidad, cuando se hastié de sus actuaciones, pueda echar mano de los mecanismos de revocatoria. Sería bueno sentar precedentes para recordarles la axiología que debe guiar lo público.

2.

La democracia sigue en estado de coma. Los discursos enarbolan la palabra, pero hacen omisión en la práctica. La verdadera democracia no es un concepto abstracto, debe ser el sentir cotidiano de los sujetos, por eso no se puede creer que la democracia se construye invitando a participar, pero no invitando a tomar decisiones en conjunto. Cuando los sujetos que encarnan el poder olvidan su razón de ser, empiezan a crear escenarios totalizantes y no sólo los dictadores son anti-democráticos. Por eso en la Universidad del Tolima no avanzan los procesos participativos, porque existe una desconfianza histórica en los actores que siempre elaboran discursos pero no incorporan transformaciones. Se habla de democracia y se ejerce el poder sin reparos. Esperamos que las construcciones del Plan de Desarrollo, los lineamientos curriculares, el PEI y demás bitácoras institucionales, no re-caigan en esa lógica de: “tú participas, él participa, nosotros participamos, yo decido”, aunque por lo observado hasta ahora, ese será el camino. Por el bien de un proyecto sólido que saque a flote el Alma Mater, espero equivocarme.

3.

“Los Provisionales II” parece ser la serie de moda del 2013 en la Universidad del Tolima. La reforma laboral del año 2012, que más que reforma fue, como se denunció por parte de ASPU en su momento, una reacomodación de las estructuras burocráticas y un crecimiento desaforado de “puestos politiqueros”, sigue el rumbo que se le trazó desde sus inicios: la ambigüedad laboral. En aras de ser ecuánimes, la reforma hizo justicia con muchos que llevaban años trabajando en silencio por la Universidad, pero les abrió las puertas a otros que como caídos en paracaídas se entronizaron en la nómina, la verdad sea dicha, sin merecimiento. Ahora puede crearse un panorama de “ilegalidad” que terminará por afectar a los más vulnerables, porque la burocracia saber aferrarse como rémoras al poder de turno, o a la politiquería regional, para garantizar sus plazas. ¿Qué pasará cuando se realicen las convocatorias nacionales abiertas para todos estos cargos? ¿Habrá garantías y transparencia? Me temo que estamos poniendo en riesgo la estabilidad de los más débiles, todo por los caprichos de una reforma que no fue concertada, ni evaluada en sus impactos, y cuyos responsables deben dar la cara. Más aún cabe preguntar: ¿Cuántos de los “beneficiados” por dicha reforma ya fueron despedidos? ¿Cuántos nuevos funcionarios han sido nombrados sin que medie ninguna norma de meritocracia? Esto demuestra que no sé realizó una reforma adecuada a un proyecto de universidad, porque ni están todos los que son, ni son todos los que están.

4.

Contraloría y Autonomía son palabras que riman, pero que se diferencian. Se supone que los entes externos de control de lo público se deben asumir como apoyo institucional para blindar lo público y lo común. Ustedes juzgarán si lo hacen, pero el concepto de Autonomía Universitaria no puede ser soslayado, porque el concepto es sí mismo contiene las posibilidades de autogobernarse y autorregularse. Que hagan un mapa de riesgos tomando como insumos los “hallazgos” es muy válido y sirve como referente para que la comunidad active los mecanismos de veedurías frente a los mismos. Hasta ahí su función. Lo que no se puede permitir es que legislen sobre aspectos netamente académicos como la libertad de cátedra y la producción académica, aspectos fundantes de la Autonomía Universitaria; o que trasladen jurisprudencias a “rajatabla” sin una interpretación del contexto real universitario agobiado por las políticas nacionales, en donde muchas disposiciones del orden nacional generan o profundizan la crisis universitaria. Si se trata de regulación tenemos a disposición los mecanismos, otra cosa es que no los cumplamos, en ese caso ni Contraloría ni Autonomía podrán dotar a la comunidad de la ética que le debe ser inherente.