A diferencia de quienes simulan una paz nacional, un nuevo estilo y un nuevo ambiente por parte del gobierno del presidente Santos, hoy el país no parece recuperarse de la horrible noche a la que ha sido sometida por la violencia y la corrupción. Más allá de la maquinación santista, el desangre entre los colombianos continúa; la filtración y el control de las mafias, de la parapolítica y de los carteles de la corrupción convierten a Colombia en un estado canalla que ha socavado profundamente el ya precario Estado social de derecho, y sigue postergando la posibilidad del bienestar y la prosperidad, el respeto de los derechos fundamentales y la dignidad de los colombianos. Al Estado colombiano no le fueron suficientes sus victorias militares; sino que ahora se empeña en completar su estrategia eliminando derechos, conquistas sociales, territorios ancestrales, privatizando el agua, los recursos naturales, la educación pública; acompañada de una nueva ola de violencia contra comunidades, líderes sociales, jueces, periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas de los crímenes de estado. Este ambiente santista no deja de sorprender al mundo democrático, pese a la “santurronería angelical” de querer pasar gato por liebre con la simulación de la conciliación y el consenso nacional. Este mes que acaba de terminar ha sido particularmente tenebroso. El asesinato de la jueza en Saravena, Gloria Gaona, es un crimen que avergüenza a Colombia ante el mundo; el asesinato y la violación de niñas y niños; la desaparición de varios líderes sociales, la eliminación física de dirigentes de las Comunidades de Paz, la muerte de campesinos que reclamaban la devolución de sus tierras, el ataque sistemático al movimiento de las víctimas de los crímenes de Estado, son manifestaciones reales y concretas del estado de excepción permanente en el cual vive Colombia. El país sigue ocupando el nada honroso primer lugar del mundo por el desplazamiento forzado, que supera la cifra de 5.000.000; el asesinato, las amenazas y el destierro de sindicalistas alcanza también la cima del ranking mundial. El informe de la Fiscalía General de la Nación reporta que en los últimos lustros se registraron unos173.000 asesinatos por parte de fuerzas (para)militares. La ONU acaba de señalar el incremento de las masacres cometidas por grupos criminales, comprobándose la participación de miembros de las fuerzas armadas del Estado que pasaron de 27 en 2009 a 38 en 2010. En las dos décadas de la Constitución de 1991, la cifra de desaparecidos sobrepasa los 250.000. A la fecha se han encontrado unas 300 fosas con restos de personas asesinadas por paramilitares y fuerzas armadas; la situación de violación de los derechos humanos y la cantidad de presos políticos en Colombia que alcanzan los 7.500, evidencian el carácter demofascista de la democracia colombiana.
El Estado canalla cuenta además con una cualidad particular: la corrupción. Solo en el gobierno de Uribe, la corrupción alcanzó topes inimaginables en instituciones como Agro Ingreso Seguro, las empresas prestadoras de salud, el Banco Agrario, la DIAN, el Incoder, el departamento de estupefacientes, la Superintendencia de Notariado y Registro. Son solo algunas manifestaciones del gran carrusel de la corrupción, el robo de los dineros públicos, sin contar el crimen de cuello blanco en los gobiernos regionales, el reparto de las regalías, el abuso y robo en varias universidades e institutos gubernamentales. Según la encuesta de Gallup, 63 de cada 100 colombianos piensan que en materia de corrupción el país va muy mal. De acuerdo con The Economist, Colombia quedó como el segundo, de un total de ocho países, en materia de fraude; e indicó que el 88 por ciento de los ejecutivos encuestados manifiestan que sus empresas están expuestas al incremento del fraude. Colombia que pretende celebrar los 20 años de la Constitución, dista mucho para merecer el calificativo de democracia viable y respetable. Se mantiene en pie en virtud del apoyo financiero y militar del Imperio, de las jugosas ganancias de las empresas transnacionales y del poder plutocrático que juegan con el destino de un pueblo que se resiste ante el oprobio y la indignidad, que lucha por la vida y sus derechos, defiende la vida y el patrimonio público de la nación, de la salud, de las empresas estatales fundamentales para el bienestar de los colombianos, los territorios, la educación y la universidad pública.
Es un balance nada alentador pero previsible. Aparte de la corrupción que, entre otras, no había visto un gobierno tan corrupto como el de Álvaro Uribe Vélez, ese asunto de la ley 30 y la privatización de la educación es también, por supuesto gravísimo.
ResponderBorrarUn abrazo apreciado Carlos!!
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